Filibusterismo gramatical

Los senadores del PP, Junts y otros grupos cometieron el 19 de julio un acto de filibusterismo en el que les asistía la razón gramatical. Al modificar una simple letra en un proyecto de ley (“forzosos” por “forzosas”), éste debe volver al Congreso, lo que pospone su aprobación tal vez unos meses.

“Filibusterismo” equivale a “obstruccionismo parlamentario”, y para evitarlo se establecieron los plazos, se regularon los turnos, se fijó el orden del día. Ahora quizás haya que añadir en los reglamentos una salvedad: las meras correcciones lingüísticas en las leyes se aplicarán por los letrados y la Mesa de la Cámara en un santiamén, sin que eso demore el trámite.

Vendría bien tal previsión, porque en el lenguaje político y administrativo se viene apreciando cada vez más una cierta incompetencia gramatical.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual ya chirriaba con esa rima interna (“integral” y “sexual”), cacofonía que los poetas y las personas de buen oído identificarán enseguida. Sonaría mejor “Ley de Garantía Plena de Libertad Sexual”, por ejemplo. Y además, en las 5.682 palabras de su preámbulo alguien descubrió una errónea concordancia que expresa lo que no se pretendía: “[La ley prevé] identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas”. Ya se partía de una pésima redacción, porque parece que “la detección de casos” forme parte de las violencias más ocultas. Pero sí, no es lo mismo “casos de aborto y esterilizaciones forzosas” que “casos de aborto y esterilizaciones forzosos” (porque “forzosos” incluye a “aborto” y a “esterilizaciones”). Se supone que la ley no combate el aborto voluntario, legal en determinadas condiciones; pero habría que precisar el significado de “forzoso”, pues pueden darse abortos forzosos por el peligro para la vida o la salud de la madre. Con todo ello, quizás sería mejor redactarlo así: “[La ley pretende] identificar las violencias sexuales más ocultas —como la mutilación genital femenina o la imposición de abortos y esterilizaciones— y que se actúe contra ellas”.

Ahora bien, el problema gramatical se daba en el preámbulo, no en la parte dispositiva. Retrasar la entrada en vigor de esa ley tan principal por un asunto tan secundario ha constituido, pues, una maniobra política, más que una aportación lingüística.

Si los enmendantes tenían interés en dar esplendor, disponían de otras posibilidades de mejora (dejando aparte los muchos y evidentes fallos de estilo). Por ejemplo, a ver cómo se explica la sintaxis de esta frase: “Mandata a los poderes públicos para promover las condiciones que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos”. Y en vez de “el abordaje integral de las violencias”, sería mejor “el tratamiento”, para no añadir más violencia con ese abordaje. Cuando se habla de actuar “desde el enfoque de género” convendría escribir “con el enfoque”. Tres gerundios erróneos (“adoptando”, “enjuiciando” y “considerándose”) deberían sustituirse por infinitivos o formas personales del verbo. Donde indica “el resto de administraciones” se debería decir “el resto de las administraciones”. Y se ve raro referirse al “ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense”, porque más que un ámbito parecen unos cuantos. Y donde se lee “requerimientos” se debió escribir “requisitos”.

Así que si la mejora lingüística era el objetivo, hicieron un pan como unas tortas.

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