El Tribunal Constitucional italiano invalida la inmunidad judicial de Berlusconi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no podrá beneficiarse por el momento de la llamada ley Schifani, por la que el Parlamento le otorgó la inmunidad judicial para dejar en suspenso un juicio por corrupción. Hoy el Tribunal Constitucional italiano ha declarado ilegal la ley, por lo que el juicio a Berlusconi deberá comenzar desde el principio.

La decisión de los 15 miembros del Constitucional italiano llega tras los recursos presentados por los fiscales de Milán y el empresario Carlo de Benedetti, uno de los implicados en el llamado caso Sme. El Tribunal considera que la norma es ilegal porque "vulnera los artículos 3 (principio de igualdad) y 24 (derecho a la defensa) de la Constitución".

En 1987, el Gobierno italiano privatizó el holding alimentario Sme, y el grupo fue adjudicado al propio De Benedetti. Berlusconi, que entonces tan sólo era un importante empresario, consiguió invalidar la subasta pública, lo que le llevó ante los tribunales, ya que tanto el propio primer ministro como su abogado y diputado, Cesare Previti, fueron procesados por sobornar a varios jueces.

Cuando el juicio entraba ya en su fase final en un tribunal de Milán, Silvio Berlusconi pidió la inmunidad parlamentaria para evitar "persecuciones políticas". El Parlamento italiano aprobó la ley que otorgaba la inmunidad al primer ministro a mediados del pasado mes de junio gracias a los votos de la coalición gobernante. Casi todos los diputados de la oposición abandonaron la Cámara en el momento de la votación.

La ley evitó que Berlusconi fuera juzgado, pero su ex ministro de Defensa y abogado, Cesare Previti, fue condenado el pasado 22 de noviembre a cinco años de cárcel por los mismos cargos de corrupción de los que se acusaba al primer ministro. Un juez y un abogado imputados en el mismo caso también fueron condenados a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Durante el juicio se demostró que de una cuenta de Previti en Finninvest salió una cantidad de dinero que fue a parar a manos de un juez.

Las leyes de inmunidad parlamentaria habían sido revocadas en Italia en el año 1993, a raíz de los juicios de Manos Limpias. El texto ahora declarado inconstitucional otorgaba la inmunidad al primer ministro, al presidente de la República y a los presidentes del Parlamento, del Senado y del propio Tribunal Constitucional mientras ocupen el cargo.