Chamberí, en defensa de su santuario musical: “Cuando una escuela cierra, el barrio muere”

El quinteto de chavales sacó los instrumentos a la pintoresca Plaza Olavide en el distrito de Chamberí, ante una audiencia de 300 espectadores apiñados que, según cálculos la Delegación de Gobierno. Aunque parecía una sesión de música a la fresca, era un acto de protesta contra el cierre inminente de La Escuela Popular de Música y Danza, de casi tres décadas de historia, a la que Promociones Algara Gómez le comunicó por burofax que no renovaría el contrato de alquiler que venció en junio, porque tienen intención de vender todo el edificio. Los alumnos comenzaron el concierto con Ain’t No Mountain High Enough, un toque de blues bajo el sol estival de este miércoles, antes de darle paso a Patricia Monasterio, fundadora de esta escuela y música de profesión. “Este es uno de los grupos que estudian en la escuela y que tendrán que marcharse como tengamos que cerrar”, sentenció ante el nutrido grupo de vecinos que estiraban el cuello para no perderse la presentación. Si la escuela cierra, al menos 20 empleados ya no lo serán y más de 300 alumnos verán interrumpida su formación musical.

Al discurso de Monasterio, siguió el de Nydia Molina, amiga y socia de media vida, quien tomó el micrófono para preguntar a los asistentes: “¿Es este al barrio que queremos? ¿Dónde queda la cultura y los vecinos? Queremos recordar que cuando una escuela cierra, el barrio muere”. Una marea de aplausos tronó en el lugar y la música siguió para deleite de un público festivo, pero indignado, que coreaba las líricas de jazz y rock, mientras sacudía pancartas con consignas como “la avaricia rompe el barrio”.

Monasterio y Molina son colegas, socias y amigas desde hace tres décadas. Integraron un cuarteto de saxofón, antes de que la maternidad, que a ambas les llegó al unísono a mediados de los noventa, las impulsara a comenzar una idea de negocio en el número 22 de la calle de Trafalgar. Entonces, el establecimiento lucía muy diferente a la imagen actual: lo que hoy es la planta inferior, con salas insonorizadas y lleno de instrumentos, no era más que una infraestructura en obra gris. “Estaba con el piso de tierra y había hasta pájaros muertos”, recuerda Molina, mientras hojea sobre un piano Kingsburg de un negro solemne, el proyecto de la obra de remodelación. El dosier con fecha de 1996 incluye fotografías del antiguo establecimiento, del que solo se aprecia un subterráneo lúgubre y sin iluminación y una farmacia a pie de calle.

Ambas se pusieron manos a la obra. Llamaron a algunos amigos que conocían del mundo de la música para reclutarlos como primeros profesores. “Los primeros seis años trabajábamos para pagar las cuentas, solo teníamos la ilusión por el jazz. Nos gastamos 14 millones de pesetas para insonorizar el local y reformarlo entero”, ha narrado Molina a EL PAÍS, con los ojos bien abiertos y una gesticulación tan viva que contagia indignación. “Esto lo hemos construido nosotros, yo lo siento como si nos perteneciera”, remata.

Las fundadoras de la escuela no quieren tirar la toalla, por eso han decidido convocar a la manifestación de este miércoles, azuzadas por el respaldo vecinal —”vienen las madres llorando a decirnos qué podemos hacer”, afirma Molina— y un espíritu combativo —”por lo menos no irnos con la cabeza gacha, sino decir: ‘No estamos de acuerdo, esto es una injusticia”—. Sienten que en la plaza de Olavide se juega mucho más que el futuro de la escuela. “Nos parece importante darle visibilidad a lo que está pasando, ya no solo por nosotras y por la escuela. No puede seguir pasando esto, Madrid tiene que ser una ciudad más acogedora”, sentencia Monasterio, a quien la radiografía actual del mercado inmobiliario la empuja a evocar sus mejores recuerdos de la Movida Madrileña, época de bonanza cultural que vivió como una joven: “Ver ahora a Madrid así, nos da una pena espantosa. Vamos en un declive que asusta”.

Desmontar una escuela de música con 28 años de arraigo es una tarea agobiante. Aún no saben dónde meter los nueve pianos, ocho guitarras, cuatro baterías, xilófonos, y un arsenal de amplificadores, libros, partituras, fotografías, ordenadores y muebles. “Está siendo horroroso, no sabemos ni por donde empezar”, confiesa Molina. Todo esto, en pleno verano, cuando deben prescindir de las mensualidades de los alumnos por la época vacacional. “Tendremos que vender los instrumentos para pagar finiquitos. Nos han dejado en la calle”, se lamenta la propietaria de la academia.

Mudarse no es una solución. El gasto de tiempo, energía y dinero ya no se puede replicar en otro espacio. “Ya hicimos esa inversión aquí y nos costó años de créditos”, señala Molina, antes de que su compañera y socia complemente: “En Chamberí no hay locales de estas características y si nos vamos de aquí perdemos a todos nuestros alumnos, porque al menos el 80% son de este barrio”.

Las mujeres se comunicaron telefónicamente con la inmobiliaria tras recibir el burofax. “Le pedimos por favor que pensara de verdad lo que estaba haciendo, que no podía dejarnos en la calle”, reconstruye Molina. Pero, según el relato de las mujeres afectadas, Consuelo Algara, una de las administradoras de la empresa, respondió “que le daba igual, que ella no tenía que hacer una labor social”.

Promociones Algara Gómez es una inmobiliaria constituida el 22 de junio de 1998, con sede en la calle de López De Hoyos, 9, en el paseo de La Castellana. Monasterio asegura que la empresa pertenece a unos “grandes tenedores”, que se declaran perjudicados por las leyes impulsadas por el Gobierno central para regular los precios del alquiler, según las llamadas sostenidas con el arrendatario. No solo por eso, Molina y Monasterio sospecha que el bloque cambiará su uso al sector de la hostelería. “[Algara] nos dijo que uno de los motivos por los que quiere vender el edificio es porque la obligan a poner el ascensor y a reparar el tejado, que lo tiene fatal y con humedades”. Las inquilinas le preguntaron a la arrendataria por qué no vendía el bloque con la escuela dentro, pero “dijo que no, que si estaba vacío le pagaban más”, asegura Monasterio. EL PAÍS ha contactado a Consuelo Álgara, pero ha colgado cuando se le preguntaba por este conflicto, por lo que no ha sido posible conocer la intención del futuro comprador del edificio, ni qué decisión se ha tomado en relación con la escuela musical y las dos vecinas de renta antigua que aún viven en el bloque.

En Chamberí, la especulación inmobiliaria se ha cebado con el comercio de proximidad e inquilinos, como lo demuestran los casos recientes del edificio de la calle de Galileo, 22 —donde unos 50 vecinos mantienen un frente abierto contra la inmobiliaria dirigida por el hermano de Esperanza Aguirre—, o el cierre inminente de La Castafiore, el restaurante legendario donde los camareros se encargaban de que la ópera en vivo fuera parte del menú.

Basta con alzar la vista desde la puerta de la escuela para ver la transformación de la zona: un nuevo local de tapas de cadena ha abierto hace poco en el mismo lugar donde antaño había un bar castizo y, antes, una librería, que sucumbieron a la gentrificación. Molina alerta de que “si solamente hay bares y tiendas para comprar ropa, el barrio quedará como un parque temático para turistas”.

Por las instalaciones de la Escuela de Música Popular han pasado críos que el tiempo ha convertido en padres. “Tenemos fotos de niños que tenían 3 años y ahora tienen 30 años y que traen a sus hijos. Por aquí han pasado padres, hijos y abuelos”, ejemplifica Monasterio. En este santuario de la música se han formado artistas que hoy gozan de prestigio internacional, como Marta Sánchez o Javier Moreno.

Combativa y resiliente, la Escuela Musical Popular de Chamberí ha superado dos crisis económicas y una pandemia. Parecía que podía con todo, hasta que emergió una némesis mayor, empeñada en reducir al silencio este templo musical, tan imprescindible para la identidad del vecindario, como incapaz de reponerse al mercado inmobiliario que engulle a pedazos casi todos los barrios Madrid.

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