Amnistía exige a España que reconozca que "hay torturas y maltrato" a los presos

Amnistía Internacional (AI) ha pedido a España que reconozca que hay torturas y malos tratos policiales a los detenidos en las cárceles del país como primer paso para resolver este abuso, sobre el que esta organización ha presentado hoy un informe en el que denuncia "la impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables". Según la ONG, las víctimas no reciben en la mayoría de los casos una reparación satisfactoria por el daño sufrido, mientras muchos agentes condenados por estos delitos quedan impunes.

Así lo ha afirmado hoy el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, al presentar a los medios el documento junto al presidente del Comité contra la tortura de Naciones Unidas, el español Fernando Mariño, y a Guillermo Pérez-Reyes, abogado de una inmigrante agredida sexualmente por un agente. En relación a los inmigrantes, Esteban Beltrán ha recordado que desde 1995 hasta el 2002, AI ha documentado 320 casos de malos tratos y detenciones ilegales a inmigrantes, que incluyen muertes bajo

custodia policial. Sin embargo, ha considerado que esta cifra "es sólo la punta iceberg".

El informe, titulado España, acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación, analiza 450 sentencias dictadas entre 1980 y el 2004 por tribunales españoles, y de éstas se han examinado más en profundidad 95 sentencias en las que "se ha probado la comisión de tortura o malos tratos". Según AI, son varios los factores que "obstaculizan" la reparación a las víctimas, entre ellas la negación de los sucesivos gobiernos de que existen casos de tortura, la duración de los procesos (algunos se alargan hasta 10 años); los indultos a los torturadores y el mantenimiento del régimen de la incomunicación.

AI da 23 recomendaciones

A esta lista, AI agrega la falta de criterios para valorar las indemnizaciones por delitos de torturas y malos tratos, la subestimación de los daños ocasionados y la falta absoluta de ayudas gubernamentales. Para erradicar estas prácticas en España, AI considera indispensable que exista voluntad política para prevenir que se cometa el delito, también para encausar a los presuntos responsables y para garantizar a las víctimas la reparación más completa posible. La organización ha incluido 23 recomendaciones dirigidas al parlamento, Gobierno, autoridades judiciales y Cuerpos y fuerzas del Estado.

Entre las recomendaciones figuran la adopción de medidas legislativas especificas para garantizar a las víctimas una reparación completa, la revisión de la concesión de indultos en relación a los condenados por torturas y malos tratos y la ratificación a la mayor brevedad posible del Protocolo Adicional de la Convención contra la Tortura. La ratificación de este protocolo, supondría que España acepte inspecciones en los lugares de detención sin previo aviso, ha señalado por su parte Fernando Mariño, quien ha admitido que es cierto que España se mueve en un "difícil equilibrio" por el problema del terrorismo, pero que no existe ninguna justificación a favor de la tortura.

A su juicio, el Estado español tiene en su mano reforzar la lucha contra la práctica de la tortura y esta cuestión debería ser de "alto valor político". Para AI, la definición que hace de la tortura la legislación española sigue siendo más restrictiva que la de la Convención contra la Tortura, porque no incluye la discriminación como motivo de tortura. Finalmente, la organización reconoce en su informe que muchas veces muchos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y en ocasiones demuestran gran valor y generosidad en el desempeño de sus tareas, y que las autoridades deben apoyarles al tiempo que deben transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos no serán tolerados.