El Supremo venezolano deja en libertad a cuatro militares golpistas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha revocado la detención domiciliaria y ha otorgado la libertad condicional a cuatro altos oficiales acusados de participar en el golpe de estado del 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez. El empresario, Pedro Carmona, quien se proclamó presidente y ocupó el cargo dos días, permanecerá en cambio bajo arresto domiciliario. El presidente del tribunal, Iván Rincón, ha puntualizado que no hubo pronunciamiento en torno a él por tratarse de un civil.

Rincón ha añadido que los militares ahora en libertad no podrán salir del país ni ausentarse sin permiso del área metropolitana de Caracas, deberán presentarse una vez a la semana ante ese tribunal y no podrán participar en marchas o en otro tipo de actividades de carácter político.

La decisión del Supremo beneficia al ex comandante general del Ejército y general de división Efraín Vásquez, al vicealmirante Héctor Ramírez, al contraalmirante Daniel Comisso y al general de brigada de Aviación Pedro Pereira.

El TSJ ha excluído de la prerrogativa procesal al contraalmirante Carlos Molina Tamayo y al coronel Isidro Pérez por no figurar como miembros activos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en el momento del golpe.

Molina Tamayo fue dado de baja de la Armada después de que, en febrero, expresara públicamente su rechazo a la gestión de Chávez y planteara la necesidad de que dejase el poder.

Rincón ha señalado que la decisión del TSJ tiene una vigencia de 30 días y ha advertido de que el incumplimiento injustificado de las limitaciones fijadas a la libertad de los altos oficiales supondrá la aplicación de restricciones más severas.

La Comisión de la Verdad

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido hoy que sean nueve personas ajenas a la política quienes integren la llamada Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes ocurridos en torno al fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.

El diputado oficialista William Lara, en calidad de presidente de la Asamblea, ha explicado que seis de los miembros de la comisión serán miembros de ONGs venezolanas especializadas en la defensa de los derechos humanos.

El resto de la comisión estará formada por un miembro de la Cátedra de la Paz de la Universidad Central de Venezuela, otro del Centro para el estudio, la defensa y la promoción de los derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y un representante de los credos religiosos establecidos en el país.

Uno de los objetivos de la comisión será establecer la identidad de los autores intelectuales y materiales de la matanza registrada el 11 de abril cerca del palacio de gobierno, en el centro de Caracas, en la que murieron 17 personas.

Además, la Comisión de la Verdad deberá esclarecer las muertes de más de 30 personas en las escasas 48 horas que duró el gobierno provisional del empresario golpista Pedro Carmona y que fuentes oficiales imputan a "actos de venganza, en el marco de una represión que no conoció límites".

La labor de la comisión se verá completada por el trabajo de un grupo de 25 diputados que no estudiarán los atentados contra los derechos humanos, pero sí analizarán el resto de lo ocurrido en Venezuela entre el 11 y el 14 de abril.

De todos modos, y pese a tener como misión la investigación de los asesinatos cometidos antes y durante el fallido golpe contra Chávez, la Comisión de la Verdad no podrá acusar ni condenar a nadie, ya que no tiene competencia legal para hecerlo. Esa labor corresponde a la Fiscalía.