Bolivia califica de "guerra psicológica" unas declaraciones del presidente de Repsol

El Gobierno de Bolivia ha calificado de "guerra psicológica" la declaración de la semana pasada del presidente de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, Antonio Brufau, de que no le preocuparía demasiado abandonar el país andino. "Es parte de las negociaciones, las presiones, la guerra psicológica", ha afirmado el ministro boliviano de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, al ser consultado en una reunión con corresponsales sobre las declaraciones que hizo Brufau en Madrid el pasado viernes.

En una conferencia de prensa previa a la junta de accionistas de Repsol YPF, Brufau dijo que desea llegar a un acuerdo con las autoridades de Bolivia, pero reiteró que, en caso contrario, defenderá los intereses de la petrolera ante las instancias pertinentes. "Nos gustaría llegar a un acuerdo; pero, si no llegamos, no pasa nada. No vamos a estar en un sitio donde no se nos quiere", agregó el ejecutivo español. Villegas explicó ayer que "las negociaciones tienen todo un escenario, mecanismos e instrumentos" y aclaró que los bolivianos quieren "ser extremadamente cautos" ante las opiniones de las partes afectadas por la nacionalización dictada el 1 de mayo pasado por el presidente Evo Morales.

Villegas ha recordado que Brufau le expresó personalmente, en una visita que hizo a La Paz en marzo pasado, que "para Repsol, Bolivia es importante". El ministro ha anunciado, por otra parte, que el próximo viernes dos directores y un síndico nombrados por el Gobierno intervendrán por primera vez en una reunión del directorio de Andina, subsidiaria boliviana de la petrolera hispano-argentina. Andina es una de las cinco empresas nacionalizadas por Morales en el sector petrolero.

Esos nombramientos forman parte del plan gubernamental de hacerse con la control absoluto de las empresas nacionalizadas, en un proceso que incluye la transferencia de las acciones necesarias para que la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se quede con el 50% más uno de las acciones de esta compañía. El Estado tiene ya el 48%, tras obligar a dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —subsidiarias del grupo bancario español BBVA y el grupo asegurador suizo Zúrich— a transferirle las acciones de un fondo colectivo que, en teoría, era propiedad de los ciudadanos bolivianos. Aún le resta obtener un 3% de los socios extranjeros, principalmente Repsol YPF y la brasileña Petrobras, a los que —según el Gobierno— se compensará con un pago en especie todavía por definir.