Cinco familias de fallecidos durante los protocolos de Ayuso llegan con su reclamación a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional estudiará cinco demandas de hijos de residentes fallecidos sin hospitalización en Madrid durante la vigencia de los protocolos de triaje del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los casos son reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios, una vía distinta al más conocido cauce penal intentado sin éxito hasta ahora por cientos de familias que se han querellado contra Ayuso. Las familias solicitan entre 60.000 y 200.000 euros, según el abogado que las representa, Carlos Sardinero. Se trata de personas mayores que vivían en dos residencias, Montehermoso y Orpea Villanueva de la Cañada, ambas obligadas a cumplir el protocolo autonómico que restringió severamente las hospitalizaciones en marzo y abril de 2020.

Las familias que optaron por la pelea judicial han tomado distintos caminos, en tres órdenes jurisdiccionales: penal, civil y contencioso-administrativo. Mientras que los casos más sonados han sido las querellas contra dirigentes políticos y responsables de residencias, otras familias han recurrido a la vía civil, como por ejemplo han hecho los hijos de una residencia de Alcoi, Valencia, donde murieron 74 mayores. En ese pleito ante un juzgado de primera instancia de ese municipio, los hijos buscan que la empresa les indemnice; en estos otros cinco casos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, las familias reclaman los daños a las administraciones.

Cuatro demandas han sido presentadas ante la Audiencia entre mayo y noviembre, y una quinta será interpuesta en los próximos días, según el abogado Sardinero. El letrado explica que la demora de casi cinco años para llegar a este punto se debe a que las familias han tenido que agotar sus opciones ante las propias administraciones demandadas, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, como exige la ley. Además, Sardinero añade que ha peleado por conseguir que el órgano judicial competente fuera la Audiencia Nacional, en lugar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según la documentación facilitada a EL PAÍS. Los TSJ, explica el abogado, son ampliamente percibidos como más propensos a favorecer a las administraciones regionales. Finalmente, la Audiencia se declaró competente porque, según la ley, cuando son demandadas dos administraciones distintas, corresponde el caso a los magistrados del mayor ámbito territorial. Fuentes de la Audiencia indican que este tipo de procedimientos suelen tardar un par de años en ser resueltos.

Las demandas piden que se reconozca la responsabilidad solidaria de las dos administraciones, sin precisar el tanto de culpa. A juicio del letrado, una guía publicada por el Ministerio de Sanidad el 24 de marzo de 2020 es discriminatoria porque pide “suspender las salidas del centro para los residentes”. Este documento no pide limitar las salidas para ingresos hospitalarios. Se trata de la Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial.

Una de las demandantes, Laura Grela, es hija de Luis Grela, fallecido con 77 años sin traslado al hospital. En su caso, renunciaron a presentar una querella porque el abogado les advirtió de sus escasas opciones. Así, acabó recurriendo a la reclamación administrativa. “Jamás se hará justicia”, dice Grela. “Contamos con ello, porque una muerte no tiene reparación. Además, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en su soberbia infinita, nos ha calumniado en muchas ocasiones, acusándonos de retorcer el dolor de las víctimas. ¿Qué no entienden? Las familias somos también víctimas de su gestión criminal”.

En marzo se cumplirán cinco años de los sucesos y aún no se conoce ninguna victoria judicial de las familias. La presidenta Ayuso presumió la semana pasada en el pleno de la Asamblea de que 61 procedimientos habían sido sobreseídos, en referencia a los últimos datos publicados por la Fiscalía de Madrid. Según esa misma fuente, quedaban 38 procedimientos pendientes a 31 de diciembre de 2023. Estas querellas han sido investigadas por jueces de primera instancia de los partidos judiciales donde se encuentran las residencias en las que se produjeron las muertes. Decenas de familiares que han perdido en estas causas han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional porque consideran vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva, según las dos asociaciones que patrocinan a estos querellantes, Marea de Residencias y Verdad y Justicia.

Una portavoz de estas asociaciones, Carmen López, dice que los jueces se han limitado a “cubrir el expediente”. El mes pasado, estas dos asociaciones anunciaron una nueva vía de actuación que consistía en la presentación de una denuncia colectiva por un nuevo delito, la denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Sus querellas anteriores se habían presentado por los delitos de homicidio imprudente, omisión de socorro y prevaricación.

Con este nuevo delito confían en tener más opciones porque se considera probado sin necesidad de contemplar el resultado lesivo posterior a la infracción. Así, esquivarían el obstáculo con el que han topado hasta ahora y es que los jueces han exigido a las familias que probaran que sus padres hubieran sobrevivido de haber sido hospitalizados.

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