Educación firma un convenio con el Sermas para garantizar las prácticas sanitarias a alumnos de centros públicos de FP

Hace ocho meses el instituto público San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón era el escenario de una crisis por la falta de plazas de práctica para los estudiantes sanitarios de Formación Profesional. Ahí mismo nacía el movimiento FP sin prácticas, al que se sumaban al menos 14 centros y casi 600 estudiantes.

El pasado lunes en esos mismos pasillos la Consejería de Educación de Madrid anunció un acuerdo con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para “asegurar el acceso a las prácticas de los alumnos del ámbito sanitario de Formación Profesional (FP) de centros públicos”, un requisito indispensable para graduarse. La noticia llega tras mucho tiempo de “desesperación” de los estudiantes por la falta de espacios, al verse afectados por la asignación de prácticas a los estudiantes de centros privados que daban una contribución económica al hospital, según informó EL PAÍS meses atrás. A pesar de que “parece ser una buena noticia”, algunos docentes y directores todavía tienen muchas dudas sobre su implementación, advierte CC OO.

El nuevo acuerdo, que estará vigente por los próximos cuatro años, beneficiará a los estudiantes de FP de Grado Básico, Medio, Superior y de cursos de especialización de centros públicos, según Viciana. “Podrán hacer sus prácticas en centros de trabajo y organizaciones que estén adscritas al Sermas, bien sean recursos sanitarios u otras instalaciones donde desarrollen su actividad”, indica el comunicado de prensa, sin detallar medidas puntuales.

¿Cuántas plazas serán? ¿Serán fijas? ¿Habrá plazas para los centros privados también? Ante las preguntas de este diario, la Consejería ha evitado responder.

Estas mismas preguntas las tienen los docentes, jefes de estudio, directores y centros en general, quienes, a pesar del anuncio, no han querido brindar su posición al no conocer más allá de las declaraciones orales de Viciana. “Parece una buena iniciativa, sin ninguna duda, y este convenio hacía falta, pero llega un año tarde. Nos gustaría conocer en profundidad el texto para hacer una valoración más técnica”, ha dicho Isabel Galvín, portavoz de CC OO. Y añade: “Es una forma de actuar más orientada a dar titulares y a la opinión pública, que a la profundidad y el rigor de las actuaciones, pues realmente nos quedamos con mucha incertidumbre”.

Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), coincide con este criterio, y asegura que tampoco han tenido acceso al texto del convenio. “Después del año pasado, en el que tuvimos muchos problemas, parece que podría ser una buena medida, pero habría que esperar a ver si lo plasman en un documento. Estas cosas están muy bien, pero hay que verlas luego como se desarrollan”, comenta.

El personal de los centros sanitarios también critica que todo el peso del proceso para ubicar a sus estudiantes en las prácticas recae sobre ellos. Ahora, según el comunicado, la principal encargada de organizar y distribuir a los estudiantes será la Comunidad de Madrid. “El SERMAS enviará cada año a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades la oferta de plazas disponibles para el siguiente curso escolar, por ciclo formativo y periodo de realización, y esta [la Consejería] asignará los puestos”, detalla el comunicado. Incluso, aseguran que habrá personas “encargadas de la Coordinación de Docencia y de las Prácticas, junto a un tutor para cada estudiante”. Galvín cuestiona esta última premisa: “Un tutor por alumno no creo que sea factible”.

Pagar por la plaza

Durante el último año, el problema se ha centrado en la poca cantidad de empresas sanitarias que aceptaban a los estudiantes de centros públicos, y de hacerlo, era con cuentagotas o tras mucho pelear. El motivo principal, según denunciaban docentes y directores, era que algunas de estas entidades ―en su mayoría hospitales públicos de gestión privada― pedían una compensación económica por admitir a los estudiantes y priorizan a los centros que pagan, los privados. Los montos se elevaban hasta 500 euros por alumno, según uno de los convenios que regulaba el proceso en algunos hospitales públicos de gestión privada a los que accedió EL PAÍS. Una de sus 24 cláusulas indicaba: “Destinará a los hospitales una cantidad de 500 euros por alumno y curso académico que realice sus prácticas”.

La pérdida de plazas de prácticas fue progresiva y coincidió con el bum de los centros privados en la región, según comentó una docente de manera anónima por miedo a represalias. “A partir de 2015-2016 surgieron muchos [centros] privados y ahí nace el problema de las prácticas en hospitales con los siempre que habíamos trabajado. De admitir a 12 alumnos de prácticas un curso, pasaron a ocho el siguiente, y de ocho, a seis, de seis, a cuatro, y así hasta llegar a cero”, cuenta. Entre estos hospitales se encuentran, por ejemplo, el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, el Infanta Elena o la Fundación Jiménez Díaz.

En el anuncio de este martes, Viciana achaca la culpa al Gobierno central, al asegurar que “perjudica la realización de las prácticas”. Principalmente debido a la decisión del los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Trabajo, de que todo el alumnado de Formación Profesional―unos 900.000 estudiantes― de grado medio (desde los 16 años) y superior (18 o más) que realice prácticas en empresas cotizará por ellas a la Seguridad Social. “Esto lo que hace es ahuyentar al sector privado y a todas esas empresas que de manera altruista y voluntaria acogen alumnos en prácticas”, argumenta el consejero.

Las organizaciones continúan a la espera de conocer el convenio para valorar el impacto real que tendrá para los alumnos. E insisten que este tipo de convenios también lleguen a otros ámbitos de la Formación Profesional, con otras crisis similares por las prácticas.