La liberación del ex presidente Alemán agrava la crisis política de Nicaragua

La crisis política de Nicaragua se ha agudizado en las últimas horas debido a dos acontecimientos: por una parte, el anuncio de la liberación del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, en arresto domiciliario y condenado a 20 años de cárcel por corrupción, y, por otra, el inicio del proceso de desafuero de siete de los más altos funcionarios del Gobierno, entre los que se incluye el actual presidente, Enrique Bolaños, para que respondan ante la justicia por presuntos delitos electorales durante la campaña electoral de 2001. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha protestado por esta última iniciativa.

Alemán, que ejerció la presidencia entre 1996 y 2002, fue condenado hace dos años por graves actos de corrupción, entre robo y lavado de dinero del Estado, pero un fallo judicial ha dictaminado que abandone el arresto domiciliario y adopte por cárcel la provincia de Managua, por la cual se podrá desplazar y hasta realizar actividades políticas, tales como encabezar el principal partido opositor del país, el Liberal Constitucionalista (PLC).

Por otra parte, en la sesión plenaria del jueves, el Parlamento, dominado por la oposición a Bolaños, fueron desaforados dos altos funcionarios: Julio Vega, ministro de Gobernación, y Mario Salvo, viceministro de Agricultura. De acuerdo a los parlamentarios del PLC y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el desafuero "será necesario para que la inmunidad no se convierta en impunidad".

Al presidente nicaragüense y sus colaboradores se les acusa de ocultar cuentas bancarias y donaciones millonarias en la campaña electoral que condujo a Bolaños a la presidencia, en enero de 2002. Los defensores del presidente indican que "se trata de una venganza política" de Alemán y del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, quienes mantienen un estrecho pacto mediante el cual dominan los órganos legislativo, judicial y electoral e instituciones autónomas.

Desde Washington, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que las decisiones de desaforar a los funcionarios del Gobierno de Nicaragua "se producen en el momento en que nos encontrábamos explorando con el Gobierno, el FSLN y el PLC vías para concretar una negociación para superar la crisis institucional del país", que data de principios de año. Agregó que la acción "conspira" contra las posibilidades de solución, por lo que insta "a las partes a evitar este tipo de acciones y a dar señales claras de que su disposición a la negociación no sólo es una expresión de voluntad, demostrando a través de hechos concretos su interés por iniciar un diálogo amplio que permita alcanzar acuerdos que preserven la gobernabilidad".

La OEA mantiene en Nicaragua al ex canciller argentino Dante Caputo como comisionado de Insulza para que busque el diálogo en esta nación centroamericana, pero el resultado de sus gestiones ha sido nulo. Washington también ha fallado en sus intentos de consolidar en el poder a Bolaños, desactivar el pacto PLC-FSLN y de apartar a Alemán de la política.

Durante los tres primeros días de la presente semana Nicaragua vivió una violenta huelga de los transportistas públicos, que diariamente movilizaron a unas 800.000 personas. Las confrontaciones entre transportistas y policías provocaron más de 60 detenidos, ocho heridos graves y decenas de lesionados por pedradas y garrotazos.

La paz llegó tras un acuerdo político entre diputados de oposición y los transportistas, que exigían subsidios para la compra de combustibles. Daniel Ortega exigió a Bolaños sumarse al proceso de diálogo nacional para arreglar la crisis institucional, pero el Gobierno no ha respondido a la oferta.