El Parlamento italiano aprueba la mayor reforma constitucional desde 1948

La Cámara de Diputados italiana ha aprobado hoy en primera lectura una amplia reforma de la Constitución que supone un reforzamiento de la figura del primer ministro, resta competencias al presidente de la República e introduce el federalismo al conceder más competencias a las regiones. El decreto ley, aprobado por 295 votos a favor, 202 en contra y nueve abstenciones, ha sido impulsado por el partido separatista Liga Norte y ha recibido duras críticas por parte la oposición, que promete una dura batalla en las próximas tres lecturas.

La coalición de centro derecha se ha mostrado compacta y ha dado el visto bueno a este paquete de reformas que se convierten en la mayor revisión aplicada hasta ahora a la Constitución de 1948, ya que modifica 43 artículos. Se trata de la primera aprobación, ya que deberá ser ratificada por el Senado y luego pasar otra vez por las dos Cámaras parlamentarias, fórmula que pretende ser una garantía de lectura reposada, al tratarse de una reforma constitucional. Una de las novedades más importantes es que atribuye más competencias al primer ministro, que pasa a denominarse así en lugar de "presidente del Consejo", y tendrá el poder de disolver el Parlamento, que hasta ahora correspondía al presidente de la República.

Asimismo, nombrará a sus ministros -hasta ahora los propone al presidente, que es quien realmente los designa- y ve reforzada su posición con una norma que hace más difícil la caída del Gabinete mediante cambios de alianzas parlamentarias, una constante en la política italiana de la segunda mitad del siglo XX. El candidato a primer ministro figurará con esa identificación en las papeletas de voto en las elecciones, de manera que el jefe del Estado ya no podrá proponer a uno diverso, sino que tomará nota de quién es el aspirante de la lista más votada y lo respaldará. El paquete de reformas incluye una reducción de los diputados (de 630 a 518) y de los senadores (de 315 a 252), aunque no será efectiva al menos hasta dentro de dos legislaturas, lo que llevará a que no se aplique al menos hasta 2011.

La oposición habla de "página negra"

El presidente de la República será elegido no sólo por la Cámara y el Senado, sino por una asamblea conjunta en la que se agregarán presidentes de las regiones y de las provincias y se recortarán otras de sus prerrogativas, como la posibilidad de conceder indultos sin el refrendo del Gobierno. El jefe de Estado deberá ser mayor de 40 años (hasta ahora 50) según esta reforma que, en otras ámbitos, aprueba la concesión de un estatus especial a Roma como capital (cuyo contenido deberá ser fijado más adelante) y cambia el nombramiento de los 15 integrantes del Tribunal Constitucional y de otros órganos judiciales.

Las regiones asumen más poder, no sólo a la hora de gestionar las competencias en sanidad, educación y policía local, sino porque sus representantes intervendrán en la elección del presidente de la República y de los magistrados de altas instancias. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de vetar una ley aprobada por una región que pueda considerar atentatoria contra la unidad nacional y también mantiene todo el poder sobre los aspectos fiscales, las redes de transporte y el modelo energético. La aprobación de las reformas ha sido saludada desde los bancos del centro derecha con grandes aplausos, prueba del fuerte interés que la coalición tenía en sacar adelante el proyecto, que el primer ministro, Silvio Berlusconi, ha calificado de "paso adelante".

El texto es fruto de los compromisos entre los partidos que forman la coalición de Berlusconi. La Liga Norte, que había amenazado varias veces con romper la coalición si no se apoyaban las reformas, se ha declarado muy satisfecha: "Hoy es un día importante porque se acaba con 143 años de centralismo. Se rompen las cadenas en el norte, en el sur y en centro y se va hacia un Estado federal". Por contra, el que líder de coalición de centro izquierda El Olivo, Francesco Rutelli, ha señalado que es "una página negra" para el país, al tiempo que ha mostrado su confianza en que un referéndum pueda detener la reforma. Como la modificación constitucional no ha contado con la mayoría de los dos tercios del Parlamento, existe la posibilidad de convocar una consulta popular para rechazarla si cuenta con medio millón de firmas, que es el instrumento al que recurrirá la oposición lo que, en caso de salir, podría llevar a que algunos aspectos no se apliquen hasta 2016.