Juicio a la residencia DomusVi de Alcoi con 74 muertos en la pandemia: “Reviviremos el drama, pero queremos saber”

Se revivirá el drama de aquellos días, pero los familiares quieren hacer justicia. Quieren saber la verdad, qué pasó exactamente con sus padres, abuelas, tías, hermanos... 74 personas fallecieron en la residencia DomusVi de Alcoi, de gestión privada y titularidad pública, durante la fase más mortífera de la pandemia del coronavirus de 2020. “Tenemos sentimientos encontrados. Teníamos muchas ganas de que llegara el juicio, pero se removerán todos los sentimientos vividos en aquellos terribles días. Reviviremos el drama, pero queremos saber”, explica José Luis García Cantó, presidente de la asociación de afectados, a propósito del juicio civil que empieza este lunes en la ciudad alicantina como consecuencia de la demanda civil presentada por cerca de medio centenar de familiares de 18 víctimas.

La demandantes reclaman al conglomerado multinacional Quavitae Servicios Asistenciales SAU, matriz de DomusVi, y a la compañía aseguradora de la misma (Mapfre) “una responsabilidad civil superior a los dos millones de euros por el fallecimiento de 15 residentes y las lesiones sufridas por otros tres durante la pandemia”, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La vista comienza con la declaración de seis testigos de la parte demandante en en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoi, en el Palacio de Justicia, y concluirá el 11 de octubre con la lectura de conclusiones.

“La virulencia del contagio fue bestial. Llegó a afectar al 90% de los pacientes y del personal que trabajaba allí. Murió el 53% de los residentes que estaban allí en ese momento. El porcentaje de fallecidos debe ser el más elevado o de los más elevados de España”, indica García Cantó. “Con la información que tenemos, creemos que es el primer juicio por lo civil que se abre en España por la gestión de una residencia con ese porcentaje de muertos. Optamos por la vía civil, porque la penal hubiera sido muchos más lenta. Sabemos que se han archivado muchas demandas y otras se siguen retrasando”, añade el representante de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias Domusvi de Alcoi y Cocentaina.

Los demandantes acusan a la empresa gestora Domus Vi de caos organizativo, de falta de medios y una absoluta falta de información. Las principales acusaciones de los familiares están basadas en su propia experiencia y en otros testimonios. Uno que consideran clave es del jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del hospital Virgen de los Lirios de Alcoi, Manuel Pérez, que se hizo cargo de la dirección médica de la residencia cuando fue intervenida el 18 de marzo por la Consejería de Sanidad. El médico criticó la escasa colaboración de la dirección y que esta no tomara todas las medidas necesarias para aislar a los enfermos en el centro, que ocupa un antiguo hospital rehabilitado. Ahora ofrece 143 plazas de residentes y 19 en el centro de día.

En las primeras dos sesiones del juicio declararán 11 testigos de la parte demandante. En las dos siguientes, ocho de Quavitae y uno de Mapfre, la parte demandada. Posteriormente, será el turno de los peritos de ambas partes.

Todos los familiares de los 74 fallecidos no están representados en la demanda por diversas razones. Algunos desistieron porque no podían afrontar el gasto económico generado por un largo proceso de resultado incierto, como la contratación de abogado o la elaboración de informes periciales. Otros “no se encontraban anímicamente con fuerzas para entrar en un largo proceso”, apunta García Cantó. También hubo familias divididas, quienes no culpan a la empresa gestora y quienes manifiestan su desconfianza con la justicia. El juicio se aplazó el pasado mes de febrero por falta de documentación, tanto de la Generalitat como de la empresa gestora, según los demandantes.

Tras las muertes en la residencia DomusVi, en julio de 2020, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía entonces la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, se planteó revertir la gestión privada, pero el proyecto se aparcó ante la dificultades legales y administrativas. En 2002, la Generalitat, presidida por el PP, concedió la gestión privada del antiguo Hospital Civil de Oliver de Alcoi, construido en el siglo XIX, como residencia por 45 años, cuatro u ocho año, sin pagar ningún canon, solo con la contraprestación de reformar y adaptar el edificio.