Los argentinos no podrán sacar su dinero de los bancos sin una sentencia firme

El Parlamento argentino ha aprobado el proyecto de ley para impedir que los ahorradores retiren los depósitos bancarios retenidos en el corralito financiero, a menos que cuenten con una sentencia judicial firme. La llamada ley tapón ha recibido el respaldo de los diputados después de que en las últimas horas de ayer obtuviera la aprobación del Senado. La nueva ley forma parte del nuevo plan económico del Gobierno de Eduardo Duhalde, que ayer recibió el apoyo de la plana mayor del justicialismo y de las provincias.

El proyecto fue elaborado por el Gobierno para permitir la reapertura de los bancos, cerrados desde el lunes, sin riesgo de que la sangría haga colapsar al sistema financiero. Así, está previsto que las entidades bancarias abran sus puertas mañana viernes, aunque limitando sus actividades a los depósitos y pagos, según ha informado el Banco Central.

La ley cuenta únicamente con el apoyo de los diputados del mayoritario Partido Justicialista, ya que los de la Unión Cívica Radical, la otra fuerza que sustenta políticamente al Gobierno, se han abstenido y los opositores la han rechazado. La nueva ley viene a sustituir a la iniciativa de cambiar los depósitos bancarios por bonos públicos, lo que equivalía igualmente a que los ahorradores no pudieran sacar su dinero de los bancos. Sin embargo, esta última iniciativa fue rechazada al negarse el senado a debatirla, negativa que provocó la dimisión del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. El Gobierno aún no ha encontrado un sustituto para Lenicov, que permanecerá interino hasta que se designe el relevo.

Nuevo plan de emergencia

Además de la ley tapón, el Gobierno de Duhalde ha consensuado con el apoyo de las provincias peronistas y radicales (Unión Cívica Radical) un plan económico de urgencia. En él se incluye la vuelta a un tipo de cambio fijo, aunque no ha señalado el valor que tendrá el dólar respecto al peso hasta que el lunes comience a trabajar el nuevo equipo económico.

Tras la crisis desatada con la dimisión de Lenicov, el hombre fuerte del Gobierno, Duhalde ha logrado el apoyo de las provincias para llevar a cabo una serie de reformas que buscan definir el marco para la recuperación económica del país. El acuerdo, de 14 puntos, se compromete a garantizar a los ahorradores, mediante instrumentos legislativos necesarios, "la previsibilidad necesaria para el destino de sus fondos, asegurando la liquidez". A esa medida, la salida paulatina del corralito, se unen otras como la reducción de los impuestos al consumo y el menor gasto público.

Con este plan, el Gobierno también se compromete a adoptar políticas fiscales y monetarias para evitar la inflación y la depreciación de la moneda local; derogar inmediatamente la vieja ley de subversión económica que propició demandas judiciales contra directivos bancarios; alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación o a la sustitución de productos importados y la creación de planes de empleo para personas desocupadas.

Cumplir con el FMI

Duhalde ha calificado este acuerdo como la única solución que tiene en estos momentos el país, y ha rechazado cualquier aplazamiento en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente ha sido firme al anunciar que Argentina cuplirá los compromisos internacionales.

Duhalde apunta la posibilidad de un tipo de cambio fijo, aunque no ha señalado el valor que tendrá el dólar respecto al peso hasta que el lunes comience a trabajar el nuevo equipo económico. En cuanto al corralito, el mandatario ha señalado que "en 30 días tenemos que resolver el tema".

En este sentido, las asociaciones bancarias argentinas han advertido sobre el riesgo de que "en un tiempo cercano" haya un colapso del sistema financiero con la quiebra "masiva" de entidades bancarias ya que éstas no pueden hacer frente a las retiradas de fondos atrapados en el corralito que permiten los fallos judiciales. En este sentido, destacaron que hay unas 200.000 demandas contra el corralito y si los jueces fallaran a favor de todas ellas habría que pagar 20.000 millones de pesos (6.349,2 millones de dólares), el doble del dinero en efectivo depositado en los bancos.