Arantxa Sánchez Vicario prosigue la batalla por su divorcio en Miami

La batalla judicial entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana continúa, aunque ahora ha cambiado de escenario. Casi un mes después de que la Audiencia Provincial de Barcelona fallase a favor de la extenista y sentenciara que su divorcio del empresario se debe resolver en Miami, donde inicialmente se comenzó a tramitar y donde residen ambos y sus dos hijos, y no en España, como quería Santacana, el martes los tribunales estadounidenses convocaron a las partes para informarles de cómo será la continuación del proceso.

El pasado 17 de marzo, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para valorar si aceptaban o no el recurso de apelación que Sánchez Vicario interpuso contra la sentencia dictada en 2019 por la juez de Primera Instancia de Esplugas de Llobregat (Barcelona), que daba la razón a Santacana en su empeño por querer divorciarse en España. Y fue el 30 de ese mismo mes cuando anunciaron que finalmente la disolución del matrimonio compete a los juzgados de Miami, Florida. Algo que ha supuesto un mazazo en la línea de defensa de Santacana, cuya abogada, Isabel Winkel, ha confirmado a EL PAÍS que van a recurrir la sentencia. “Nosotros pretendemos cumplir los pactos que las partes firmaron en España conforme a las dos escrituras que se crearon ante notario”, ha asegurado la letrada en referencia al régimen de separación de bienes que el empresario y la extenista firmaron antes de casarse en 2008. Si el matrimonio se disuelve en España, entra en vigor dicho régimen vigente en Cataluña, por lo que Santacana podría desentenderse de los problemas económicos que tiene la expareja. Sin embargo, este pacto no es válido en Estados Unidos, de ahí el interés del empresario de que el caso se resuelva en España. La primera demanda que Santacana presentó para acabar con su matrimonio fue en Miami, donde residían siendo pareja, pero la acabó retirando para poco tiempo después presentarla en Barcelona.

Aunque Winkel ha preferido no definir por ahora la estrategia que seguirá, el proceso judicial natural es que la defensa del empresario presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo que no tiene por qué parar el procedimiento estadounidense. Un acto que no preocupa al abogado de Sánchez Vicario en Barcelona, Ramón Tamborero, quien ha asegurado a este periódico que ese procedimiento puede llevar años y, de manera paralela, el divorcio se estará resolviendo en Miami. “Nosotros entendemos que la presentación de un recurso de casación no paraliza la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. […] La admisión de un recurso a trámite puede ser larga”, ha explicado sin preocupación.

Tamborero, además, ha celebrado que la Audiencia Provincial reconoció la semana pasada que tendrá que ser Santancana quien asuma el pago de las costas causadas por el inicio de proceso de divorcio tramitado en España, debido a que la sentencia dio la razón finalmente a la extenista. Después de que el despacho de Tamborero facilitara todos los documentos a los abogados de Sánchez Vicario en Miami y estos lo presentaran en los tribunales de Miami, ahora se reinicia de nuevo el proceso judicial que arrancó en 2018 donde el empresario tendrá que responder a los problemas económicos que tiene la expareja y justificar qué ha ocurrido con los bienes económicos en común y la fortuna presuntamente desaparecida de Sánchez Vicario.

En esta batalla judicial siempre ha quedado al margen la custodia y manutención de los dos hijos de la expareja, ya que al no vivir los niños en España todo el proceso judicial referido a los menores se sigue ante los juzgados de Florida. Cuando se separaron, la extenista y el empresario consiguieron un acuerdo de custodia compartida y fijaron la residencia de los pequeños, de 10 y 12 años, en Miami. Entonces también se fijó la pensión establecida que Sánchez Vicario debe abonar a Santacana para el cuidado de los pequeños.

Con la puesta en marcha del proceso de divorcio en Miami no terminan los problemas para la expareja, que mantiene otra guerra económica con el Banco de Luxemburgo (BDL), cuyo juicio sigue en proceso de instrucción. El BDL solicitó el pasado noviembre una pena de cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes a la extenista y a su exmarido y una indemnización de más de seis millones de euros. La deuda con el banco luxemburgués se remonta casi dos décadas atrás, cuando comenzaron los problemas de Arantxa Sánchez Vicario con Hacienda. Una causa que, antes o después, sí volverá a sentar en el banquillo al todavía matrimonio.