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Reportaje:

El río de los conflictos va a La Haya

Costa Rica demanda a Nicaragua ante la CIJ por los derechos sobre un cauce que divide a ambos países más alla de los mapas

Con un costo de miles de dólares y algunos años de trabajo, Costa Rica y Nicaragua van a dirimir en las oficinas holandesas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una pugna que lleva siete años flotando sobre unos 100 kilómetros del río San Juan, limítrofe entre estos dos países del istmo centroamericano.

Costa Rica llevó esta semana a La Haya una reclamación contra su vecino del norte, por los derechos de navegación sobre el San Juan. Nicaragua respondió inmediatamente con el reforzamiento de la vigilancia militar en la frontera, la amenaza de imponer aranceles hasta de un 35% a los productos costarricenses y ayer con el retiro de su embajador en San José, Francisco Fiallos.

Tampoco han faltado los llamados populares "a la unidad nacional" del presidente costarricense, Abel Pacheco, de su homólogo y amigo nicaragüense, Enrique Bolaños, y del líder sandinista Daniel Ortega.

Con la pobreza y la crisis de gobierno que atraviesa el Ejecutivo de Bolaños, un proceso de integración centroamericana gastado y un Tratado de Libre Comercio (TLC) junto con Estados Unidas en vías de ratificación, ambos países agotaron sus cartuchos diplomáticos y apuestan ahora por un juicio internacional para resolver "la única fuente de discordia" entre ellos, como estimó Pacheco.

Costa Rica reconoce el río como propiedad nicaragüense, pero insiste en que el tratado fronterizo Cañas-Jerez (1858) le da el derecho de navegar el cauce con policías armados, lo cual prohibió en 1998 el Gobierno del entonces residente nicaragüense, Arnoldo Alemán.

Aunque la Cancillería costarricense se ha negado a dar cifras sobre el gasto que le supondrá el proceso, el anterior Gobierno lo había calculado en cerca de un millón de dólares. El actual embajador de La Haya, Édgar Ugalde, admitió que tales procesos requieren una inversión sorprendente si se compara con las necesidades sociales centroamericanas.

"Mi reacción fue de sorpresa cuando supe que Costa Rica necesitaba entre 3 y 5 millones de dólares en 1986", dijo Ugalde, como ejemplo del costo que en ese año significaba para Costa Rica enfrentar otra querella internacional presentada por Nicaragua, que la acusaba de ayudar a los contrarrevolucionarios durante la lucha armada de éstos y los sandinistas, en los años 80.

El embajador dijo que ahora, casi 20 años después, cada hora de trabajo de uno de los juristas externos puede costar hasta 600 dólares, multiplicables por la numerosa cantidad de contrataciones externas que requiere un proceso internacional durante un periodo de entre tres y cinco años.

La demanda se anunció dos días después de vencida una tregua de tres años, mientras se serenaban las aguas y las relaciones bilaterales se dedicaban a otros temas. Pero el miércoles, cuando Pacheco reveló el paso a seguir ante la CIJ, volvieron a arder las palabras entre los gobernantes. "El país no pide más ni menos derechos de los que los instrumentos jurídicos pertinentes les conceden", dijo el miércoles Pacheco.

Mientras, Bolaños dejó por un día la amistad personal y firmó un decreto en el que ordenó reforzar la vigilancia militar fronteriza e impedir a los policías costarricenses la "ilegal pretensión de realizar acciones de navegación armada en el río", incluyó Bolaños en un decreto firmado horas después del anuncio del miércoles.

La cercanía entre Nicaragua y Costa Rica es más que geográfica. Los costarricenses son los terceros socios comerciales en importancia y la casa de al menos 400.000 inmigrantes que soportan sectores vitales como la construcción y la agricultura.