Nos jugamos la vida

Si en el último lustro se hubieran aplicado con más rapidez y voluntad política algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que componen la Agenda 2030, la humanidad habría estado mucho mejor preparada para combatir la pandemia de la covid-19 y ahora habría menos dificultades para corregir sus efectos económicos más lacerantes. Por ejemplo, el tercer ODS (“Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades”) implica fortalecer los sistemas públicos de salud y la política de cuidados que forma parte del cuarto pilar del Estado de bienestar. No ha sido así.

Cuando se va a cumplir el quinto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 en el seno de la ONU, está latente un ambiente de apatía ante la posibilidad de cumplir sus fines siendo, como es, el mayor desafío del mundo en la erradicación de la pobreza. Apenas se habla de los ODS, considerados prescindibles o incluso un cierto lujo en tiempos excepcionales, y la Agenda se percibe como una suerte de paréntesis, como si fuese incompatible con la lucha inmediata contra el virus asesino y contra las consecuencias económicas depresivas que conlleva.

Es lo contrario. La Agenda 2030 (reléanse sus contenidos) es la única hoja de ruta posible para encajar la coherencia entre la reconstrucción de los países y ese modelo de desarrollo inclusivo que incorpora la transición energética. Ione Belarra, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 en España —un puesto ejecutivo de primera línea en el Gobierno—, entiende que confluyen dos circunstancias para que reconstrucción y ODS vayan de la mano: se están elaborando unos Presupuestos Generales del Estado nuevos, y al tiempo se definen los proyectos a los que se aplicarán los préstamos y transferencias por valor de 140.000 millones de euros (más de un 12% del PIB español) que ha concedido la Unión Europea.

Del mismo modo que en otros asuntos se conocen las diferencias de opinión entre los dos partidos miembros del Gobierno de coalición (por ejemplo, la reforma fiscal y el momento en el que ha de ser aplicada), la Agenda 2030 es el pegamento más eficaz entre el PSOE y Unidas Podemos. Una idea fuerza muy significativa para ambas formaciones. En estos días se publicará una declaración gubernamental en la que se insiste en la Agenda como el camino indispensable para la reconstrucción del país, reduciendo desequilibrios como la desigualdad social y el cambio climático. En ella se hace explícito el compromiso con el fortalecimiento y protección de los servicios públicos (educación, sanidad…). Todavía tres meses antes de la llegada de la covid 19, la ONU calificaba como “década para la acción” de los ODS a la de los años veinte.

Hay al menos dos tipos de dificultades que generan dudas sobre esos objetivos. La primera, que durante el segundo y tercer trimestre del año en curso ha habido tal retroceso en el crecimiento económico, y en el bienestar general, que se ha perdido buena parte del impulso en la erradicación de la pobreza o el hambre. La segunda tiene que ver con el ODS número 17 (“Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”). A pesar de la fragmentación del planeta cuando se firmó, la Agenda 2030 se aprobó por unanimidad. Es discutible que en esta coyuntura, cuando cada país se centra prioritariamente en sus problemas relacionados con la pandemia, la unanimidad se vuelva a conseguir. Máxime cuando a la luz de la experiencia de los últimos seis meses hay que incorporar a la conversación pública reflexiones sobre la infravaloración de los riesgos que emanan de la interdependencia, y sobre las crisis que no sólo son globales sino simultáneas. En algunos lugares ya se está teorizando si no sería el momento de reducir los objetivos de los ODS y de ampliar sus plazos, para evitar la frustración ciudadana. Algo difícil de compartir dado que con la aplicación o no de los ODS nos estamos jugando la vida. Como se demuestra estos días.