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Bélgica limita su controvertida ley de justicia universal tras las amenazas de EE UU

Los tribunales belgas no serán competentes para juzgar casos de genocidio si afectan a responsables de países donde se pueda desarrollar un proceso justo

Los principales partidos políticos belgas han acordado hoy modificar la controvertida ley que otorga a sus tribunales competencia universal en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, tras las fuertes presiones de EE UU, que incluso amenazó con un traslado de la sede de la OTAN.

La ley de competencia universal, aprobada en 1993, la de mayor amplitud de todas las existentes en el mundo, otorga a los tribunales del país la competencia de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio que hayan sido cometidos en cualquier lugar del mundo.

Con ella han sido procesados y condenados un grupo de ruandeses, entre ellos varias monjas, y de ella pende también un contencioso contra el primer ministro israelí, Ariel Sharon, por las matanzas en los campos de refugiados palestinos en Líbano en 1982. Además, en los últimos meses ha vuelto a ser actualidad debido a que algunos denunciados han sido estadounidenses, desde el presidente George W. Bush, al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, pasando por la consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, o el secretario de Estado, Colin Powell.

Rumsfeld amenazó hace diez días con bloquear la aportación financiera estadounidense para la construcción de la nueva sede de la OTAN en Bruselas. Desde ese momento, el trabajo se intensificó entre los principales partidos políticos belgas -socialistas y liberales, tanto flamencos como francófonos- que están negociando la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 18 de mayo.

Competencia recortada

El acuerdo ha llegado hoy, aunque no por las presiones estadounidenses, según ha asegurado el primer ministro saliente, Guy Verhofstadt. "Queríamos encontrar una solución que nos permitiera mantener la ley", ha declarado. La controvertida ley será reformada para que no afecte a los responsables de países donde se pueda desarrollar un proceso justo y disponga de legislación que castigue los delitos en cuestión, según el acuerdo. Verhofstadt ha explicado que el proyecto se inspira en legislaciones ya existentes en otros países, como Francia, Reino Unido, Canadá y España, sobre leyes de "competencia universal limitada".

Entre las modificaciones acordadas destaca la integración en la ley de las reglas de inmunidad del derecho internacional y consuetudinario, con el objetivo de proteger a un cierto número de responsables encargados de negociar, en nombre de sus países, en diversas organizaciones internacionales con sede en Bélgica.

Esto responde a una de las quejas de Rumsfeld, que afirmó que "si los líderes civiles y militares no pueden venir a Bélgica sin sentirse acosados por los tribunales belgas, se pone en tela de juicio la actitud belga frente a sus responsabilidades como país de acogida para la OTAN y las fuerzas aliadas".

Otros cambios son el establecimiento de criterios de relación claros con Bélgica, de forma que la ley se aplique si el presunto autor de los delitos es belga o reside en el país, o si la víctima es de esta nacionalidad o vive en Bélgica desde hace al menos tres años.

Para poder continuar adelante con el proceso, habrá que verificar que el país implicado por los hechos no castigue en su legislación este tipo de delitos o no puede garantizar un juicio justo.