Más presente, por favor

En la mayoría de las ocasiones, la mejor manera de preocuparse por el futuro y por las generaciones venideras consiste en solucionar los problemas del presente, sin más. En España, donde cada día se habla más del necesario compromiso con el futuro de los jóvenes y cada día más políticos expresan su angustia por el legado económico que van a heredar, resulta llamativa la cantidad de decisiones urgentes destinadas a mejorar el presente que se aplazan o guardan en cajones donde se apolillan. Decisiones que ayudarían a mejorar y fortalecer las instituciones que son, ellas sí, el mejor y más importante legado que se puede dejar a las generaciones posteriores. Instituciones democráticas fuertes y solventes con las que ellos, llegado su momento, puedan hacer frente a sus problemas. La última semana ha sido pródiga en noticias desagradables sobre esa capacidad de posponer lo que se debe hacer en el momento presente. Resulta que, en mayo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa socialista para que cualquier colectivo que quisiera reunirse con un parlamentario tuviera que inscribirse en un registro que fuera totalmente público y transparente. Se trataba de una reforma del Reglamento del Congreso y la iniciativa fue aprobada con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, que proponía cambiar algunas cosas del texto.

La propuesta respondía a exigencias de la Comisión Europea sobre la presencia de lobbies en los Parlamentos nacionales y parecía algo elemental: qué menos que saber con quién se entrevistan los diputados y senadores, algo que existe en la gran mayoría de los parlamentos democráticos. Sin embargo, en España ha sido imposible sacar adelante esa reforma. Los grupos parlamentarios no dejaron de poner trabas y la presidencia de la Cámara no tuvo el menor interés en agilizar las cosas. En total, 65 prórrogas del plazo para presentar enmiendas, con decenas de pretextos, el mejor de los cuales se resume en “aclaremos antes qué es un grupo de interés”.

Resultado: el presente queda hecho unos zorros, en el Congreso entran y salen representantes de grupos de presión, asociaciones benéficas, o no, y de grupos de todo tipo para ver a los parlamentarios, sin que exista el menor registro público, pero los grupos siguen frenando ese registro a la espera, dicen, de una redacción que solucione las verdaderas necesidades de transparencia de generaciones venideras.

El Gobierno también decidió en su momento mejorar la transparencia y registrar con quiénes se entrevistaban sus altos cargos, algo que también exige la Comisión Europea y que es práctica corriente en la mayoría de las democracias más asentadas. Se trataba, según la explicación oficial ofrecida en noviembre de 2022, de “regular en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público la relación entre grupos de interés y las personas titulares de puestos susceptibles de recibir influencia”. Paralelamente se modificaba la llamada ley de puertas giratorias, de manera que un alto cargo público no pudiera trabajar para un lobby en los dos años siguientes a su cese en el cargo.

Que se sepa, el anteproyecto de ley no ha llegado aún al Congreso de los Diputados, seguramente porque no hay prisa por mejorar el presente y se está buscando la manera de perfeccionar la transparencia de que vayan a disfrutar los nietos de los actuales votantes.

La falta de regulación de transparencia en el funcionamiento de las instituciones en España es un agujero que tiene consecuencias inmediatas y graves y que además resulta inexplicable a estas alturas. La opacidad las pone en peligro, las debilita y crea la impresión de una corrupción extendida que no es cierta, pero que no se puede combatir sin los instrumentos ideados para ello por las propias democracias avanzadas. Para colmo, la falta de transparencia regulada es compatible en España con una extendida filtración de todo tipo de grabaciones, fotos y conversaciones realizadas por personas determinadas en virtud de sus propios intereses. Las últimas filtraciones, los wasaps intercambiados por el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, son capaces de avergonzar al más endurecido, pero el presidente de la Audiencia pretende superar tranquilamente todos los límites. Y sus colegas ni pestañean: no les preocupa ni el futuro… ni el presente.

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