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PUNTO DE OBSERVACIÓN
Columna
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De “Empleo” a “Habilidades”: la extraña cartera de la Comisión Europea

En la UE se sustituyen las referencias a los derechos de los trabajadores por jergas aparentemente modernas

Cartera de la Comisión Europea
Nicolás Aznárez
Soledad Gallego-Díaz

Durante décadas, desde 1967, ha existido en Bruselas un comisario encargado de Asuntos Sociales. En el mandato 2019-2024, el puesto, denominado Empleo y Derechos Sociales, fue ocupado por un político luxemburgués, Nicolas ­Schmit, socialdemócrata, muy conocido en ese momento por sus campañas a favor de los derechos de los trabajadores de las plataformas tecnológicas y su defensa de un salario mínimo europeo. “Inicialmente se consideró que el puesto conectaba con la clase trabajadora y llevaba su voz a Bruselas”, explica la web Eurobserver. “Con un fuerte componente de empleo, fue evolucionando para reforzar la protección social, proteger a los más vulnerables y apoyar la inclusión social”.

En la nueva Comisión 2024-2029 que acaba de nombrarse, el puesto ha desaparecido y en su lugar existe una vicepresidencia ocupada por la socialdemócrata rumana Roxana Mînzatu, bajo la curiosa denominación Personas, Habilidades y Preparación. De ella dependerán (todavía más extraño) otros dos comisarios, encargados, uno de Mediterráneo (competencia compartida, obviamente, con la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) y otro de Gestión de Crisis e Igualdad. En la Unión Europea se van escamoteando, en su organigrama y en los documentos que produce, con jergas aparentemente modernas, todas las referencias claras a derechos de los trabajadores y asuntos sociales. ¿Personas, Habilidades y Preparación? ¿Qué tiene de malo hablar de empleo, trabajadores, derechos sociales, acción social…?

El primer tratado constitutivo de la Comunidad del Acero y del Carbón entre Alemania y Francia (9 de mayo de 1950) se refiere, por encima de todo y como prioridad esencial, a la salvaguardia de la paz. Pero pocas líneas más abajo trata del compromiso que adquiere la Alta Autoridad de promover “los avances en la igualdad de las condiciones de vida de la mano de obra de esas industrias” (en los dos países). En 1950 ya existían los obreros. Desaparece poco a poco la palabra, como desaparecen los derechos de los trabajadores, desplazados ahora en la mayoría de los textos legales por el nuevo “derecho de los consumidores”.

Es verdad que, en la Unión, lo único obligatorio han sido siempre los aspectos relacionados con el capital: no se puede sobrepasar un déficit determinado, no se puede mantener una deuda excesiva, se debe favorecer la libre circulación del dinero y servicios financieros. Todo lo relativo a paro, desigualdad o vivienda ha formado parte de un llamado Pilar Social, que era siempre voluntario. Aun así, durante décadas, la derecha de raíz democratacristiana colaboraba con los socialdemócratas e incluso impulsaba en solitario medidas para lograr mejoras sociales. Poco a poco, esa derecha europea ha ido desapareciendo e incluso Ursula von der Leyen, que dice proceder de esa tendencia ideológica y que, en su momento, defendió la implementación de un Pilar Europeo de Derechos Sociales, se adapta ahora mucho mejor a la imagen de una nueva derecha conservadora mundial que prefiere hablar de “Personas, Habilidades y Preparación” antes que de desigualdad o salarios mínimos. Y la socialdemocracia, perdidas casi por completo sus raíces sindicales, a su vez enormemente debilitadas, participa muy a gusto en ese nuevo e insoportable lenguaje.

Habrá que esperar a las audiencias en el Parlamento Europeo con los nuevos miembros de la Comisión, previstas a partir del 4 de noviembre, para averiguar hasta qué punto la señora Mînzatu es capaz de explicar sus competencias y su relación con la antigua cartera social. Y al discurso final de Von der Leyen, donde explicará su programa y, de paso, dónde fue a parar aquel Pilar de Derechos Sociales.

Quizás sea también la ocasión de oír hablar a los eurodiputados sobre el elefante en el salón: los impuestos y los paraísos fiscales. El último informe de la Fiscalía Europea contra el Fraude, que dirige Laura Kövesi, rumana de 51 años, tiene un tono bastante irritado. Cada vez más, la señora Kövesi se encuentra con que para proteger el presupuesto de la Unión debe ocuparse de casos de tráfico de armas, tráfico de emigrantes, corrupción… Y lo que más le saca de quicio: el fraude continuado del IVA. “Estoy harta de oír a ministros de Justicia y a gente que trabaja en finanzas que me dice ‘bueno, tenemos un desfase del 10%’. Lo aceptan como si nada, pero ese gap solo se explica por un fraude”. Claro que, según ella, “es muy fácil cometerlo: se necesita un abogado, un contable y alguien con un buen traje”.

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