Sarkozy pide la expulsión inmediata de los extranjeros condenados por los disturbios

El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, ha pedido a los prefectos, cargo equivalente a los subdelegados del Gobierno, que expulsen de forma inmediata a todos los extranjeros que hayan sido condenados por la ola de disturbios. Así lo ha revelado durante su comparecencia de esta tarde en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Sarkozy ha precisado que la medida afectaría a "unos 120 extranjeros, no todos en situación irregular", que ya han sido juzgados y condenados. Según Interior, los actos vandálicos descendieron anoche tras la entrada en vigor del estado de emergencia. Para hoy se ha decretado el toque de queda en Niza y otras 20 ciudades de la Costa Azul, que se suman a las más de 30 que tomaron ayer la misma decisión.

Sobre los extranjeros implicados en los actos vandálicos, el ministro ha precisado que ha solicitado que todos ellos "sean expulsados inmediatamente", "incluidos los que tienen permiso de residencia". Según un recuento comunicado a mediodía por el Ministerio de Justicia, 130 mayores de edad han sido condenados a penas de cárcel firme por los disturbios. El director de gabinete de Sarkozy, Claude Guéant, ha añadido que han sido detenidas "alrededor de 1.800 personas". Según Sarkozy, anoche se registró un "descenso bastante sensible" de la violencia. A pesar de todo, 617 vehículos fueron incendiados, frente a los 1.173 de la madrugada anterior, mientras que el número de detenidos fue de 204 (330 el día anterior).

Entre los arrestados hoy figuran seis sospechosos de haber disparado con escopetas de perdigones contra 30 policías el pasado domingo en la localidad de Grigny, al sur de París. Los 11.500 agentes de Policía desplegados en todo el país tuvieron que intervenir para atenuar las acciones violentas de bandas de jóvenes por ejemplo en Marsella, donde 50 jóvenes intentaron el saqueo de un hipermercado, con rotura de cristales y quema de contenedores, en Toulouse, en el donde decenas de jóvenes quemaron vehículos y atacaron a agentes antidisturbios con piedras y objetos incendiarios, y en Lyon, donde hubo que interrumpir el servicio de transporte urbano después del lanzamiento de cócteles mólotov contra una estación de metro.

Restablecer el orden

La pasada medianoche entró en vigor el estado de emergencia decretado por el Gobierno, lo que permite aplicar medidas extraordinarias para garantizar el orden público, alterado en 300 localidades desde que empezaran los incidentes en Clichy-sous-Bois tras la muerte de dos adolescentes. Entre estas medidas, que deben decidir los prefectos, figuran el toque de queda o el cierre de puntos de encuentro de bandas, como los bares. Los prefectos podrán asimismo ordenar el registro de día o noche de los domicilios de personas que hayan agredido a las fuerzas del orden, sin necesidad de mandato judicial, o la anulación de espectáculos. La primera ciudad en imponer el toque de queda, anoche mismo, fue Amiens, capital del departamento de la Somme, al norte de Francia, y de 135.000 habitantes.

Desde la medianoche y hasta las 6.00 horas, en Amiens ningún menor de 16 años puede salir a la calle sin la compañía de un adulto y queda prohibida la venta de cualquier tipo de carburante a los adolescentes. El toque de queda también se hizo efectivo en una treintena de localidades colindantes con Amiens, así como en Orleans y en numerosos puntos de la periferia de París. Hoy, ha tomado esta medida la Prefectura del departamento (provincia) de los Alpes Marítimos para los menores no acompañados "por un adulto que tenga autoridad legal sobre ellos" en Niza y en otras 20 localidades de esta zona de la Costa Azul francesa, entre ellas Cannes, Grasse, Antibes y Villefranche-sur-Mer.

Niza y Saint-laurent-du-Var son objeto de medidas complementarias, como el cierre obligatorio de 15 locales de venta de bebidas alcohólicas durante las horas en que está en vigor el toque de queda (de 22.00 hasta 5.00). En esas dos ciudades se da luz verde además a los registros domiciliarios sin orden judicial. Aunque el decreto fue aprobado ayer, había que esperar a que fuera publicado en el Journal oficial (BOE francés) a medianoche, para que pudiera entrar en vigor. La negativa a someterse al estado de excepcción, adoptado con "firmeza, sangre fría y mesura" según el Gobierno, supone sanciones penales que, según la ley de 1955, pueden llegar a dos meses de prisión y/o una multa de hasta 3.750 euros (la mitad para los menores de edad).