Burofaxes, obras, ruido e indemnizaciones: un año bajo la amenaza de desahucio por un fondo buitre en Tribulete, 7

Jaime Oteyza lleva viviendo junto a su pareja desde 2012 en Tribulete, 7, edificio del barrio madrileño de Lavapiés que compró la Socimi Elix Rental Housing hace casi un año, en marzo de 2024, con 54 familias dentro para darle un uso “residencial”. “Vivimos con el agobio de que cada mes puede ser el último, con lo que implica irse para una familia con dos hijos pequeños”, cuenta Oteyza. Como ellos, 35 vecinos se resisten a dejar sus casas. Tras casi un año viviendo bajo el riesgo de perder sus hogares, aseguran sufrir presiones por parte de Elix para que se marchen cuanto antes. Así, denuncian los problemas de ruido derivados de unas obras constantes, además de amenazas de desahucios para, añaden, “intimidar y amedrentar”, además de ofertas de indemnización para terminar de convencer para marcharse a quienes más sufran la situación.

Alfonso vive en la segunda planta del edificio desde hace 25 años. Al lado de una de las habitaciones de su casa (donde se produce la entrevista) muestra, a través de una ventana, el tubo por donde los obreros tiran los escombros de las obras de la última planta al patio interior. El ruido es constante. Alfonso asegura que uno de los operarios le reconoció que no suelen llevar a cabo reformas de esta envergadura con los vecinos aún viviendo en el bloque. “Normalmente, los escombros los tiran a la hora de la siesta”, concreta Oteyza, quien recuerda que los trabajos empezaron hace un mes. “A nuestros dos niños les está afectando el sueño. Están todo el día torcidos, con cambios de humor…”, explica.

Antonia lleva casi cuatro años viviendo en el edificio. Según cuenta, ha tenido que dejar de hacer cosas cotidianas en su casa por los estropicios causados por las obras, como no poder tender la ropa o quitar las macetas. Ella tiene claro el porqué de las obras: “Están presionando para que la gente se vaya”. Algo en lo que coinciden todos los vecinos. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, asociación que les está ayudando desde que se vendió el inmueble, ya les anticipó que algo así sucedería.

En este sentido, Oteyza recuerda una situación similar ocurrida en un edificio de Chamberí: “En Galileo 22, los vecinos decidieron abandonar en bloque el edificio porque a nivel psicológico era insostenible”, declara. “El ruido es permanente, si no es la radial son los escombros, si no los martillazos… es muy desesperante y una guerra constante”, lamenta Oteyza. La compañía propietaria del edificio explica que las obras están destinadas a “actualizar y mejorar las condiciones de seguridad, sostenibilidad y calidad para los inquilinos”.

Las obras no han sido la única novedad que ha acontecido por Tribulete, 7 durante este último año. Antolín Sánchez tiene 34 años y lleva toda la vida en el edificio. Tiene un contrato de alquiler heredado de sus abuelos que se rige por la renta antigua, una norma que abarca los contratos firmados entre 1950 y 1985 y que se encuentran congelados o con actualizaciones limitadas.

En su caso, Ellix ha ido un paso más allá de la comunicación inicial en marzo de que no renovaría su contrato.

En un segundo aviso de lanzamiento emitido el 11 de noviembre, la empresa aseguraba que su contrato era de 1987, con lo que cae fuera del rango de la renta antigua, y le instaba a entregar las llaves de su casa y marcharse antes del 31 de diciembre.

“Desde que me mandaron el burofax (el 11 de noviembre), he reformado la casa. No les tengo ningún miedo”, asegura Sánchez, que a día de hoy sigue en su piso. “Han ido a amedrentar, ya que otra persona que no conozca la ley, habría cedido y se habría marchado”, zanja antes de añadir que su abogada, Alejandra Jacinto, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, le ha contado que es una maniobra de coacción.

Coincide con ella Verónica Rodríguez, abogada especialista en vivienda en Legalitas: “Un desahucio solo lo puede determinar un juez”, asevera Rodríguez, quien asegura que la maniobra por parte de Elix de instar a un inquilino a abandonar su vivienda sin autorización judicial “no tiene amparo legal”.

“Es una práctica habitual de estos fondos, ya que mantener de inquilinos a contratos de renta antigua no les sale rentable económicamente”, añade.

Rodríguez avisa que incurrir en estas prácticas de forma recurrente puede ser una acción susceptible de denuncia, que se agravaría en el caso de que los inquilinos se pudieran considerar personas vulnerables, tengan o no a favor la sentencia de un juez.

Un vecindario unido contra un fondo buitre

La historia de Tribulete, 7 es parecida a la de otros bloques céntricos de Madrid, una zona donde los fondos de inversión se han hecho con edificios de un solo propietario con todas las viviendas alquiladas. A diferencia de otros casos, sus inquilinos se enteraron con antelación de la operación y pudieron organizarse.

“Pasas de vivir ignorante de quienes son tus vecinos, a tener relación con ellos, a conocerlos en el estado de nerviosismo que estábamos…”, recuerda Antonia. “Quisimos hacer unas acciones muy mediáticas para hacer ruido, ya que los fondos lo que quieren es trabajar con opacidad”, describe Oteyza. El objetivo de su movilización, continúa Alfonso, es que se viera “la finalidad especulativa de la compra del bloque para la construcción de viviendas de lujo o de uso turístico”. Sin embargo, tras dos meses de lucha, no consiguieron frenar la compra. “Una vez más, David venció a Goliath”, se lamenta Oteyza.

A partir de ahí, los vecinos, unidos en su causa, intentaron negociar colectivamente y ofrecieron a Elix “mismos contratos y mismas condiciones” para todos. “Elix lo único que quería era echarnos”, zanja Sánchez. Además, denuncian que la Socimi se ha dirigido de forma individual a algunos inquilinos, situación que confirman fuentes de la compañía. “A algunos han conseguido intimidarlos con las obras y se han ido con indemnizaciones de 3.000 a 9.000 euros”, asegura Sánchez. “Miseria y migajas”, ahonda Alfonso. “En una de las últimas reuniones que tuvimos con ellos, nos dijeron que ‘tenían dinero por castigo’, pero nosotros necesitamos una alternativa habitacional”, argumenta.

Un año de incertidumbre tras años de estabilidad

Pasar un año con la incertidumbre de que cada día en tu casa puede ser el último, ha sido lo habitual durante el último año en Tribulete, 7.

Así lo describe Sánchez: “He tenido bastante ansiedad e incluso he estado medicado por este tema. Cuando me llegó el burofax me puse muy mal. He pasado un mal verano, porque había mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar”.

Antonia, que tiene contrato hasta 2026, también afirma que ha sido un shock: “He pasado de tener ganas de estabilidad, de estar contenta en mi barrio y mi trabajo … a decir, ‘y ahora, ¿qué?’, tienes 57 años y reinvéntate con lo que ha cambiado el mercado inmobiliario en los últimos 11 meses, ¿a dónde voy?”.

Oteyza y su familia tienen claro que quieren seguir viviendo en Lavapiés. “Mi pareja y yo trabajamos. Nuestros hijos de uno y tres años están en la educación pública en Lavapiés. A mitad de curso, cambiar de centro supone para el mayor dejar todos sus vínculos y para nosotros también, porque tenemos una vida creada con amigos y los comerciantes de la calle”. Para su familia, irse a otra vivienda en el mismo barrio es una quimera. “Encontrar una vivienda con dos habitaciones en Lavapiés ahora mismo supera los 1.500 euros. Es el doble de lo que estamos pagando y no nos lo podemos permitir”, explica.

Un año después del inicio del cautiverio inmobiliario, estos vecinos de Tribulete, 7 no se han movido ni un ápice de su postura inicial. Resistirán, dicen, hasta el final. O hasta que consigan que Elix les ofrezca una contrapartida acorde a lo que ellos creen que valen los hogares donde llevan toda la vida.