Alam, Ángel o Mariano. Seis madrileños desahuciados al día

El miércoles fue el turno de Ángel, que se libró en el último momento de tener que dejar su casa en la calle Robles cuando llegó una suspensión del juzgado. Dos días antes, el lunes, fue Alam, que por la mañana vivía en el 207 de Bravo Murillo y a media mañana estaba en la acera con su esposa apoyado sobre los muebles. La semana anterior, la policía entró a casa de Mariano con una grúa por la ventana para sacarlo de su casa de Vallecas en la que llevaba 52 años viviendo. Tetuán, Usera, Carabanchel, Vicálvaro Vallecas, Lavapiés... La misma escena se repite seis veces cada día en cualquier punto de Madrid. Según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2024, seis personas cada día son expulsadas de su casa en la capital. Unas 60 cada día en toda España. Después de casi una década bajando el número de desahucios, entre el verano de 2023 y el de 2024 se frenó una tendencia descendente y aumentaron los desahucios. Aunque entre julio y septiembre de 2024 hubo un ligero descenso, en la España “que va como un cohete” de Pedro Sánchez y en el Madrid “locomotora de España” de Isabel Díaz Ayuso, siete de cada diez desahuciados no puede pagar el alquiler a su casero y otros tres no pueden pagar la hipoteca al banco.

Una decena de policías, un funcionario del juzgado y un trabajador social frente a un portal son el rostro más dramático de la crisis de vivienda que se vive en la capital y uno de los argumentos de la manifestación que este domingo recorrerá el centro de Madrid convocados por la Plataforma Hábitat 2024, una asociación de 40 organizaciones sociales, vecinales, sindicales y colectivos del movimiento de vivienda de la Comunidad de Madrid que ha puesto el grito en el cielo ante lo que sucede en el centro del país.

Los últimos datos oficiales disponibles, julio a septiembre de 2024, confirman que el número de desahucios bajó un 3% a nivel nacional, pero no así en Madrid, donde hubo un 13% más de desahucios que el año anterior, según datos del CGPJ sobre lanzamientos ejecutados. De los más de 2.000 desahucios que había en Madrid en 2013 a los casi 550 de septiembre de 2024, siguiendo la tendencia de lo que sucedía en el resto del país el número de desahucios no dejó caer hasta que el verano de 2023 la curva cambió y los desahucios comenzaron a crecer trimestre a trimestre: 486, 659, 725, 831.... El fenómeno, no obstante, se siente con más dureza que en ningún otro lado en Cataluña, con casi el triple de desahucios diarios que Madrid cada día. Le siguen Andalucía o Valencia, en una lista en la que Madrid es la cuarta comunidad autónoma que más desahucia. Estos datos incluye todo lo que pasa por un juez y no tienen en cuenta fenómenos como los de empresas de desokupación que se mueven al margen de los juzgados.

Según el abogado José Valero, con un despacho en Madrid especializado en desahucios, el aumento más grande en su carga de trabajo es por incumplimiento de contrato de alquiler, pero no por falta de pago, sino por la expiración del mismo. “A veces hay una subida del precio, pero en otras ocasiones el dueño simplemente quiere recuperar su piso porque se ha divorciado o lo necesita para sus hijos. Entonces, cuando sale a buscar el inquilino, se da cuenta de que los precios están disparatados y aunque siguen pagando, se inicia un proceso judicial”, explica. El juicio puede durar entre uno y dos años, aclara, pero si se trata de un impago, el lanzamiento se ejecuta mucho más rápido, unos ocho meses, “porque no hay recurso posible, ya que para ello hay que estar al corriente de pago”, añade.

La suspensión de los desahucios para personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de este año aprobada a finales de enero, ha logrado frenar la sangría a pesar de que algunos abogados denuncian que se trata de un certificado que los servicios sociales dan “como churros”, aunque en realidad la ley solo aplica a quienes tienen diez pisos o más. En el caso de Mariano, trató de demostrar que Carmen Elzaburu, la Marquesa de Huétor de Santillán, envió al juzgado los registros de 13 propiedades, pero gran parte de ellas eran fincas y dehesas y no pisos. Y eso, para la justicia, no cuenta.

El día que una familia recibe un burofax con la orden de desahucio, también lo recibe el Samur Social, aunque con destinos muy distintos. A Mariano le ofrecieron tres días en un albergue y a Alam, casado y con tres hijos de 3, 6 y 10 años, le ofrecieron realojarlo temporalmente en un albergue, pero rechazó la ayuda porque, según explica, la familia debía separarse por sexos.

En su caso, hace dos años le llegó una carta de una señora que decía ser la propietaria del piso donde vivía. Era una mujer que había comprado desde Suiza el piso en subasta pública a la Sareb, el famoso banco malo de viviendas. La primera carta que recibió de su casera fue cuando la mujer decidió doblarle el precio del alquiler y pasar de los 700 euros actuales a 1.300. Precisamente una de las principales reivindicaciones de la manifestación de este domingo, además de la aplicación de los topes al alquiler que contempla la ley de vivienda, está dirigida al Gobierno central: que en el primer semestre de 2025 todas las viviendas de la Sareb pasen al parque público “para su utilización inmediata”.

Desde 2022, Sareb es una empresa pública controlada por el Estado en un 51% y el 49% restante está en manos de bancos como el Santander, que dispone de más de un 22% del accionariado, CaixaBank con un 12,2% o el Sabadell con un 6,6%. Hasta ahora, la entidad ha ido vendiendo viviendas (también otros activos como hoteles o edificios de oficinas) principalmente en el mercado, a inversores y familias, por lo que ha sido el sector privado el que ha puesto esos recursos que sirven a Sareb para amortizar deuda. En enero, Pedro Sánchez anunció la creación de una Empresa Pública de vivienda que incorporará 40.000 viviendas, 13.000 de ellas a corto plazo. Sin embargo, según Diego Sanz, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, la Sareb “es un organismo sin personal ni estructura territorial” que mantiene muchas de estas viviendas en el mercado, “ha recuperado viviendas que podría hacer accesibles con un alquiler social, pero han terminado subidas con alquileres altos a portales como Idealista”.

En la manera de afrontar el problema de la vivienda hay distintas sensibilidades dentro de la izquierda que hoy se echará a la calle. Reprochan que ni la presidenta Isabel Díaz Ayuso ni la Consejería de Vivienda ha aceptado reunirse con ninguna de las agrupaciones que exigen medidas urgentes en Madrid, pero sí lo hizo la semana pasada con la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la ‘Inquiocupación’. A partir de ahí las sensibilidades son muy distintas. Una parte de la izquierda exige aplicar la Ley de Vivienda sobre zonas tensionadas. Un poco más a la izquierda, hay propuestas para limitar el número de viviendas que puede tener una persona y reducirla a un máximo de tres. Y más a la izquierda aún, colectivos cargan de igual forma contra el gobierno central y autonómicos y agita la huelga de pagos de los inquilinos.