El País Vasco logra reducir el parque de vivienda vacía sin imponer sanciones

El parque de vivienda vacía se ha reducido un 25% en el País Vasco. El último registro realizado en 2022 cifra en 11.434 los pisos que han permanecido sin uso continuado durante al menos dos años. Son 3.666 menos que en el anterior recuento, de 2019. La bajada se ha producido sin que se haya aplicado ninguna sanción a sus propietarios, como estipula la normativa vasca. El Gobierno autónomo aprobó en junio de 2021 un decreto que contempla sanciones económicas (un canon fiscal de 10 euros anuales por metro cuadrado) que tratan de penalizar la desocupación residencial. Los ayuntamientos, encargados de ejecutar esta medida, no han llegado a ponerla aún en práctica. El Departamento de Vivienda considera, sin embargo, que la existencia de este impuesto ha servido, entre otros factores, para colocar en el mercado viviendas que antes se encontraban deshabitadas.

“El parón registrado en la construcción de vivienda nueva en Euskadi, el programa público Bizigune que incentiva el alquiler social de pisos vacíos y el efecto disuasorio que ha tenido el canon a la vivienda deshabitada son los principales factores que han contribuido a reducir este fenómeno”, explica Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda. La estadística oficial que mide el comportamiento del uso de la vivienda en esta comunidad revela una evolución hacia el mayor uso de los hogares como primera residencia. De los 1.073.955 existentes, el 92% son principales. La tendencia confirma un descenso de las que no han estado ocupadas más de dos años sin una causa justificada y, por esta razón, son susceptibles de castigar a sus dueños. Se ha pasado de 15.100 viviendas vacías en 2019 a las 11.434 actuales.

El Ejecutivo vasco aprobó a mediados de 2021 una norma, al amparo de la Ley vasca de Vivienda (2015), que pretende aflorar pisos que están sin habitar por un periodo de tiempo largo. Sus propietarios pueden ser multados con un impuesto anual de 10 euros por metro cuadrado útil, que se incrementará un 10% por cada año que siga desocupado, con un máximo de tres veces el importe inicial, esto es, hasta 30 euros. Los ayuntamientos tienen encomendada la labor de certificar si están desocupados mediante la comprobación del padrón e inspecciones de los consumos “anormalmente bajos” de electricidad, agua y gas. Los consistorios también asumen el cobro del gravamen. La normativa contempla el alquiler forzoso e incluso la expropiación de pisos deshabitados en zonas donde la necesidad de vivienda es más alta.

No consta en todo este tiempo ninguna sanción. Jauregui asegura que los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria se han comprometido a aplicarla a partir de 2024. El de Bilbao va más adelantado. Prepara un censo municipal de vivienda deshabitada y tiene previsto realizar una campaña informativa dirigida a los propietarios con las opciones que tienen para dar uso a sus residencias. El Área de Vivienda de la capital vizcaína colocará carteles con el lema “Si tienes un piso vacío, te ayudamos a convertirlo en un hogar” y abrirá una oficina en breve para asesorar y ayudar a incorporar esas viviendas al mercado de alquiler. Jauregui afirma que “el cobro del canon fiscal corresponde a los municipios, pero es una medida impopular y nadie quiere aplicarla en un periodo preelectoral”. “Es una responsabilidad de las corporaciones. El Gobierno se limita a establecer un marco regulatorio dirigido a movilizar esos pisos”, añade.

Sin alquiler forzoso

Si no ha habido ninguna acción sancionadora, tampoco se ha ordenado ningún alquiler forzoso, una acción que también se recoge en el citado decreto para los casos en que una vivienda que haya sido declarada como deshabitada se mantenga sin uso durante un año más. El fenómeno de la vivienda vacía, opina el viceconsejero vasco del ramo, “no es un problema alarmante” en esta comunidad, aunque apostilla que “siempre que hay una sola deshabitada hay que intentar ocuparla”. En pleno debate nacional sobre la figura de los alquileres en la ley de vivienda, Jauregui admite que Euskadi adolece de “una tasa de alquiler muy baja”, situada en el 13%, por debajo de la media nacional (18%) y muy lejos de la europea (26%).

La medida que está resultando más efectiva en la lucha contra los pisos vacíos está siendo el programa Bizigune, en marcha desde 2013 y que tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en el mercado a través del alquiler a precios asequibles. El año pasado se cerró con algo más de 7.000 de estas residencias, 3.000 más que cinco años antes. Los propietarios las ponen a disposición de la sociedad pública de vivienda del Gobierno y se destinan a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre. El Ejecutivo autónomo destinó en el último ejercicio 25 millones de euros a financiar este programa.