La regulación de la relación de los ‘lobbies’ con los diputados lleva 21 meses en el cajón por falta de “entendimiento”

La relación de los diputados con los grupos de interés, los denominados lobbies o grupos de presión, no dispone de una regulación específica en el ordenamiento jurídico español. Una carencia que los distintos partidos políticos han abordado repetidamente, pero cuyo esfuerzo ha caído en saco roto. El último intento es de mayo de 2021, cuando el Congreso aprobó una iniciativa del PSOE en la que se proponía que cualquier colectivo que pretenda reunirse con un parlamentario tenga que inscribirse antes en un registro de acceso público. La propuesta de reforma del reglamento del Congreso fue ratificada con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, en un debate en el que afloraron diferencias entre la mayoría de grupos sobre el alcance y contenido de la norma. Y desde entonces lleva aparcada en un cajón.

Este martes, y a raíz de la polémica sobre el caso Mediador, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, apeló a su proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso como mecanismo para prevenir estas conductas. “Nosotros hemos presentado una propuesta para la regulación de los lobbies y de los grupos de presión. Y esperemos que salga adelante para que eso esté más controlado por parte de todos”, afirmó el portavoz socialista en rueda de prensa. Pero el texto lleva sin tocarse desde que recibiera el visto bueno del hemiciclo hace casi dos años. La Comisión de reglamento no se ha reunido desde entonces y el plazo para presentar enmiendas acumula más de 65 prórrogas. Fuentes socialistas concretan que las modificaciones del reglamento deben acometerse con “el mayor consenso posible”, por lo que han tratado de “buscar” el apoyo del PP.

El Partido Popular ha registrado una comisión de investigación sobre el caso, lo que descarta de momento el acercamiento. “Tienen interés en desviar la atención hacia una ausencia de legislación o un control insuficiente, cuando el problema está dentro del PSOE”, aseveró este martes Cuca Gamarra, portavoz del PP, sobre las palabras de López. Durante el debate de hace dos años, el PP criticó que la norma se circunscribiese a las relaciones que afectan a los diputados, y dejase al margen a altos cargos del Gobierno. Fuentes del PP recuerdan que el PSOE tiene mayoría para desatascar el texto.

Para Unidas Podemos, los socialistas son los responsables de no desbloquear la ley. “Es voluntad política, se puede sacar en mes y medio”, alegan fuentes parlamentarias del partido. Aunque el socio de Gobierno votó a favor, desde el inicio existieron discrepancias sobre aplicar el término lobby a cualquier asociación o colectivo que mantuviera contactos con los diputados. Una postura que coincide con la de PNV y EH Bildu. “La transparencia siempre es buena, pero sin equiparar quienes trabajan por los derechos ciudadanos y quienes buscan beneficios propios”, apostillan en EH Bildu. Desde Ciudadanos son favorables a acometer estas reformas, pero tanto en el Congreso como en el Senado, y, casualmente, tenían previsto presentar en breve otra iniciativa al respecto. En ERC están abiertos a “todo lo que suponga transparencia y orden”.

“Falta de entendimiento”

Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a una “falta de entendimiento” y “consenso” entre los partidos desde un inicio, factores que habrían influido en su estancamiento en la Mesa. “La sensación de los grupos era la de que esta legislatura no salía”, revelan. En cualquier caso, no todos los hechos investigados dentro del caso Mediador se cometieron dentro del Congreso. La secretaría de la Cámara baja ha exigido a los diputados un detalle tasado sobre las visitas que reciben —en un documento fechado a 24 de febrero—, pero fuentes del Parlamento aseguran que son gestiones previas a la polémica. Europa ha venido reclamando a España una regulación más ambiciosa. Y, en esta línea, el Gobierno aprobó en noviembre pasado un anteproyecto de ley para regular las relaciones de los lobbies con la Administración General del Estado y el sector público, por vez primera. “Probablemente, este caso sea un acicate para echar el acelerador”, aventura Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y especialista en Transparencia.