¿Servirá para algo el impuesto a los refrescos?

Gran parte de las estrategias en la actual batalla contra el consumo excesivo de azúcar se están centrando en las bebidas azucaradas, aunque este es el ingrediente principal –junto a la sal y las grasas– de gran parte de los alimentos procesados. Siguiendo esta tendencia internacional, la semana pasada el Gobierno español anunció la creación de un impuesto especial que se aplicará sobre los refrescos.

Las reglas del juego las ha definido la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la publicación de un informe sobre políticas fiscales en los alimentos para la prevención de enfermedades no transmisibles. Su propuesta, claramente planteada y respaldada por estudios científicos, debería servir para programar nuevos contextos socioeconómicos que faciliten mejores elecciones alimentarias entre los ciudadanos, responsables definitivos de su dieta.

La intención es desalentar el consumo de opciones menos saludables, al tiempo que se promueve el de las más adecuadas: para conseguirlo, propone que las distintas administraciones públicas influyan sobre el precio de alimentos considerados clave. ¿Cómo? Sumando un impuesto especial a los de peor perfil nutricional, y desgravando aquellos de los que interesa promocionar el consumo. Siempre, claro está, con la intención enfocada en la salud pública.

Aunque la OMS advierte de la importancia de considerar distintas características en los alimentos en base a su contenido en azúcar, sal y grasa, lo cierto es que actualmente el grueso de sus recomendaciones se centra a en dos medidas concretas:

• Los impuestos bien planteados sobre las bebidas azucaradas causarían una reducción proporcional de su consumo, en especial si este incremento supone un precio de venta de al menos un 20% superior al de partida.

• También existe una fuerte evidencia de que subsidios del 10 al 30% menos del precio original para frutas y hortalizas frescas serían efectivos y aumentarían el consumo de estos productos.

La experiencia en otros países

El informe de la OMS que acabamos de mencionar no es original, entre otras cosas porque resume la experiencia de otros países respecto al efecto que tienen en su consumo los impuestos sobre los alimentos. De este modo sabemos que países como Dinamarca, Ecuador, Egipto, Finlandia, Francia, Hungría, Mauritania, Méjico, Filipinas, Tailandia y algunos estados o regiones de Estados Unidos ya cuentan con datos de utilidad para contrastar el impacto de este tipo de medidas. Este mismo año también han anunciado la implantación del impuesto sobre las bebidas azucaradas Portugal y Reino Unido. Las medidas implantadas por estos países son sumamente heterogéneas, y de ellas se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• A excepción de Dinamarca, todas las políticas fiscales tenían en cuenta de una u otra forma impuestos sobre el azúcar, en especial sobre las llamadas ‘bebidas refrescantes’.

• Aunque hay cifras bastante convincentes que observan la disminución en el consumo de refrescos tras el impuesto, no hay evidencia del impacto de este dato en el peso u otros factores de riesgo relacionados con la dieta, ya que en estas variables influyen un gran número de factores. Ejemplo práctico: si alguien cambia el refresco por bollería industrial –sin gravamen extra, de momento– de poco le va a servir a su dieta.

• Muy pocos de los casos hasta ahora conocidos incluyen subsidios para abaratar el coste de alimentos saludables. En sentido contrario, sí que todos los países incluían impuestos especiales con los que gravar el precio de alimentos poco recomendables.

• Este último hecho pone de relieve uno de los temores de la OMS, cuando concluye que en muchas ocasiones el objetivo de estas medidas impositivas está centrado más en el afán recaudatorio que en el beneficio de la salud pública, cuando su intención es claramente que el impuesto compense la desgravación y la acción se autogestione, sin costar dinero ni generar beneficio.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas en España

A pesar de que a fecha de hoy se desconocen las características particulares anunciadas por el Sr Montoro sobre este nuevo impuesto, sobre la decisión del ejecutivo ya planean algunas sombras:

• Resulta cuando menos curioso que la noticia se produzca dos semanas después de que el Gobierno de Cataluña anunciara por su parte medidas similares sobre los refrescos, con unas cuantías –entre 8 y 12 céntimos por litro– muy por debajo de las propuestas por la OMS. En este sentido, la medida podría tener tintes de oportunismo político, al adelantarse al ejecutivo catalán con una estrategia que ya tiene precedentes. Lo vimos con el impuesto sobre depósitos bancarios, y tiene fácil explicación: como no puede haber una doble imposición en territorio nacional por un mismo concepto, si el Gobierno de España toma la delantera regulando estos impuestos será éste quien cobre el gravamen, repercutiendo en sus arcas y dejando a los catalanes con cara de “esto no me puede estar pasando”.

• Apenas una semana antes de la aprobación de la medida algunas fuentes informaron de que el ejecutivo lo desestimaría con las miras puestas en una posible inversión de Coca-Cola en España. Tras conocerse este mismo año la imposición de una tasa sobre estas bebidas en Portugal, la compañía decidió suspender el proyecto de ampliación de una de las plantas que tiene allí, con una inversión estimada de 40 millones de euros. ¿Represalias, chantaje, casualidad? que cada uno lo llame como quiera, pero parece que ‘la chispa de la vida’ no se anda con bromas.

• Una de las cuestiones más candentes tiene que ver con la cuantía del gravamen. La recomendación de la OMS es clara: los precios han de subir al menos un 20% o más para observar un descenso palpable en el consumo. Sin embargo son muy pocos los países que han alcanzado ese mínimo: casi todos han optado por una estrategia tibia con incrementos mucho más modestos. Además de la propuesta catalana –bastante ridícula–, otro de los casos es el de Portugal que prevé incrementar los precios de estas bebidas entre 8 y 16 céntimos por litro, incluyendo también los refrescos edulcorados. Estos dos casos contrastan con el plan de acción del Reino Unido que se acerca significativamente a las recomendaciones de la OMS, ya que establece incrementos de entre 21 y 30 céntimos por litro, sin tasar las bebidas con edulcorantes.

• La principal novedad de nuestro impuesto frente a la mayoría de países y en línea con lo previsto en Portugal, es que al parecer el gravamen afectará tanto a las bebidas con azúcares pero también a las consideradas light o zero, es decir a las que sustituyen el azúcar con edulcorantes (o sea, no son azucaradas).

Reflexiones a tener en cuenta

La lectura más novedosa del asunto es que, tal y como se vio en su momento con el tabaco y con el alcohol -sobre los que ya no hay duda de su efecto perjudicial- las administraciones públicas tienen a día de hoy el poder para gravar el consumo de otros elementos, con la justificación de proteger la salud pública de sus ciudadanos.

A juicio de la OMS, las políticas fiscales sobre los alimentos son una herramienta más entre muchas otras que deberían coexistir para reducir con éxito el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera). Está claro: de forma aislada, las políticas fiscales tendrán un efecto muy limitado.

Aunque esté justificado e incluso pueda ser una tendencia implantar impuestos sobre los alimentos, llegados a este punto es importante destacar que algunos gobiernos han encontrado en este tipo de medidas una justificación para la mera recaudación. Así lo refleja la propia OMS en su informe al expresar uno de sus miedos: centrarse en el beneficio económico implantando impuestos de baja cuantía resultará en una estrategia ineficaz en el marco de la Salud Pública.

Otro error es centrar estas cargas en las bebidas azucaradas, como si no hubiera otros actores igual de culpables en la actual epidemia de obesidad y enfermedades crónicas. Pocos países han optado por políticas fiscales totalizadoras, que graven todos los alimentos con un perfil nutricional inadecuado, y menos aún han sido los que ofrecen los recomendados subsidios sobre alimentos saludables.

Resulta llamativo que en nuestro entorno, ni el ejecutivo de Cataluña ni el de España hayan hecho el menor esfuerzo por plantear un abaratamiento general sobre los productos frescos, con lo que es posible que los verdaderos fines de la implementación de estas medidas respondan principalmente al necesario ajuste de los presupuestos nacionales o a cuestiones de interés político.

Por último, sentencia la OMS, una vez iniciada la estrategia es necesario ser eficaz para contrarrestar los argumentos y esfuerzos de la industria, que se opondrá al desarrollo e implementación de las medidas fiscales y buscará atenuar sus efectos. En este sentido es especialmente útil la realización de programas de sensibilización y educación que informen a la población sobre las consecuencias positivas de limitar el consumo de este tipo de alimentos.