De Lobato a Ayuso, los políticos de Madrid viven pendientes de los tribunales

El calendario judicial amenaza con engullir al político en la Comunidad de Madrid. Este viernes, el ya exsecretario general del PSOE en la región, Juan Lobato, declara como testigo en el Tribunal Supremo por registrar ante notario una conversación por WhatsApp con un cargo de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, en la que se le hacía llegar un email relacionado con el caso de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y cuya filtración ha llevado al encausamiento del Fiscal general del Estado. La polémica que rodea al dimitido líder de los socialistas en Madrid ha reventado los preparativos del congreso federal de su partido, y su propia campaña para ser reelegido en enero de 2025. Pero la transformación de una crisis política en un problema judicial no es ni mucho menos un grave contratiempo que afecte únicamente al PSOE. Más Madrid está en vilo por la evolución del caso Íñigo Errejón. El PP sabe que las reclamaciones por las muertes en las residencias ya han llegado hasta la Audiencia Nacional. Y como telón de fondo hay múltiples recursos cruzados sobre leyes madrileñas y decisiones de la Asamblea en el Tribunal Constitucional.

21 de noviembre. Habla Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. “Ustedes sigan con el business de las residencias, retorciendo el dolor de las víctimas: 19 sentencias judiciales nos han dado la razón, 61 archivadas se la han quitado a ustedes, a ustedes”, dice la presidenta mientras señala, primero, a la bancada de Más Madrid, y, después, a los representantes de Marea de Residencias, que agrupa a familiares de fallecidos en estos centros durante lo peor de la pandemia. “¿Con qué dinero están pagando todo esto?”, les pregunta. “No hacen más que perder en todos los juzgados (...). No sé de dónde sacan tanto dinero para ir malgastándolo en juzgados y mentiras”.

Esa inusitada interlocución, que interpela al mismo tiempo a la oposición y a unos invitados al pleno de la Asamblea, refleja cuan presente tiene Ayuso la judicialización de los protocolos que restringieron el acceso a los hospitales mientras se luchaba contra el virus. Los casos siguen tanto la vía penal, hasta ahora sin éxito, pero también la de la reclamación patrimonial, que se dirime ahora en la Audiencia Nacional. Y no es que la oposición le deje olvidarlo, precisamente, pues se lo recuerda pleno sí, pleno también.

A la presidenta le afecta también en un plano personal, que no de gestión, la investigación a su pareja, Alberto González Amador, por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Ese caso no solo ha marcado la política madrileña hasta el punto de prácticamente monopolizar su actualidad durante meses. También ha llevado a abrir una causa por revelación de secretos al jefe del ministerio público por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado del empresario, en el que el representante legal admitía la comisión de los dos delitos fiscales. Que se haya conocido que Lobato también tuvo acceso a ese email es lo que ha provocado su convocatoria como testigo el viernes en el Supremo.

Un embrollo sin fin que ha trasladado al PSOE una crisis que parecía exclusiva del PP, tan implicado en la gestión de un asunto que afecta a un particular como para que el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, se reuniera con González Amador, o para que el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, se haya hecho cargo del plan de control de daños consecuente.

Si la oposición ha intentado desgastar al PP de Ayuso con este caso; buscando anular en los tribunales la medalla concedida por su gobierno al presidente de Argentina, Javier Milei; o aireando que el propio Ejecutivo ha denunciado a la Fiscalía a un exalto cargo por la construcción de un centro de FP, el PP de Ayuso ha intentado desgastar a la izquierda con otros dos.

Uno es el que afecta a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional en su relación profesional con la Universidad Complutense. Así, los conservadores han impulsado una comisión para investigar ese supuesto “trato de favor” en la Asamblea regional.

El otro caso implica a Más Madrid, y está vinculado a la caída de su fundador, Iñigo Errejón, a raíz de una denuncia anónima por acoso publicada en redes sociales, y de otra registrada ante la policía de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá. Una herida abierta hace ya un mes, y que el partido no ha empezado ni a cerrar porque el PP se la recuerda un pleno sí y otro también; porque el caso se ha judicializado; y porque Loreto Arenillas, exjefa de gabinete de Errejón a la que la dirección acusa de “minimizar” el primer caso, no ha cumplido hasta ahora su promesa de dejar el acta de diputada.

Pero la lucha partidista en Madrid ya es por tierra, mar y aire. Y, por ello, hace tiempo ya que llegó al Tribunal Constitucional. La más alta instancia judicial de España tiene pendiente de resolver una decena de recursos de la oposición, el Estado o el Defensor del Pueblo contra decisiones adoptadas y leyes aprobadas tanto en tiempos del gobierno de coalición que formaron PP y Cs (2019-2021) como desde que los conservadores gobiernan en solitario (desde 2021 en adelante). A ello se le unen los numerosos pleitos abiertos por el Ejecutivo de Díaz Ayuso contra el Gobierno central, que dirige Pedro Sánchez. Una catarata de casos que explica que los políticos madrileños vivan pendientes de los tribunales.