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Hartos de espectáculo

La realidad es que en España está quedando fuera de la política mucho de lo que sería fundamental que abarcara

El comisario Villarejo abandona la cárcel de Estremera en Madrid, el 3 de marzo de 2021.
El comisario Villarejo abandona la cárcel de Estremera en Madrid, el 3 de marzo de 2021.© Luis Sevillano

La confusión entre lo que pertenece al espacio del debate político y lo que entra de lleno en el del espectáculo o entretenimiento está a punto de causar graves daños en el entramado institucional español. El problema es que, por la incapacidad de algunos para resistirse a ese empuje del espectáculo y por la voluntad expresa de otros de alentarlo —bien desde determinados medios de comunicación por interés puramente crematístico, o bien por el deseo de algunos partidos de provocar la debilidad del Estado—, está quedando fuera de la política mucho de lo que sería fundamental que abarcara.

La zona gris en la que cae el debate es inquietante porque el Estado hace frente a auténticos problemas relacionados con la crisis económica y sanitaria y con su configuración territorial. No es posible ignorar que el resultado de las recientes elecciones catalanas desembocará muy probablemente en un Gobierno que se cohesione en torno a la exigencia de un referéndum de autodeterminación, y que cuanto más débil sea el Estado en ese momento, más difícil será encontrar la manera de rechazar esa consulta por inconstitucional y de mantener al mismo tiempo una vía de diálogo abierta. Se comprende que esa endeblez del Estado sea el objetivo de Junts per Catalunya, la CUP o Bildu, pero no que anime también a otros grupos políticos, incluidos los que representan formalmente la izquierda, porque se supone que muchos de los problemas que afronta el país desde el punto de vista económico y social solo pueden ser solucionados, o al menos afrontados dignamente, desde una posición de fortaleza democrática de ese Estado.

La distracción es monumental. Se pretende que todo el país discuta sobre si el Rey debe ir a declarar al Parlamento sobre el hecho de que sus dos hermanas se hayan vacunado legalmente en Abu Dabi (cuando fueron a visitar a su padre). Esa comparecencia sería un verdadero disparate desde el punto de vista constitucional, pero ayuda, eso sí, a debilitar la imagen democrática de España. Al mismo tiempo se pasa casi de puntillas por el increíble hecho de que el excomisario corrupto José Manuel Villarejo haya sido puesto en libertad porque el tribunal que debe someterle a juicio se declara “incapaz de hacerlo antes de noviembre” (¡dentro de ocho meses!), cuando acaba el periodo de cuatro años de prisión preventiva que fija la ley. O por la extrañísima reunión/entrevista, hecha pública por el digital CTXT, que mantuvo en un piso privado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con los responsables de OK Diario, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, dos personas cercanas a Villarejo. Se da la circunstancia de que el despacho de abogados de Baltasar Garzón, compañero de la señora Delgado, defiende al menos a tres de los probables cómplices del comisario.

El espectáculo se hace eco encantado de las amenazas del jefe de una de las mafias más peligrosas de este país y el debate político (¿existió connivencia de aparatos del Estado en sus actividades?) desaparece del escenario. Como ha desaparecido del debate si el Parlamento debe encargar a una comisión de expertos un estudio sobre lo ocurrido durante este año de pandemia y los medios que son necesarios para corregir los errores que se hayan podido cometer. O el debate sobre el enorme problema que implica la falta de eficiencia burocrática del Estado, demostrada una vez más por el terrible funcionamiento del ingreso mínimo vital. O la exigencia de que la Oficina Presupuestaria del Parlamento disponga inmediatamente de todos los técnicos y personal necesario para cumplir su función. O la discusión sobre el acceso a los documentos administrativos que acompañan las decisiones gubernamentales, a fin de poder proceder correctamente a su evaluación. Mientras se discute de banalidades y de estupideces llamativas, cae en el más absoluto silencio la propuesta de PorCausa de dar la nacionalidad inmediatamente a los 147.000 niños (se dice pronto) que están en España en situación administrativa irregular, lo que hace que no puedan acceder a derechos básicos. Todo eso se podría hacer si el debate político recuperara su espacio y si algunos dejaran de creer que las pistas de circo son más útiles que el Parlamento.

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