Tejas reanuda las ejecuciones en medio de un fuerte debate sobre la pena de muerte

Tejas, el Estado más inclemente en la aplicación de la pena de muerte, ha reanudado con fuerza las ejecuciones pese a las protestas contra la crueldad del castigo y las denuncias de errores en las condenas. En mayo está prevista la ejecución de ocho asesinos convictos, lo que confirma a este Estado como el que más veces ha puesto en práctica la máxima sentencia desde que el Tribunal Supremo de EE UU la restableció en 1976.

Desde entonces, de un total de casi 800 ejecuciones 265 se realizaron en Tejas, más de la mitad de ellos durante los cinco años en que el actual presidente de EE UU, George W. Bush, fue gobernador del Estado. Este año, de las 23 efectuadas, diez han sido en Tejas, según el Centro de Información sobre Ejecuciones.

Ayer, el hispano Rodolfo Hernández, de 51 años, fue ejecutado mediante una inyección letal por el asesinato de un inmigrante ilegal mexicano, Víctor Manuel Serrano Cerván, durante un asalto en la localidad tejana de New Braunfels, en 1985.

Para Hernández, a quien le fue amputada una pierna por diabetes, ha sido el segundo viaje al corredor de la muerte en la prisión estatal de Huntsville. En marzo, el gobernador Rick Perry aplazó la ejecución para permitir que Hernández proporcionara información a la policía sobre varios asesinatos no resueltos en el Estado.

Tres ejecuciones en menos de un mes

Fuentes de la policía de San Antonio, que habían pedido el aplazamiento al gobernador, dijeron que Hernández estaba vinculado con al menos tres asesinatos, aparte de por el que fue condenado. Le seguirá hoy Curtis Moore, declarado culpable de secuestrar y asesinar a tres personas en 1989. El otro hispano condenado a muerte en Tejas es el asesino convicto Johnny Martínez, quien será ejecutado el 22 de mayo.

La ejecución de Hernández se llevó a cabo 24 horas después de que las autoridades de Arizona absolvieran a un reo quien esperó diez años la ejecución hasta que pruebas de ADN revelaron que era inocente.

Los detractores de la pena de muerte, incluyendo Amnistía Internacional, recordaron que Ray Krone es el condenado a muerte número 100 exonerado del castigo desde que comenzaron a aplicarse las pruebas de ADN en 1973. Entre tanto, el Tribunal Supremo de EE UU continúa hoy el análisis de un caso que pude conducir a la anulación de alrededor de 800 condenas a muerte en nueve estados.

El caso de Timothy Stuart Ring, declarado culpable de asesinar a un hombre durante un asalto hace ocho años, tiene que ver con la forma en que se ordena la aplicación de la pena de muerte y el número de apelaciones a que puede recurrir el condenado.

Fuentes judiciales han señalado que se espera que a mediados de este año el Tribunal Supremo decida si el derecho constitucional de un acusado significa que sólo los integrantes del jurado en su juicio pueden tomar la decisión sobre la sentencia de muerte.

Actualmente en esos nueve estados son los jueces los que deciden el castigo capital, pese a que a los jurados corresponde la responsabilidad de decidir la culpabilidad o inocencia del acusado.

La controversia sobre la pena de muerte se recrudeció el año pasado tras denunciarse que se aplica en mayor proporción contra miembros de las minorías y que, con frecuencia, a muchos acusados les asignan abogados de oficio ineptos o negligentes.

En octubre del año pasado, la magistrada del Tribunal Supremo de EE UU Sandra Day O'Connor admitió que existen "cuestionamientos graves" respecto de la justicia con que se administra la pena de muerte. "Con más frecuencia de lo que quisiéramos, debemos reconocer que algunos inocentes han sido declarados culpables y condenados a muerte", dijo.

Más de 3.500 condenados a muerte esperan la ejecución en los corredores de la muerte de los 38 Estados donde se aplica la pena capital.