El Congreso argentino aprueba la apertura de juicio político a la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político del Congreso argentino ha votado por unanimidad la apertura del juicio político contra los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, que la semana pasada declaró inconstitucional el corralito financiero.

Dicha decisión ha encontrado una tenaz resistencia desde el Gobierno de Duhalde, que el lunes pasado paralizó todas las decisiones judiciales contra la congelación de los depósitos bancarios. La apertura de juicio político es la culminación de dicha resistencia.

El titular de la comisión, el peronista Jorge Acevedo, ha leído el informe que resuelve la "admisibilidad formal y la apertura de la investigación".

Hay unas 40 peticiones de juicio político contra los magistrados, la mitad de ellas de particulares, y los diputados deberán decidir cuáles deben ser investigadas y qué magistrados quedarán afectados.

El proceso de juicio político establece que la comisión de diputados actúa como fiscal y que después de una serie de acciones parlamentarias, la destitución de los magistrados debe ser aprobada en última instancia por el Senado, con dos tercios de los votos. Los jueces tienen además derecho a la defensa.

Las acusaciones contra los magistrados están relacionadas con el presunto mal desempeño de las funciones en distintas causas, la comisión de distintos delitos y la falta de independencia.

Los 31 legisladores que integran la comisión, que comenzaron a analizar los cargos la semana pasada, han acordado, por unanimidad, que se abrirá el proceso contra Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez, Gustavo López, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.

El presidente de la comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo, ya anunció ayer al término de una de las reuniones que "existe la voluntad" de destituir a la Corte Suprema "porque están dados los elementos para acusarlos por mal desempeño y delitos en la función pública".

La investigación, contaminada por factores políticos, estará centrada en la actuación de los jueces del máximo tribunal argentino en distintas causas, incluyendo las idas y venidas de la Corte frente a la congelación de los depósitos o corralito financiero dispuesto inicialmente por Fernando de la Rúa el pasado 3 de diciembre.

También figuran los expedientes relacionados con las ventas de armas al exterior, el atentado de 1992 contra la Embajada de Israel o una autorización para crear un nuevo esquema de tarifas del servicio telefónico.

"El jueves (por hoy) empezaremos el juicio político a todos los miembros de la Corte. Se enjuiciará a los nueve ministros. Todos los bloques estamos de acuerdo o, al menos, no se escucharon voces contrarias en las reuniones de hoy", ha agregado Acevedo.

Las sospechas sobre la Corte se han gestado hace varios años en la clase política y el público, pero el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), que se alternaron en el Gobierno y dominan el Parlamento desde hace 18 años, han evitado iniciar una investigación profunda hasta hoy.

La decisión de dar impulso a la pesquisa ha sido anunciada después de que la Corte Suprema declarara "inconstitucional" el corralito financiero en el que los bancos tienen encerrados los ahorros de millones de argentinos. Los jueces consideraron que esa medida gubernamental implica el aniquilamiento del derecho a la propiedad privada, en sintonía con las presentaciones en idéntico sentido efectuadas por decenas de abogados e, incluso, varios legisladores.

Presión popular

La decisión de los diputados, en momentos en que el Parlamento soporta una imagen de desprestigio frente a la sociedad, fue tomada bajo la influencia de la presión popular reflejada en múltiples cacerolazos de protesta organizados frente a los tribunales para exigir la renuncia de los jueces.

Antes de esas manifestaciones, que se repiten todos los jueves desde hace varias semanas, radicales y peronistas nunca se habían puesto de acuerdo para estudiar seriamente la instancia de juicio político que prevé la Constitución argentina como método para la destitución de los miembros de la Corte.

Mientras tanto, en Argentina los bancos continuarán cerrados hasta el lunes, aunque se entregarán salarios y pensiones y se podrán pagar impuestos y facturas. El Gobierno argentino presentó el martes en el Congreso el proyecto de Presupuestos para 2002, que prevé un déficit del 15 % y una caída de la economía del 5 %, cuya aprobación configura uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar auxilio financiero al país austral.