AI denuncia malos tratos y torturas racistas en España tras el 11-M

Los atentados del 11-M, con 191 muertes, y las denuncias de torturas y malos tratos, de índole racista y a menores en "centros de detención", son los asuntos destacados en el capítulo dedicado a España por Amnistía Internacional (AI) en su informe de 2005 El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.

Sobre el 11-M, esta ONG de derechos humanos refiere que el Gobierno de centro derecha, entonces en el poder, culpó "inmediatamente y de un modo persistente" a ETA y que después de esta matanza, atribuida a Al Quaeda, se dio un incremento de los abusos y malos tratos de motivación racista. Así, el informe asegura que en algunos casos de malos tratos bajo custodia policial y en centros penitenciarios "se infligieron abusos a personas de religión musulmana por considerarlas terroristas". Sobre torturas, asegura que hubo "numerosas" denuncias, muchas de ellas de índole racista o relacionadas con la práctica de la detención y del régimen de incomunicación.

También recuerda que se constituyó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el 11-M y que en diciembre el juez que investigaba los atentados criticó la falta de ayuda coordinada para las víctimas. Sobre este asunto recuerda que el relator de la ONU señaló en un informe que la "consigna de silencio que rodea el tema y el rechazo por las autoridades de las torturas, sin investigarlas, ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y las garantías" y que, aunque no constituía una práctica regular, "la tortura era más que esporádica". Dedica también un apartado a la violencia contra las mujeres y considera que las más de 60 muertas en el 2004 y el incremento de denuncias en relación al 2003 han sido reflejo de la "falta de efectividad de las políticas públicas" para combatir esta lacra.

La ONG afirma que los derechos humanos en Europa y Asia Central han sido víctimas de la guerra contra el terrorismo, mientras que la discriminación, el racismo y la intolerancia quedaron al descubierto en ataques contra miembros de las comunidades judía y musulmana. La Unión Europea, ampliada a 25, mostró una falta de voluntad política para afrontar los casos de violaciones de los derechos fundamentales dentro de sus fronteras. En cuanto al terrorismo, grupos armados sembraron la muerte con ataques como el 11-M o la toma de rehenes en una escuela de Beslán (Rusia). Sobre la guerra contra el terrorismo el informe cita la decisión de la Cámara de los Lores (máxima instancia judicial británica) de considerar ilegal la detención indefinida sin cargos, pero recuerda que, pese a todo, 11 hombres permanecían arrestados a finales de 2004.

En general, AI denuncia la "nueva y peligrosa agenda" de los gobiernos en lo que respecta a los Derechos Humanos, que se manifiesta en el uso de "un lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo y seguridad". La ONG advierte del intento de los estados de "redefinir la tortura para hacerla admisible". Es el caso, según ha explicado el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, de los intentos del Gobierno de EE UU por "suavizar la prohibición absoluta de la tortura" mediante "un lenguaje casi administrativo", con expresiones para referirse a los malos tratos "como 'manipulación medioambiental', 'posturas estresantes' y 'manipulación sensorial'". Asimismo, critica la tendencia de ciertos gobiernos a trasladar secretamente a sus prisioneros a países en los que se les someten a malos tratos, una especie de "subcontratación de la tortura".

El informe advierte también del "grado inaudito de brutalidad" a que han llegado los grupos armados y terroristas en todo el mundo -el 11-M, las decapitaciones televisadas de cautivos en Irak o el secuestro de niños en una escuela de Beslán-. Al respecto, el informe constata que estas organizaciones armadas o terroristas han perpetrado ataques deliberados o indiscriminados contra civiles en 28 países, torturas y malos tratos en 11 y secuestros y tomas de rehenes en 15. En lo que respecta a los Gobiernos, el informe -que analiza la situación en 149 países- señala que en 42 se encarceló a personas sin cargos ni juicio, en 26 se ejecutó a condenados a muerte y en 59 había presos condenados a la pena capital. En 11 se registraron nuevos casos de desaparición (aparte de que "millares de personas" siguen desaparecidas en decenas de países del mundo), en 104 estados se informó de torturas y malos tratos perpetrados por las fuerzas de seguridad, en 35 países se detectó la reclusión de presos por motivos de conciencia y en 79 se constataron restricciones a la libertad de reunión, asociación, expresión o prensa.