El Ayuntamiento de Madrid rectifica y tendrá en cuenta el número de empadronados por vivienda para calcular la tasa de basuras en 2026

El Gobierno de José Luis-Martínez Almeida (PP) en el Ayuntamiento de Madrid ha dado un volantazo esta semana en el diseño de la tasa de basuras que empezó a cobrar en septiembre. Después de un mes y medio de quejas de los madrileños y de los grupos políticos de la oposición, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una modificación de la ordenanza de la Tasa de Gestión de Residuos para que la factura tenga en cuenta el número de empadronados por vivienda, tal y como le pedían Más Madrid y el Partido Socialista desde el año pasado. Como consecuencia, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 subirá mínimamente de 141 a 142,6 euros de media.

La delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, presentó la modificación el jueves como una medida que contribuye a dotar la tarifa de una mayor “seguridad jurídica”.

A ojos de la oposición el cambio de postura del Consistorio es positivo, pero no resuelve el resto de “injusticias” que genera el cobro del impuesto, como, opinan, no tener en cuenta la renta de sus habitantes, si reciclan o no bien, o la presión de los pisos turísticos en los barrios del centro.

La nueva ordenanza de la Tasa de Gestión de Residuos se aprobará en 2026 y tendrá en cuenta el número de empadronados en cada vivienda a 1 de enero de 2026. Aquellos que residan en un domicilio diferente al que figura en el padrón municipal podrán notificarlo a la Administración para que se le aplique la tarifa correspondiente en función del barrio en el que reside. Hasta ahora, el pago se calculaba sumando al valor catastral del inmueble el resultado de multiplicar la tarifa de generación fija (que varía en función del barrio) por el coeficiente de separación de desechos (buen resultado o no de la clasificación de residuos por barrio).

Con la modificación, ya no existirá una tarifa de generación única por barrio, sino que se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona empadronada a diez o más) en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026. De esta forma, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 subirá mínimamente de 141 a 142,6 euros de media.

Para mitigar el descontento social que genera la tasa de residuos, el Ayuntamiento ha vuelto a apostar por reducir el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la quinta bajada desde que Almeida llegó al Gobierno de la capital. En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que en 2025, según los cálculos que aporta el Consistorio.

“En Madrid se ha trabajado de forma rigurosa”, defendió Hidalgo el jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La responsable de Hacienda volvió a cargar contra el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) por imponer “de forma unilateral” la obligación de que los ayuntamientos repercutan en la ciudadanía el servicio de recogida y tratamiento de los desechos.

Desde que entró en vigor la ordenanza —el 23 de diciembre de 2024—, el Consistorio ha repetido como un mantra que la culpa es del Ejecutivo de Sánchez por aprobar la Ley 7/2022, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a cobrar un tributo que refleje “el coste real” de la gestión de los residuos. La norma es una trasposición de una directiva europea aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos: la UE exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025.

En respuesta al argumento del Ayuntamiento, los grupos políticos de la oposición en la capital esgrimen que el Gobierno municipal disponía de autonomía para diseñar un sistema que se ajustase a la realidad de los barrios de la ciudad.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra critica que el Gobierno de Almeida “se ha negado a incorporar ninguna medida que hiciera más justa” la nueva tarifa. “Esta tasa no resuelve nada. Ni incentiva que la ciudadanía recicle más, ni resuelve el problema de la limpieza ni la gestión de residuos en la ciudad. Mientras tanto, las familias madrileñas están cada vez más ahogadas y las empresas contratistas ganando dinero”, agrega.

Para Ladra, la ordenanza es “injusta” para las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI); para las personas que reciclan y gestionan bien sus residuos; para los barrios que aguantan las infraestructuras de recogida de residuos de toda la ciudad —como la planta de Valdemingómez—; y para los barrios del sur, “que siguen abandonados de los contratos de limpieza de esta ciudad y tienen que pagar igual que el resto”.

El Partido Socialista tampoco está satisfecho. La portavoz adjunta de los socialistas en la capital, Enma López, considera que la bajada del IBI “beneficia más a quien más tiene”. Por ejemplo, según la edil, una vivienda media en el barrio de San Cristóbal, en Villaverde, pagará 8 euros menos, mientras que una similar en Goya se va a ahorra 300.

Respecto a la tasa de basura, afirma que la modificación “llega tarde” y que el Ayuntamiento “sigue haciéndolo mal”. El PSOE continúa presionando para que Almeida acepte introducir cambios en la ordenanza de la tasa de basuras. La formación que dirige Reyes Maroto llevará al pleno de la semana que viene una proposición que incluye propuestas como excluir a las Viviendas de Uso Turístico del ámbito residencial e incluirlas como bienes de uso comercial o una reducción del 100% a las unidades familiares que se encuentren en riesgo de exclusión social y sean beneficiarias de la ayuda municipal de emergencia con informe favorable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, entre otras.