Por un estatuto en defensa del becario

Según datos de 2015 de Comisiones Obreras (CC OO), en España había alrededor de 1,4 millones de personas en situación de prácticas sin contrato de formación y aprendizaje. Poco más de 190.000 personas contaban en dicha fecha con algún tipo de contrato formativo. La no existencia de un censo de becarios supone el desconocimiento de una realidad que se sabe marcada por la precariedad y el abuso. Y es que la figura del becario se utiliza en muchas empresas como fórmula sustitutiva de puestos de trabajo sin que medie un intercambio económico, pero ¿cuáles son sus funciones reales? Explica Adrià Junyent, secretario confederal de Juventud de CC OO, que la función de una práctica no laboral es la de formar al estudiante: “La producción solo puede ser algo colateral fruto de ese aprendizaje. En la actualidad, la mayoría de las prácticas, sobre todo aquellas que no están vinculadas a planes formativos o títulos oficiales, suponen un fraude, dado que realmente son trabajo, pero sin remuneración o muy escasa y sin derechos laborales”.

Desde el Consejo de la Juventud de España, su responsable de comunicación, Juan Enrique Gallo, señala que todas las becas deben ser dignas; para ello se tienen que compensar los gastos de las personas jóvenes que las realizan, es decir, gastos de transporte y manutención, y proponen hasta 300 euros al mes. En cambio, sí que consideran que las prácticas extracurriculares no tienen cabida, ya que, según consideran, existe una fórmula contractual que cubre esas necesidades en el Estatuto de los Trabajadores. También proponen que se debe regular el número de personas en prácticas en una empresa para asegurar que haya una formación y acompañamiento de calidad entre los estudiantes y quienes se encargan de la tutorización de las prácticas.

Añade Alejandra de la Fuente, periodista y autora de La España precaria (Akal, 2021), que debe perseguirse que se “utilice” a los becarios como mano de obra gratuita o prácticamente gratuita. “Es un fraude en la contratación. Si una empresa necesita cubrir puestos, lo que tiene que hacer es contratar personal. Además, se aprovechan de la necesidad de estos jóvenes dada la precariedad estructural a nivel laboral, social, económico…”.

Una precariedad estructural

Es en esa precariedad estructural que señala De la Fuente en la que muchos consideran que hay que poner el foco para que realmente los jóvenes puedan tener unas condiciones dignas. Juan Enrique Gallo opina que el primer paso sería dotarles de unos salarios dignos. “En España, hoy en día, el sueldo medio de una persona joven es inferior al SMI y desde 2008 las condiciones laborales de las personas jóvenes no han cambiado pese a tener un 30% de inflación (inflación histórica más inflación actual) desde ese año. Respecto a la formación, es necesario adaptar nuestro sistema formativo al mercado laboral para que las personas jóvenes puedan cubrir las demandas del mismo, adaptando su formación a los retos que nos vamos a encontrar en el futuro”, señala. Para Alejandra de la Fuente, además de que muchos jóvenes están durante años haciendo prácticas que realmente son trabajo, el problema es también la falta de estabilidad, ya que los jóvenes soportan una parte importante de los trabajos temporales de este país. “Sin estabilidad es muy difícil salir de casa de los padres y poder enfrentarse a una vida”.

¿Qué pueden hacer los becarios para mejorar sus condiciones? ¿Hay algún tipo de apoyo legal para este colectivo? Adrià Junyent define dos vías para mejorar las condiciones de los estudiantes que realizan prácticas no laborales: la Inspección de Trabajo o los comités de empresa. “La Inspección de Trabajo llega tarde la mayoría de las veces, ya que las actuaciones suelen ocurrir unos cuatro meses después de la denuncia; por tanto, cuando llega esa inspección, en la mayoría de los casos el “falso becario” que ha denunciado ya no se encuentra realizando esa práctica. Por otro lado, los comités de empresa tienen la potestad tanto de ayudar a denunciar esos hechos ante la inspección o un juzgado como de presionar a la empresa para poner fin a esa situación”.