El presidente Toledo decreta el estado de emergencia en Perú por la ola de protestas sociales
La medida suspende por 30 días libertades individuales como el derecho a manifestarse
El presidente de Perú, Alejandro Toledo, ha decretado esta noche en una cadena nacional de radio y televisión el "estado de emergencia" en el país andino. La medida durará 30 días y se ha tomado como consecuencia de la ola de protestas que vienen protagonizando casi dos millones de trabajadores de distintos sectores.
La medida, contemplada en el artículo 137 de la Constitución Política, implica la suspensión de las libertades individuales como el libre tránsito y el derecho a manifestarse, por lo que los sindicatos que agrupan a los agricultores, maestros, los trabajadores judiciales y del sector de la salud se verán obligados a deponer sus concentraciones y el bloqueo de carreteras que están llevando a cabo desde hace días en el interior del país.
"Tenemos la responsabilidad de gobernar para 26 millones de peruanos, tenemos la responsabilidad de proteger la seguridad ciudadana y el orden público, de defender la democracia que tanto nos ha costado recuperar", se ha justificado el presidente.
Descontento en diferentes sectores
Alrededor de 1,8 millones de trabajadores (el 18% de la población económicamente activa de Perú), protagonizan desde hace varios días una ola de huelgas y protestas en todo país. Unos 37.000 trabajadores de Seguridad Social (Essalud) exigen al Gobierno de Toledo la nivelación de sus remuneraciones y la incorporación efectiva del personal contratado, entre otras demandas.
Mientras tanto, alrededor de 380.000 maestros aglutinados en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep), demandan un aumento de 210 soles (algo más de 60 euros) en sus salarios. El Ministerio de Educación ha manifestado su intención de aumentarles sólo 100 soles (unos 30 euros). Por su parte, otros 7.000 trabajadores del Poder Judicial están en huelga desde el pasado 20 de mayo. Solicitan que finalmente el Ejecutivo cancele una deuda a los trabajadores, cuyo pago ya había sido contemplado el año pasado en el presupuesto del Gobierno pero que hasta ahora no se les ha pagado.
También los agricultores están protagonizando protestas. Más de un millón y medio de agricultores, agrupados en la Junta Nacional de Usuarios de Riego, reclaman al Gobierno una nueva ley de aguas y que se disminuya el impuesto general a las ventas (IGV) a diversos productos agrarios.
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