Italia podrá expulsar a los inmigrantes que se queden sin trabajo

Tras Dinamarca, que la semana pasada aprobó una ley que endurece su política de asilo y restringe los derechos de los inmigrantes, hoy es el turno de Italia. La Cámara de Diputados ha aprobado una nueva y restrictiva ley de inmigración, conocida como Fini-Bossi, que endurece las medidas contra los extranjeros que entren en Italia de forma clandestina y que ha sido duramente contestada por la oposición de centroizquierda.

El texto ha contado con 279 votos a favor de la mayoría conservadora y 203 en contra de la formación opositora El Olivo y los comunistas. Entre las medidas que introduce, asocia la obtención del permiso de residencia a un contrato de trabajo, por dos años, tras lo cual si el inmigrante pierde su ocupación podrá ser expulsado, y autoriza el uso de naves de la Armada para afrontar el tráfico ilegal de inmigrantes y frenar los continuos desembarcos de clandestinos en las costas del sur del país.

También se obliga a la toma de huellas digitales a todos los extranjeros ajenos a la Unión Europea (UE) que pidan un permiso de estancia en el país, así como penas de cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente en el país, al crearse el delito específico de inmigración clandestina.

El debate parlamentario no ha estado exento de momentos de tensión durante las últimas semanas, incluso con un gran disenso en el interior de la mayoría y se ha llegado al intercambio de insultos entre los diputados de signo contrario.

"Inaceptable, contraproducente y racista"

Para el Ejecutivo conservador de Silvio Berlusconi se trata de una ley "rigurosa" y que da respuesta a problemas concretos, como la lucha contra la criminalidad, mientras que la oposición tacha la normativa de "inaceptable, contraproducente y racista".

La aprobación de la Ley es considerada un triunfo del ala más conservadora de la coalición que lidera Berlusconi, en especial para la posfascista Alianza Nacional y la ex secesionista Liga Norte, cuyos dos líderes, el vicepresidente Gianfranco Fini y el ministro para las Reformas, Umberto Bossi, dan nombre a la normativa. "Hemos conseguido salir de una situación estancada y peligrosa para el país en la que nos encontrábamos", asegura un exultante Bossi, para quien el Gobierno ha logrado una "victoria".

El texto, que ha sufrido diversas modificaciones respecto al que fue aprobado en una primera lectura en el Senado, deberá volver ahora a la Cámara alta para su aprobación definitiva, lo que gracias a la mayoría conservadora se espera se haga sin grandes cambios.