Suspendido por presunta corrupción un juez del Supremo de Venezuela

Un miembro del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el magistrado Luis Velásquez Alvaray, ha sido suspendido en sus funciones por haber incurrido en una falta grave al autorizar una negociación presuntamente irregular para la adquisición de un edificio en Caracas. La decisión fue tomada por el Consejo Moral Republicano, organismo que tiene entre sus funciones la supervisión del más alto tribunal venezolano y está integrado por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián; el fiscal general, Isaías Rodríguez, y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín.

La denuncia contra el magistrado Velásquez Alvaray fue presentada por el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, después de que las investigaciones realizadas por su departamento establecieran que el juez, en su condición de presidente del Consejo de la Magistratura, había comprado una sede para un conjunto de tribunales sin cumplir los requisitos establecidos en la ley.

Velásquez Alvaray, de 51 años de edad, es magistrado del Tribunal Supremo desde enero de 2005, cuando renunció a su cargo de diputado a la Asamblea Nacional por su natal Estado de Mérida. Abogado, sociólogo y periodista, llegó al Parlamento como dirigente del partido oficial, Movimiento Quinta República (MVR). Paradójicamente, la ley que ha servido de base al Consejo Moral Republicano para suspenderlo se debe prácticamente al mismo Velásquez Alvaray en los tiempos en que presidió la comisión que estudió una reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia.

Sectores opositores criticaron en su momento esta reforma jurídica por considerar que establecía formas de control político sobre el poder judicial.

Según el procedimiento previsto, ahora corresponderá a la misma Asamblea Nacional estudiar el expediente elaborado por el Consejo Moral Republicano y decidir si destituye definitivamente al magistrado. Igualmente, la contraloría y la fiscalía continuarán la investigación para determinar si el magistrado y otros funcionarios deben ser sancionados administrativamente o acusados ante los tribunales penales por delitos de corrupción.

Mafias judiciales

Velásquez Alvaray se ha defendido alegando que realizó la compra con el propósito de dotar a Caracas de un moderno recinto para los tribunales y asegurando que las denuncias en su contra han sido montadas por mafias de jueces y fiscales corruptos que se habían visto afectados por sus decisiones.

Como presidente del Consejo de la Magistratura, a Velásquez Alvaray le correspondía llevar a cabo procesos disciplinarios contra jueces de primera y segunda instancia. Según el magistrado ahora suspendido, algunos de estos jueces y fiscales están vinculados a las bandas organizadas del narcotráfico, para cuyos intereses él suponía un obstáculo.