Ayuso anuncia bonificaciones fiscales para los vecinos que hayan comprado una casa tras perder la anterior por culpa de la línea 7B

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que el Gobierno regional bonificará completamente los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados que paguen los vecinos de San Fernando de Henares que compren una casa de segunda mano para sustituir a la que hayan perdido por culpa de la línea 7B de Metro. La medida, que también afectará a las adquisiciones de locales y plazas de garaje de segunda mano, ha sido recibida con sabor agridulce por los afectados. De un lado, la aplauden, pues la venían pidiendo. Del otro, aseguran que las indemnizaciones recibidas por perder sus hogares no alcanzan en muchos casos para comprar una nueva vivienda, por lo que no todos podrán beneficiarse de la exención fiscal, y reclaman que el Estado haga lo mismo con el gravamen a la compra de vivienda nueva. La partida para financiar esta ayuda se incluirá en los Presupuestos de 2025, según Díaz Ayuso, y supondrá un ahorro medio de 18.000 euros para viviendas y comercios, y de 600 euros para el garaje, según ha precisado un portavoz gubernamental.

“Para poder bonificar la compra de viviendas, tenemos que poder comprarnos viviendas, y las indemnizaciones no son suficientes”, afirmó un portavoz de la plataforma de afectados, que vieron cómo sus casas se llenaron de grietas como consecuencia de la llegada del Metro hasta esta localidad de 40.000 habitantes, por lo que hasta ahora ha habido que condenar al derribo 73.

Así resumía la dificultad de adquirir una nueva vivienda tras perder la anterior por culpa del Metro el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), en una reciente entrevista con EL PAÍS: “Las indemnizaciones no son dignas. No les da para comprarse una vivienda. Sin embargo, ellos tenían en algunos casos sus casas pagadas. Y en otros casos, que es muy fuerte, hoy no tienen nada y siguen pagando hipoteca [de la casa derribada]”.

La Comunidad ya ha tenido que pagar 8.861.000 euros en indemnizaciones por las afecciones en 3 locales, 27 plazas de garajes y 34 viviendas, según información obtenida por este diario al amparo de la ley de transparencia y actualizada a mes de junio. En ese momento aún quedaban por pagarse 12 expedientes ya tramitados y otros 59 aún estaban en la fase de tramitación. De todos los afectados, solo 25 han mostrado su conformidad con la indemnización recibida, lo que augura pleitos judiciales para mejorar la cantidad ingresada.

Un problema más para la Administración por culpa de una línea de Metro que parece maldita.

En junio, el Gobierno regional, a través de su consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, dejó en el aire la reapertura del tramo de tres estaciones de la línea 7B de Metro que lleva cerrado casi dos años, tras haber alterado el subsuelo del municipio de San Fernando de Henares. Pocos días después, se supo que las obras para consolidar el terreno que rodea a la línea 7B de Metro en esta localidad madrileña han fracasado hasta ahora; que el túnel por el que deben pasar los trenes está “en un estado de grave inestabilidad estructural”; que su hundimiento se ha acelerado pese a todos los trabajos previos, en los que se han invertido decenas de millones de euros; y que hay “un grave peligro para personas y bienes” a lo largo del trazado. Al poco, además, se conoció que el ejecutivo asume que hay que retirar carriles de la vía o demoler 600 metros de plataforma ferroviaria para intentar salvar la infraestructura, y que está abierto a que las obras se prolonguen hasta 2026.

Cientos de beneficiados

Todo empezó en 2007, cuando Esperanza Aguirre inauguró una línea construida a toda prisa para que se pudiera estrenar justo antes de las elecciones autonómicas. Las obras alteraron el subsuelo, extremadamente soluble, al entrar en contacto agua con la sal que entreveraba los terrenos. Como resultado, el tramo del suburbano que une San Fernando con el Hospital del Henares lleva cerrado casi dos años, acumula un total de nueve clausuraciones en apenas 17 de vida, y han quedado condenadas al derribo 73 viviendas que han perdido pie, lo que ha afectado a casi 200 vecinos.

Sin embargo, los potenciales beneficiados por la medida que ha anunciado Díaz Ayuso son 220, según una nota de prensa distribuida por la Comunidad, que previsiblemente ha incluido en esa cifra a todos los afectados, pertenezcan o no a la misma familia, y sin que sea esperable que todos ellos adquieran ahora una casa. De lo contrario, significaría que la Administración regional reconoce que tiene previsto derribar 220 viviendas, y que, por lo tanto, puede llegar a conceder ese mismo número de bonificaciones fiscales.

“Aguardamos a que la Comunidad ponga por escrito cómo se va a proceder, y si estamos hablando de personas individuales o de viviendas”, resumió el portavoz de la plataforma de vecinos, que podrán aplicarse la bonificación con carácter retroactivo desde el reconocimiento de la indemnización por los daños ocasionados con las obras de la línea 7B a su paso por San Fernando de Henares y hasta los cuatro años posteriores.

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