Lo que nos debemos unos a otros

Un pacto de rentas —salarios y beneficios empresariales— es el elemento que falta en el contrato social implícito que se ha aplicado en España durante los años de la pandemia. En él están aspectos como el papel central de los servicios (y de los servidores) públicos; las políticas de protección del empleo y de las empresas, alternativas a las extinciones de contratos o al “que cada palo aguante su vela” característicos de otras crisis; o los fondos europeos mutualizados sobre los que están germinando políticas industriales o sectoriales de planificación.

También figura en ese contrato el papel seminal que han tenido las centrales sindicales y las patronales. Lo desarrolla Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, en su libro Los sindicatos y el nuevo contrato social (Catarata). Sin embargo, los contratos sociales son intrínsecamente políticos, reflejo de las circunstancias de un país. Sucede que en este momento ningún partido político cuenta, por sí mismo, con respuestas y fuerzas suficientes para imponérselas al resto de la sociedad y superar las dificultades. Un contrato social está formado por las normas, escritas o implícitas, que gobiernan el funcionamiento de las instituciones comunes. Se trata de “lo que nos debemos unos a otros”, en palabras de Minouche Shafik, directora de la London School of Economics (Lo que nos debemos unos a otros; Paidós), que requiere de una continua negociación.

En una encuesta realizada en los principales países, cuatro de cada cinco ciudadanos sostienen que ahora el sistema no está funcionando. Ello es el origen del deterioro público, que se relaciona con una mayor sensación de inseguridad en las personas y de carecer de los medios o el poder necesario para definir su futuro. El contrato social de la posguerra se ha quedado obsoleto por aspectos puntuales como la salida retardataria a la Gran Recesión y la covid (dos crisis mayores del capitalismo) y quizá la guerra de Ucrania, pero también por asuntos estructurales como la emergencia climática, el envejecimiento de la población, la presencia creciente de la mujer, la dureza de las condiciones de vida de los jóvenes o la extraordinaria revolución tecnológica, más intensa que cualquier otra. Es buen momento para aparcar el gen egoísta del “buscarse la vida uno mismo”.

El filósofo John Rawls —quizá el que más influencia ha tenido en el desarrollo de lo que nos debemos unos a otros— sostenía que los ciudadanos han de diseñar un contrato social detrás de un “velo de ignorancia” que les impida conocer de antemano cuál será su estatus en la sociedad; al no saber si comienzan siendo unos privilegiados o unos mendigos, optarán por impulsar un pacto de convivencia que sea justo. El principio de igualdad de oportunidades de Rawls sostiene que aquellos que están al mismo nivel de capacidad y habilidades, y tienen la misma disposición para usarlas, han de poseer las mismas posibilidades de éxito cualquiera que sea su posición inicial en el sistema social.

Sin embargo, esa igualdad de oportunidades se ha reducido al menos durante lo que llevamos del siglo XXI, a pesar de que ocupa un lugar central en las expectativas de las personas. En países como Dinamarca se tarda una media de dos generaciones en pasar desde el nivel de renta más bajo hasta el nivel medio. En el Reino Unido, cinco. En países en los que la desigualdad es muy elevada (Brasil, Reino Unido o Colombia…) se demora más de nueve. En España, cuatro años.

En el nuevo contrato social del siglo XXI todas las personas han de tener garantizado el mínimo necesario para vivir una vida digna por el mero hecho de ser ciudadanos, y todos (en distinta proporción, según su renta y riqueza) han de contribuir a la financiación de esa realidad.

Este año se han cumplido 80 del Informe Beveridge, que dio lugar al Estado de bienestar. Su último párrafo dice: “El derecho a tener las necesidades básicas cubiertas no es algo que se pueda imponer por obligación ni otorgar a una democracia, sino que ésta debe ganárselo”.

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