La factura rampante del hospital Fundación Jiménez Díaz: el coste para la sanidad pública madrileña sube un 26% en siete años

La factura del Hospital Fundación Jiménez Díaz, un gigante privado que trabaja para la sanidad pública madrileña, está subiendo de manera pronunciada año tras año debido a que absorbe un número creciente de pacientes de otros hospitales bajo el sistema de libre elección que implantó Esperanza Aguirre, un programa muy lucrativo para el propietario del centro, Quirónsalud, pero cuyos costes son criticados por la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El gasto ha crecido un 26% entre 2011, cuando la Comunidad abonó 327,1 millones de euros, y en 2017, último año disponible, cuando la cuantía aumentó a 413,5 millones, según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS por una solicitud de transparencia y que arrojan luz sobre unas cuentas caracterizadas por la opacidad y los retrasos. Este periódico pidió conocer también cifras más recientes, pero la Consejería de Sanidad respondió que aún no ha liquidado los ejercicios entre 2018 y 2022. “Se prevé que a lo largo del año 2024 se disponga de parte de la información solicitada”, contestó la dirección general económico-financiera del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Los datos analizados por EL PAÍS indican que la Fundación se ha convertido en una gallina de los huevos de oro para Quirónsalud, el poderoso grupo de la sanidad privada española. El coste creciente de la Fundación lo ha acercado al de los tres principales hospitales de la región, La Paz, el Gregorio Marañón y el 12 de Octubre. Sin embargo, su tamaño está muy por debajo de estos tres, que superan las 1.100 camas instaladas, muy por encima de las 651 del centro de Quirón. Los tres tienen más de 6.500 empleados, mientras que la Fundación emplea a 3.884 trabajadores. Gracias a esa plantilla más reducida, la Fundación reporta altos beneficios porque, según expertos en gestión sanitaria, el gasto en recursos humanos representa en los hospitales aproximadamente el 60% del total de costes.

En ese período 2011-2017, el presupuesto de los tres grandes hospitales del Sermas se mantuvo relativamente estable: La Paz pasó de 442 a 456 millones; el Gregorio Marañón de 444 a 456 millones y el 12 de Octubre de 400 a 395 millones.

¿Cuál es la causa del creciente coste de la Fundación? La respuesta está en los pacientes que vienen de fuera de su área asignada. La Fundación da servicio a los 440.164 habitantes de su área de influencia (distritos Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral de la capital), pero también a los madrileños de otras zonas que optan por ser tratados en este hospital o que son derivados a él como parte de un programa de reducción de listas de espera.

A diferencia de los hospitales de gestión pública, la Fundación abre sus puertas mañana y tarde, una disponibilidad que favorece esa generación de ingresos por cada persona atendida. Ha pasado de ver a 11.473 pacientes de fuera de su área en 2012 a 55.304 en 2017. La factura continuará ascendiendo porque en 2022 fueron atendidos 78.128 pacientes.

Otro motivo del aumento de la facturación entre 2011 y 2017 fue un aumento de la cartera de servicios determinada por el Ministerio de Sanidad, según un portavoz de la Consejería de Sanidad madrileña. Por otro lado, en 2017 se actualizó la orden de precios públicos de la Comunidad, con una profunda modificación, que supuso nuevas prestaciones más complejas, agrega este portavoz, que indica que eso también va a suponer un incremento importante en su facturación. Quirónsalud no ha respondido a la solicitud de este periódico, que le ha preguntado por el encarecimiento.

Tarifas seis veces más caras

La Comunidad le paga anualmente a Quirónsalud por los servicios prestados de acuerdo a unas tarifas establecidas en un convenio con este centro. Ese modelo de financiación fue cuestionado en 2018 por la Cámara de Cuentas, que reveló que los precios por algunos tratamientos son hasta seis veces superiores a los hospitales de gestión pública. El análisis de costes que hizo la Cámara de Cuentas aparecía en un anteproyecto de informe sobre el gasto entre 2011-15 que fue filtrado en 2018. La Cámara comparaba los costes de otros hospitales del sistema público con los de la Fundación y pedía cambiar el modelo de financiación de este hospital debido a su elevado coste. Sin embargo, el informe definitivo suprimió el epígrafe en el que instaba a esa revisión.

El análisis de la Cámara de Cuentas decía que el coste de la Fundación, excepto en urgencias, superaba al coste medio del grupo 3, el de los hospitales de mayor complejidad. La desviación más significativa correspondía a la cirugía mayor ambulatoria (la que no precisa hospitalización) cuya tarifa para la Fundación era de 3.612 euros, es decir, un 390% superior al precio medio (926 euros).

Es precisamente este tipo de actividad la que sobresale claramente en este hospital: en 2017, la Fundación hizo 28.569 procedimientos de este tipo, por encima de las 20.148 de La Paz, las 14.445 del Gregorio Marañón o las 12.924 en el 12 de Octubre. Sin embargo, la Fundación queda muy por debajo de estos hospitales en actividades más complejas como las cirugías con hospitalización (13.245 en la Fundación; 20.518 en La Paz; 16.500 en el Marañón y 18.196 en el 12 de Octubre).

Otro reproche de los críticos es que la Comunidad haya diseñado un sistema que beneficia a Quirónsalud. Este grupo es dueño de cuatro hospitales integrados en el sistema público madrileño, que asisten a casi 900.000 madrileños. Se trata de la Fundación, el mayor de todos con diferencia, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Valdemoro y el de Collado-Villalba. Los críticos señalan que estos hospitales se han especializado en actividades que le suponen a Quirón un gasto bajo y una compensación alta. “La Fundación es una máquina perfecta de selección de procesos de alta rentabilidad”, dice Javier Padilla, diputado portavoz de sanidad de Más Madrid.

Esos otros tres hospitales de Quirónsalud también han apostado por el programa de libre elección. El Rey Juan Carlos ha subido de 4.496 citas entrantes en 2012 a 58.630 en 2022; el de Valdemoro ha pasado de 830 en 2012 a 19.156 en 2022; y el de Collado-Villalba ha crecido de 2.039 en 2014 (cuando fue inaugurado) a 32.558 en 2022. Los cuatro hospitales de Quirónsalud son con diferencia los que más pacientes reciben de libre elección en la lista de los 29 hospitales para los que ofrecen datos las memorias del Sermas.

Esta tabla refleja una competición desigual favorecida por el doble modelo de financiación (uno para los hospitales públicos 100% y otro para estos centros privados). El PSOE madrileño advierte de que genera una grave distorsión porque los primeros no tienen incentivos para abrir por las tardes, de ahí su menor actividad. Tienen un presupuesto cerrado, asignado por el Sermas y cada nuevo procedimiento supone un gasto sin ingreso aparejado. Ese modelo ha causado fenómenos como el de la competición de los partos, que ha llevado a pequeños hospitales de gestión privada al top 10 del sistema público en Madrid.

“Este sistema limita a los centros de gestión pública y permite a los hospitales privados absorber actividad de áreas vecinas”, dice el portavoz sanitario en la Asamblea, Carlos Moreno, que pide un plan para que todos los hospitales abran por las tardes. Otra fuente de quejas viene de la opacidad de la gestión de estos hospitales privados integrados en la red pública. La Comunidad publicó por primera vez una auditoría de la actividad de la Fundación el año pasado. Esa falta de transparencia priva a los ciudadanos de conocer una información que tiene un gran impacto en la Hacienda pública.

Las cuentas definitivas de la Fundación se conocen con años de retraso porque este hospital cobra un adelanto (“crédito”) que aparece en los presupuestos, más una liquidación posterior, tras las auditorías, en la que se determina la cantidad pendiente de abono. El año pasado, la Comunidad pagó 1.390 millones a las empresas detrás de los hospitales de gestión privada (1.278 millones a Quirónsalud) por deudas que afectaban a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020. Este pago extraordinario se produjo después de la destitución de la interventora general de la Comunidad.

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