El infierno de las prisiones guatemaltecas

"Se siente la presencia del diablo". Arturo, nombre ficticio del protagonista de un accidente de tráfico, describe con horror su llegada a una cárcel guatemalteca. Nada más traspasar la "puerta maldita", dos miembros del comité de orden —integrado por reos, normalmente los más crueles y con largas condenas por su récord criminal— le condujeron hasta el pabellón donde quedaría recluido. En el transcurso de la caminata, de apenas 300 metros, le quitaron el reloj y los zapatos, ante la indiferencia del guardia que les acompañaba. Fue sólo la primera de una serie de vejaciones. Una vez en el pabellón, el jefe del sector le obligó a desnudarse. Mientras otros registraban su ropa en busca de objetos de valor, quien estaba al mando le sometió a un aberrante registro físico para ver si llevaba dinero o drogas ocultos en el cuerpo. Como éste fue negativo, sufrió una primera paliza y se le dio a conocer un listado de obligaciones: tenía que levantarse temprano para hacer la talacha (limpieza de sanitarios y celdas, en la jerga carcelaria); si quería un colchón y mantas, tendría que pagar por ello, y su acceso al rancho estaría condicionado a pagos a esa mafia de reos que impone su ley a los compañeros de infortunio.

Quienes se comprometen a pagar la extorsión están libres de esas tareas y, de acuerdo a sus posibilidades económicas, consiguen no sólo comodidades, sino acceso a licores, drogas y hasta prostitutas. Su seguridad física y el respeto a objetos como radios, televisores o teléfonos móviles, están garantizados por guardaespaldas que, es preciso decirlo, observan un celo y una fidelidad absolutas hacia su protegido.

La ferocidad de los internos y las redes del crimen organizado han provocado que Guatemala sea uno de los países donde se han registrado los más espeluznantes motines de la historia carcelaria de Centroamérica. El más reciente ocurrió el pasado viernes y dejó un saldo de seis muertos y 23 heridos. Y muchos han estado protagonizados por la rivalidad entre las pandillas juveniles llamadas maras (término que proviene de marabunta, compuesta por hormigas del Amazonas que atacan en enjambre, como las abejas asesinas): en agosto de 2005, un enfrentamiento entre las maras Salvatrucha y 18 causó 36 muertos y 60 heridos.

El hecho de que las autoridades hayan cedido el control interno a los prisioneros se traduce en que las 571 cárceles guatemaltecas, que albergan a 6.950 reos, lejos de cumplir con su misión de educar a los presos para devolverlos como ciudadanos productivos a la sociedad, son auténticas universidades del crimen. Raterillos de poca monta se han convertido en asesinos consumados tras su paso por las penitenciarías, donde sobrevivir bajo la ley de la selva es el primer gran reto para los detenidos, en un ambiente donde los derechos más elementales de las personas son conculcados con total impunidad.

Esta situación, en palabras del director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Alejandro Giammattei, es consecuencia del abandono de la red carcelaria por parte del Estado, especialmente a partir de 1990. Esto, afirma en entrevista telefónica con EL PAÍS, ha generado un vacío de poder que se ha traducido en el imperio de las mafias en el interior de las cárceles. Estas bandas han pasado de explotar a los reos más débiles a formar redes de tráfico de alcohol, drogas, prostitutas e incluso armas en el seno de los presidios. El crimen organizado adquiere auge porque sus jefes pueden ordenar acciones desde el mismo interior de las celdas.

"Se calcula que alrededor del 50% de los hechos ilícitos cometidos en las calles son orquestados desde las prisiones. Si a esto añadimos que [el departamento de] Presidios es el patito feo, con guardias que ganan 1.200 quetzales [unos 120 euros] al mes, se explica lo permeables que son los guardias ante el soborno", comenta Giammattei para explicar que las cárceles son un inmenso mercado del tráfico de influencias, con tarifas establecidas: "Entrar un móvil cuesta 500 quetzales [50 euros]; quitar la foto de una ficha criminal, 400... Todo tiene precio".

Para revertir ese estado de cosas, el actual director del Sistema Penitenciario cuenta con uno de los presupuestos más pequeños del Estado: unos 15 millones de euros, de los cuales sólo unos 200.000 pueden ser destinados al capítulo de las rehabilitaciones de presos.

Con todo, Giammattei, un médico parapléjico que ya sufrió un atentado por sus esfuerzos para revertir el actual estado de cosas, se muestra optimista de cara al futuro. De acuerdo con los estudios realizados, entre el 60% y el 80% de los reos son rehabilitables, pero, para conseguirlo, se necesitan planes de trabajo y educación, ambos con carácter obligatorio para la totalidad de los reclusos. Además, se hace imprescindible potenciar la carrera penitenciaria con la profesionalización de los guardias y la necesaria dignificación de sus salarios.