No son sutilezas de tiempos de paz
Hay temas en los que la devolución de poder en los ámbitos autonómico y local puede ser una ventaja o un inconveniente
Isabel Díaz Ayuso y Angela Merkel pertenecen, en teoría, a la misma corriente de pensamiento político, representada en el Partido Popular Europeo, en el que están integradas sus dos formaciones, el PP español y la CDU alemana. Sin embargo, cuando se escucha a ambas se comprende inmediatamente que Merkel no soportaría diez segundos de debate con Díaz Ayuso sin quedarse pasmada y que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede mirar con mayor desprecio todo lo que representa Merkel. Quizás porque Díaz Ayuso no responde a ninguna línea europea de pensamiento conservador, sino a una corriente claramente nacional/populista de la que Merkel, que nació y se crio en lo que fue Alemania del Este, ha demostrado, una y otra vez, que huye despavorida.
Lo más molesto de Díaz Ayuso (además de su ambigüedad respecto al cada vez más violento mensaje de Vox) es que con su estrategia electoral está impidiendo que las elecciones del 4 de mayo sirvan para algo, por ejemplo para debatir qué ha ocurrido en Madrid como consecuencia de la pandemia, de las ventajas e inconvenientes de la cogobernanza en tiempos de gran crisis sanitaria, de los riesgos que aún siguen existiendo, de los aspectos que hay que intentar corregir y de los proyectos que se deberían poner en marcha aprovechando la existencia del fondo de recuperación europea. De hecho, la mejor noticia de la semana para la Comunidad de Madrid (como para todas las otras) ha sido que el Tribunal Constitucional alemán no paralizará la puesta en marcha de esos fondos de la Unión.
La pandemia está dejando sobre la mesa asuntos de fondo muy serios, que, se discutan o no en la campaña electoral madrileña, los ignore o no la señora Díaz Ayuso (porque le convenga o simplemente porque ni tan siquiera sabe que existen), van a formar parte de las vidas de los madrileños (y de todos los españoles) durante largos años. El primero es hasta qué punto hay temas en los que la devolución de poder en los ámbitos autonómico y local puede ser una ventaja o un inconveniente.
Es obvio que esa “devolución” parece una solución sencilla al problema de la aproximación de la toma de decisiones a los ciudadanos, incluso que tiene un indudable aroma democrático. Sin embargo, la pandemia, y no solo sus efectos y necesidades desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, ha dejado planteadas serias dudas sobre la eficacia de ese funcionamiento disperso. La propia Angela Merkel, jefa de Gobierno de un país federal, ha hecho aprobar una ley, que ya ha superado el Bundestag (Congreso) y debe pasar aún por el Bundesrat (Senado), para hacer depender del Gobierno central determinadas decisiones, convencida de que algunas medidas difíciles, que protegen al mismo tiempo a minorías vulnerables y a grandes masas de población, solo pueden ser tomadas por el Gobierno y el Parlamento nacional. Las autoridades más locales se sienten demasiado confortables con escenarios que tienen rápido rédito electoral, opina.
Ese es un tema importante: el papel de los Parlamentos nacionales cuando se trata de suspender derechos constitucionales. La democracia no implica, como piensan algunos, “sutilezas para tiempos de paz”, sino un elemento indispensable de la organización social en tiempos de guerra, de crisis o de pandemia. Cierto que en determinadas circunstancias es necesario recurrir a poderes de emergencia, pero lo importante es que quede perfectamente claro en el Parlamento cuánto tiempo están en vigor y cuándo y cómo se recupera totalmente el estatus anterior. Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de “libertad” en su programa electoral no se está refiriendo en absoluto a este asunto primordial. De hecho, el proyecto de ley de epidemias que el PP ha enviado al Congreso de los Diputados, y del que tanto habla el líder de su partido, Pablo Casado, tiene un agujero formidable en ese aspecto. Para Casado y Ayuso son las comunidades las que deben aprobar las restricciones de derechos ciudadanos y acudir a los jueces en caso de duda, lo que dejaría al Parlamento nacional en una posición claramente marginal. Quizás Casado deba hablar con los asesores de Merkel. Díaz Ayuso seguramente no tiene el menor interés.
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