Duhalde y los gobernadores provinciales llegan a un acuerdo para reducir a la mitad el gasto político
El número de legisladores nacionales, provinciales y de concejales bajará un 25%, al tiempo que se eliminan los fondos reservados
El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, y 23 de los gobernadores provinciales del país han llegado a un acuerdo para reducir a la mitad el gasto político del Estado, según ha anunciado esta madrugada el ministro de Interior, Rodolfo Gabrielli. El pacto, que contempla la reducción en un 25% del número de legisladores nacionales, provinciales y de concejales municipales, supone un ahorro de 1.000 millones de pesos anuales (unos 575 millones de euros).
La reducción del gasto público que han acordado el Gobierno y las provincias es una exigencia tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la sociedad argentina, que desde el pasado mes de diciembre reclama gestos de la clase política a golpe de cacerolazo. En este caso, el guiño de los pesos pesados del poder político argentino ha ido más allá, puesto que a los fuertes recortes anunciados se completan con la eliminación de todos los gastos reservados, a excepción de los que se refieren a la seguridad y la defensa. Además, según anunció el ministro de Interior, los concejales de municipios con menos de 10.000 habitantes no podrán recibir ninguna retribución por su labor. Gabrielli adelantó que también se impulsará una reforma del sistema electoral con el que se establecerá un periodo máximo de 30 días para las campañas electorales.
Elecciones cada cuatro años
Durante el encuentro entre el presidente argentino y los mandatarios provinciales también se acordó que en el futuro las elecciones legislativas se realizarán cada cuatro años, y no cada dos como hasta ahora, aunque el ministro del Interior aclaró que, para poner en práctica esta medida, se necesita una reforma constitucional. De esa reforma de la Carta Magna dependerá también la concreción de la proyectada reducción del número de senadores nacionales que, a partir de la reforma de 1994 (que dejó la puerta abierta a la reelección del ex presidente Carlos Menem), se fijó en tres miembros por cada distrito. En una conferencia de prensa que brindó en la quinta de Olivos (situada a 20 kilómetros de la capital argentina), Gabrielli aseguró que aún no se ha fijado una fecha para la reforma constitucional, aunque estimó que debería concretarse antes del final de 2003, cuando acabará la presidencia de Duhalde.
Uno de los principales impulsores de la reforma política, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, precisó que la reforma pactada esta madrugada se concretará a través de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso para su aprobación. La única provincia que no rubricó el pacto para la reforma del sistema político argentino fue la de San Luis, cuya gobernadora, Alicia Lemme, no acudió al encuentro.
Tras la pista de los 23.000 millones fugados
Una comisión parlamentaria argentina inició ayer una investigación para determinar cómo el año pasado salieron del país unos 23.000 millones de euros durante el año pasado. La comisión, que estará presidida por el diputado Eduardo Di Cola, del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista), estudiará durante cuatro meses el marco legal que permitió la salida de capitales al exterior desde las cuentas de los bancos privados. Di Cola explicó que la comisión tratará de establecer si hubo responsabilidades políticas de los funcionarios públicos y si se cometieron delitos, más allá del régimen de libertad cambiaria y de giro de remesas al exterior existente en esos momentos. Se calcula que unos 23.000 millones de euros salieron de los bancos hacia el exterior durante el año 2001, lo que obligó al Gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa a imponer el pasado 3 de diciembre el denominado corralito, y que no son más que severas restricciones en el sistema financiero para evitar su quiebra.
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