Un juez chileno deniega la libertad provisional al ex presidente peruano Alberto Fujimori

El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido el lunes en Chile horas después de su regreso de Japón, sufrió ayer una nueva derrota judicial. El juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, encargado de dirigir el proceso de extradición, se negó a concederle la libertad provisional que éste había solicitado. Al mismo tiempo, un tercer actor se ha incorporado al caso Fujimori: el embajador de Japón en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer que se respeten los derechos del ex gobernante peruano, cuya extradición solicita el Gobierno de su país, presidido por Alejandro Toledo.

En una escueta resolución de diez líneas, el juez Álvarez sostuvo que se "rechaza de plano la solicitud" de libertad provisional de Fujimori, tomando en cuenta que el tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, permite prolongar la detención preventiva con el fin de que el país solicitante presente la petición de extradición. También se negó a cambiar la detención por una caución o una orden de arraigo. Álvarez afirmó que su decisión no es apelable por la defensa del ex gobernante, porque no ha sido dictada en una audiencia.

Fujimori, de 67 años, prófugo con orden de captura internacional y acusado en 22 causas por delitos de violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su Gobierno, permanece recluido en la Escuela de Gendarmería en Santiago. Lo custodian dos gendarmes en una habitación de 7,5 metros cuadrados, donde dispone de baño privado, radio, televisión, cama y armario.

Fujimori ha creado un auténtico revuelo político al volver de su autoexilio en Japón para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales peruanas del próximo abril, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país. El ex gobernante residió cinco años en Japón desde que renunció a la presidencia y, en su calidad de hijo de inmigrantes japoneses, tiene también esa nacionalidad.

El embajador japonés en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer al canciller chileno, Ignacio Walker, que el ex gobernante reciba un trato justo y sin discriminación, que como ciudadano japonés "sea juzgado de manera correcta" y que su país siga siendo informado sobre el caso. Citando a una portavoz de Exteriores que no identificó, el diario japonés Yomiuri sostuvo que Tokio pedirá tener acceso a Fujimori para reunirse con él y que esperan un informe de las autoridades chilenas.

Entretanto, el ministro Walker comunicó a Ogawa la cancelación de un viaje suyo a Tokio, previsto para esta semana, y previo a la reunión que sostendrán la próxima semana el presidente chileno, Ricardo Lagos, y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en el curso de una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Aunque esta reunión se mantiene, en Santiago existe malestar por no haber sido informados del viaje de Fujimori por las autoridades de Japón.

Tampoco México informó a Chile de la escala de 45 minutos que hizo en Tijuana el avión en que viajaba Fujimori para repostar combustible. El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, afirmó que, al igual que ocurrió en Chile, no pudieron detenerlo porque no había orden judicial.

Entretanto, el embajador de Estados Unidos en Perú, James Curtis, dijo que su Gobierno investiga si Fujimori entró en ese país, en una escala del avión en Atlanta (Georgia). "Tengo que asumir que pasó con otro nombre", sostuvo en declaraciones publicadas por la prensa limeña.

El procurador anticorrupción de Perú, Antonio Maldonado, explicó en Santiago que pidieron la detención preventiva de Fujimori por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el grupo Colina, el escuadrón de la muerte de su ex asesor Vladimiro Montesinos, hoy en prisión. El Gobierno peruano está eligiendo el estudio jurídico que lo representará en el proceso de extradición, mientras ayer arribó a Santiago el abogado que encabezará la defensa de Fujimori, César Nakasaki, quien afirmó confiar en la imparcialidad de la justicia chilena.

Uno de los factores que llevaron a Fujimori a elegir Chile para el regreso es que jueces de la Corte Suprema han rechazado en dos ocasiones anteriores extraditar a Lima a personas cercanas de Fujimori, porque las pruebas aportadas por el Estado de Perú fueron consideras insuficientes. Uno es el caso del publicista argentino Edgardo Borobio, relacionado con Montesinos, aunque Lima ha insistido en su petición por nuevos delitos, y otro es el ex director del diario peruano Expreso Eduardo Calmell.

Los Gobiernos de Chile y Perú coinciden en su interés de que Fujimori sea extraditado con rapidez a Lima, pero las razones son distintas, según los analistas. En el primer caso, para desembarazarse del indeseado visitante, cuya entrada en el país desató las críticas del Partido Socialista porque el Gobierno no lo expulsó. En el segundo, el proceso al ex gobernante en Lima sería una inyección de popularidad para Toledo, a cuatro meses de las elecciones.