Garzón dicta auto de prisión contra un ex ministro de Pinochet por el asesinato de Carmelo Soria

Así lo acuerda en un auto que fue dictado la semana pasada en el que admite a trámite una ampliación de querella presentada por las acusaciones personadas en la causa en la que se investigan desaparecidos durante regímenes militares de países sudamericanos como Chile y Argentina.

La resolución decreta la prisión de Hernán Julio Brady Roche y ordena su búsqueda y captura, a través de la correspondiente orden internacional de detención a efectos de extradición, con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer estaría residiendo temporalmente el imputado con identidad falsa.

Sin embargo, Herman Brady Macchiavelo, hijo del ex ministro, ha declarado a una televisión chilena, que su padre reside en Chile y que "desde hace mucho tiempo no puede viajar". Además, criticó la orden de detención de su padre considerándola "un ataque personal".

La Fiscalía ha decidido recurrir esta decisión por varias razones: en primer lugar, estima que España no es competente para investigar estos hechos; en segundo lugar, cree que no hay indicios de la participación de Brady en los hechos y finalmente porque en cualquier caso el delito habría prescrito.

Baltasar Garzón rechaza los argumentos de la Fiscalía basándose en los casos de varios altos cargos de la extinta República Cemocrática Alemana (RDA), quienes fueron acusados de la muerte de varios ciudadanos que trataron de cruzar el Muro de Berlín. Todos fueron condenados por tribunales alemanes y posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado sus recursos contra las condenas.

"Brutalmente torturado"

Relata que entre las víctimas de la "represión criminal encabezada por el general Augusto Pinochet y en la que participa Hernán Julio Brady Roche, ministro de Defensa en 1976", está Carmelo Soria, especialmente protegido por la legislación internacional, detenido el 14 de julio de 1976, "ejecutado" el día 16 y cuyo cadáver fue encontrado al día siguiente en el canal "El Carmen".

Recuerda que dicho español trabajaba ese año en el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos en Chile, con estatuto diplomático de funcionario de Naciones Unidas y estaba casado y con tres hijos.

Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y conducido al lugar de "tormento, donde fue brutalmente torturado durante horas y después sus captores le colocaron sobre las escaleras y mientras unos le sujetaban la cabeza otros le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le produjo la muerte".

El día 15 de julio, "para simular un accidente, los autores del hecho despeñaron el coche y el cadáver de Carmelo Soria en el canal "El Carmen", en Santiago y la versión oficial entonces difundida por la Dirección de Investigaciones de la Policía Civil afirmaba que el funcionario había fallecido como consecuencia de haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas".

El auto del magistrado de la Audiencia Nacional destaca que "la muerte de Soria es imputable a Brady Roche, entre otros elementos por el testimonio prestado en la causa por la que fuera diputada del Congreso de Chile María Maluenta Campos".

Por otra parte, mantiene que la Ley Orgánica del Poder Judicial española confiere competencia a la Audiencia Nacional para investigar estos delitos y otros conexos cometidos fuera del territorio español por extranjeros, así como los que según los tratados y convenios internacionales deban ser perseguidos en España, entre ellos los de tortura.

Al respecto, recuerda que la competencia está afirmada por la Audiencia Nacional y reconocida internacionalmente por el Tribunal de la Cámara de los Lores y el Tribunal de Extradición de Inglaterra, que en 1999 acordó la entrega de Pinochet a España para su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional, aunque finalmente fue llevado a Chile por motivos de salud.