Los muertos
Los familiares y la sociedad tienen derecho a saber cómo ocurrió la tragedia de las residencias que ya no tiene remedio
La covid mató a casi 8.000 personas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Hablamos de muchas muertes. La oposición (y Vox) reclamó que se investigara lo ocurrido. El Gobierno autónomo madrileño, a través de su vicepresidente y portavoz, Enrique Ossorio, se opuso a la investigación. Ossorio dijo que los tribunales habían archivado ya diversas denuncias y que la creación de una comisión de estudio iba a causar “un daño innecesario” a los familiares de los fallecidos, que ya habían “superado” las dudas sobre si se podría haber hecho algo más por sus padres, cónyuges o hermanos.
Las palabras de Ossorio desataron una tormenta digital, porque hubo quien interpretó que con ese participio, “superado”, el vicepresidente se refería a la pérdida del ser querido. Ossorio se explicó mejor e insistió en que la oposición tenía objetivos políticos al exigir la comisión, como si eso fuera de mal gusto. Por supuesto, la oposición madrileña actúa con objetivos políticos. Por desgracia para ella, sus objetivos nunca son tan rotundamente políticos como los del Gobierno regional. Por eso pierde elecciones.
Lo importante, aquí, no son ni las tormentas digitales ni la política. Lo importante es que los familiares y el conjunto de la sociedad tienen derecho a saber con detalle cómo ocurrió la tragedia, que ya no tiene remedio y, según se ve, tampoco responsables ante la ley. Conocer los detalles es, además de un derecho, una necesidad. Serviría para evitar repetir errores si se produjera un nuevo desastre pandémico.
El Partido Popular, con un legítimo interés político, acostumbra a invocar a las víctimas de ETA. Lo hace con tanta insistencia que algunos familiares de esas personas asesinadas han llegado a sentirse incómodos. ETA mató a 669 personas. De esos crímenes, más de 300 no se han resuelto judicialmente: no se sabe con certeza quién los cometió y, por tanto, nadie ha sufrido consecuencias penales. Algunos quedaron perdonados con la ley de amnistía. Otros, la mayoría, han prescrito o están cerca de prescribir.
Ignoro, igual que el Partido Popular, qué piensa cada uno de los allegados a los muertos por covid en las residencias madrileñas. También ignoro, igual que el Partido Popular, qué piensa cada uno de los allegados a los asesinados por ETA. Hablamos de casos muy distintos, evidentemente, pero me atrevo a opinar que muchas personas cercanas a los fallecidos por el virus y a las víctimas del terrorismo desearían saber más. Incluso si no hubiera consecuencias penales.
Lo mismo ocurre con quienes aún buscan el cadáver de un familiar muerto en la Guerra Civil. Necesitan saber, encontrar, sepultar de nuevo (esta vez con dignidad) para cerrar definitivamente una desgracia que ya no tiene remedio.
Conocer lo sucedido, con la mayor profundidad posible, sólo reabre las heridas que nunca cicatrizaron. Y hace posible cerrarlas.
Supongo que si el PP tuviera alguna forma de resolver los casos aún abiertos de ETA, lo haría. Todos lo haríamos. Aunque los desaparecidos de la Guerra Civil murieran hace casi un siglo y aunque los internos en las residencias murieran por enfermedad, merecen la misma atención. Para negarse a saber no existen argumentos válidos. Ni explicación posible. Salvo que, por alguna razón, alguien se sienta culpable.
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