El PSOE ultima dos recursos al Constitucional contra el veto del PP de Ayuso a preguntas sobre MAR y la comparecencia de Leguina

El PSOE de Juan Lobato prepara dos recursos de amparo ante el Constitucional por el veto del PP de Isabel Díaz Ayuso a la fiscalización en la Asamblea de la actividad profesional del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez (que reaccionó al caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la baronesa con amenazas a periodistas) y de Joaquín Leguina (que ha sido nombrado presidente de la Cámara de Cuentas). Los socialistas discrepan de los motivos dados por la Mesa del Parlamento (con mayoría conservadora) para rechazar sus peticiones. Así, las preguntas sobre Rodríguez fueron rehusadas con el argumento de que el jefe de gabinete no gestiona, sino que asesora, por lo que no es fiscalizable. La propuesta de votar a favor de la libertad de prensa y para condenar los ataques a periodistas “por parte de responsables del Gobierno” no se admitió por estar recogida la primera parte en la Constitución y ser “más propia de una declaración institucional” la segunda. Y la comparecencia de Leguina fue tumbada por una estricta interpretación del reglamento de la Cámara.

“Si no podemos fiscalizar la actividad del jefe de gabinete de la presidenta, o pedir que el presidente de la Cámara de Cuentas venga a la Asamblea a contarnos cuál es su plan de trabajo, y a qué se va a dedicar, ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿De qué sirve el Parlamento?”, se pregunta Lobato. “Si la Mesa bloquea que esas iniciativas entre en el debate político, se cargan lo que es el Parlamento”, argumenta. “Pero es que es algo general, cualquier elemento de fiscalización lo bloquean”, se queja sobre el PP, que logró 70 diputados en las elecciones de 2023. “No entienden lo que es una mayoría absoluta, y que no significa que puedas hacer lo que quieras y que tengas derecho a que no se te fiscalice”, añade. “Es lo contrario”, subraya. Y remata: “Cuanto más absoluta es la mayoría, más transparencia, más escuchar. A Ayuso se le ha subido a la cabeza, pese a que bajó en votos, y en vez de interpretarlo como una oportunidad para gobernar con transparencia y participación, hace todo lo contrario”.

En los dos casos, las discrepancias tienen gran calado jurídico. En el de Leguina, el PSOE esgrime que la ley que regula la Cámara de Cuentas recoge en su artículo 44.3 que el presidente de la institución comparecerá “cuantas veces sea requerido para informar de los asuntos que la Asamblea le solicite”. El PP, por su parte, aduce que el reglamento del Parlamento, en su artículo 236, limita esa posibilidad a convocatorias destinadas a “la presentación de informes o memorias de dicho órgano”.

“¡Pero una ley tiene más rango que un reglamento!”, se queja Lobato en representación de un PSOE que también afronta una discusión jurídica de fondo en el caso de MAR.

Los socialistas querían convocar al ex secretario de Estado de Comunicación porque este amenazó a una periodista de elDiario.es con “triturar” su medio tras desvelar una investigación a la pareja de la presidenta, el comisionista Alberto González Amador, por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Posteriormente, Rodríguez envió a medios de comunicación el nombre, apellido y foto de dos informadores de EL PAÍS, a los que acusó falsamente de acosar a vecinos y menores mientras investigaban una ramificación de ese caso, creando un bulo que se acabó publicado sin comprobación alguna.

Pero el PP no dio su brazo a torcer en un asunto clave. Rodríguez, a juicio de los conservadores, no podía ser objeto de preguntas porque no es un alto cargo, ya que no tiene responsabilidades de gestión... pese a que MAR figura como alto cargo en el portal de transparencia, que refleja oficialmente el organigrama gubernamental; cumple por iniciativa propia en su perfil público de esa web con las obligaciones propias de un alto cargo (publicar su patrimonio, renta, gastos...); y tiene rango de director general.

Si el PP encontró argumentos para su posición en el artículo 11.1 de la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (“funcionará, como órgano de asistencia y asesoramiento, el Gabinete del Presidente”), la izquierda los encontró en el 11.3 de la misma norma (“el Jefe del Gabinete del Presidente, con nivel orgánico de Director general, será nombrado y, en su caso, cesado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente [como los altos cargos]”).

La batalla del Constitucional

Por todo ello acude el PSOE al Constitucional, convertido en uno de los principales campos de batalla entre el PP de Ayuso y la oposición de izquierdas. Por ejemplo, la Comunidad Madrid ha recurrido ahí la ley de amnistía estatal. A eso se suman ahora los dos recursos anunciados a finales de junio por el gobierno central contra la reforma de las leyes trans y contra la LGTBIfobia autonómicas, que fueron aceptados a trámite este jueves, lo que supuso suspender la aplicación de las partes recurridas de la norma.

Además, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre una decena de recursos pendientes de resolución o admisión que han sido interpuestos en los últimos años por la oposición contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional, incluyendo los que patrocinó Más Madrid la semana pasada por razones similares a los que motivan ahora los dos del PSOE.

Así, el partido de Manuela Bergerot considera vulnerados los derechos de sus diputados porque se impidió la comparecencia MAR, el acrónimo por el que se conoce al jefe de gabinete de Ayuso, y que la Cámara votara si instaba al Ejecutivo a destituirlo. La formación de izquierdas también llevó hasta el Constitucional el veto a una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia en la pandemia, y a que el Parlamento votara si instaba al gobierno a auditar la relación entre la Comunidad y el grupo Quirón, que es al mismo tiempo receptor de miles de millones de la Administración (con Quirónsalud) y el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta (con Quironprevención).

Además, Más Madrid patrocina otros dos recursos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo.

Por su parte, Podemos tiene registrado uno de amparo por la del suelo. Finalmente, al recurso ya admitido a trámite del Defensor del Pueblo contra un aspecto concreto de la ley trans, se unen los del PSOE contra la ley ómnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisión y radio autonómicas, y la aprobación de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no había los diputados suficientes.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.