Mari Carmen, la inquilina de renta antigua que resiste al desahucio a los 84 años: “Voy a luchar hasta mi último minuto”

La herencia que recibió Mari Carmen tras la muerte de su padre ha permanecido intacta en un sobre por más de 60 años. Es un papel amarillento, ajado, escrito a máquina y fechado de 1956, época en la que los contratos de alquiler, o “de inquilinato”, eran indefinidos y vitalicios. Parece un objeto simbólico, pero vale su peso en oro. Este contrato de renta antigua le permite pagar 440 euros por un piso de 90 metros cuadrados en el centro de Madrid, toda una herejía para el feroz mercado inmobiliario de la capital, ávido de pisos como el de Mari Carmen, que se ofertan por encima de los 2.500 euros mensuales. Así lo han entendido dos empresarios del sector inmobiliario que, amparados en la letra minúscula de la ley, adquirieron el apartamento en 2020 con la intención de renovar el contrato para multiplicar su precio. Pero ella no tiene más plan B que aferrarse a los muros que custodian su vida entera. “Yo no me voy de esta casa, a mí no me mueven. Voy a luchar hasta mi último minuto”, afirma la mujer, recién afiliada al Sindicato de Inquilinas, mientras se cruza de brazos en el salón de su piso.

Mari Carmen Abascal Martín (Madrid, 84 años) llegó al barrio Ibiza hace 68 años, antes de que el gentrificado vecindario tuviese la apariencia actual. Donde hoy se aprecian edificios de varias plantas, de inquilinos fugaces que vienen y se van, arrastrando las maletas, la mujer recuerda un pastizal rodeado de casas sin agua ni luz, en el que “en la posguerra la gente cogía verduras para poder comer”.

Este barrio es todo lo que conoce. “Hemos crecido juntos”, afirma. Allí tiene el centro de mayores, la piscina, el médico, el traumatólogo, el cardiólogo y todos los ólogos que la hacen sentir tranquila a una edad en la que se agravan los achaques. Tras la muerte de su padre en 1959, se echó la familia al hombro. “He sacado mi casa delante con mi trabajo”, relata esta pensionista, que se ha ganado la vida como auxiliar administrativa durante 49 años.

La tranquilidad de esta vecina del distrito Retiro comenzó a evaporarse hace seis años con una carta remitida por la administración de la finca que le comunicaba la venta de la totalidad del edificio ubicado en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46, a la Renta Corporación Real Estate, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Según la ley, la empresa contactó a la inquilina en 2020 para ofrecerle la compra del piso por 247.000 euros. “No tenía ese capital ni loca y con 84 años no puedo pedir un préstamo”, se queja Mari Carmen.

Un día después de declinar la propuesta, el piso fue adquirido por la empresa Urbangestión Desarrollo e Inversión, una gestora que presume de una “cartera de inmuebles configurada por locales comerciales en zona prime, inmuebles de bancos, supermercados, oficinas y edificios residenciales en rentabilidad”, según detalla en su página web.

Los nuevos caseros de Mari Carmen le plantearon dos opciones: pasar de pagar 440 euros a 2.650 de alquiler o abandonar el inmueble. Ella intentó regatear hasta los 600 euros, pero la contrapropuesta estableció un mínimo de 1.650 euros de mensualidad. “Ellos ya sabían que yo solo tengo una pensión de 1.450 euros”, afirma Mari Carmen antes de soltar: “Que alguien me explique cómo puedo llegar a 1.650 y vivir... me gustaría preguntarles [a los nuevos propietarios] si les gustaría que le pasara esto a su madre”. Los administradores de Urban Gestion, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes ―titulares de más una decena de empresas en los sectores agroalimentario e inmobiliario―, decidieron llevar a Mari Carmen a los tribunales.

La figura de los contratos que hoy se conocen como de renta antigua fueron regulados en la Ley de arrendamientos urbanos de 1964, que cobija a aquellos contratos firmados ente 1950 y 1985. Pensados para facilitar el acceso a la vivienda en un contexto económico delicado, se caracterizan por ser de larga duración, tener precios muy bajos y mínimos índices de ajuste, correspondientes al IPC. Actualmente, quedan cerca de 120.000 contratos vigentes de este tipo. Se pueden heredar, pero a partir de la segunda subrogación, como es el caso de Mari Carmen, la vigencia del contrato se restringe a dos años, a menos que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65%. A Mari Carmen le han diagnosticado una discapacidad del 50% por un desvío en la columna y dos prótesis que tiene en la cadera, lo suficiente para no moverse en plenitud, el umbral dispuesto por la normativa.

La Justicia le dio la razón a la inquilina en primera instancia, pero los Alonso encadenaron una serie de apelaciones que desembocaron en una sentencia del Tribunal Supremo en favor de los nuevos propietarios. Mari Carmen debe marcharse por sentencia judicial. Fernando Alonso, uno de los propietarios del inmueble, ha defendido que el proceso de compra del inmueble y de cancelación del contrato ha cumplido todos los requisitos legales. Afirma que han tenido en cuenta “todo el tiempo” las condiciones económicas y familiares de la mujer: “Le hemos ofrecido que siga en la vivienda con un contrato por debajo [del valor] del mercado”. El empresario inmobiliario ha afirmado por teléfono que perseguirá” el cumplimiento de las sentencias”. “Que nos diga cuando quiere dejar el piso y, pacíficamente, que se marche cuando encuentre algo”, ha zanjado.

El pleito legal con Urbagestión agravó los problemas de sueño de Mari Carmen, quien ha adquirido cierta dependencia a los somníferos, un caso nada extraordinario en el país con mayor consumo de benzodiacepinas. “Me puedo dormir, pero con pastillas. A las cuatro horas me despierto y ahí vueltas y vueltas. Tengo un estado de estrés interno que no me deja conciliar el sueño”, ha explicado. Frecuenta al psiquiatra porque siente merodear el monstruo de la depresión. “Es una espada que tengo que aquí detrás —describe con las manos puestas en la nuca— espero que no me corte, pero sé que puede cortarme”.

Enmienda Mari Carmen

Tras más de un lustro de preocuparse en soledad, Mari Carmen se afilió el pasado febrero al Sindicato de Inquilinas de Madrid, un colectivo que, desde 2017, vela por los derechos de quienes viven en alquiler, es decir, el 25% de los madrileños, según el censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). El sindicato alerta: “Cada vez son más las personas de avanzada edad, titulares de alquileres de renta antigua, que acuden a nuestras asambleas denunciando acosos e intentos de estafa por parte de la propiedad, a menudo inmobiliarias y fondos de inversión que han comprado recientemente sus viviendas”.

El colectivo considera que la situación de Mari Carmen “no es un caso aislado”, por ello proponen una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que elimine el límite de dos años que prevé la normativa para las descendientes del subrogado que no cumplen el requisito del 65% de discapacidad. El sindicato afirma que se trata de una reforma simple, “apenas 44 palabras que están poniendo en riesgo la tranquilidad de centenares de pensionistas durante sus últimos años de vida”, precisan en una nota de prensa.

A Mari Carmen le hace ilusión que su nombre se inmortalice en una enmienda legislativa “que marque un precedente, para que los demás que vengan detrás también se beneficien”. Sabe que “hay mucha gente” en su misma situación y que “esto hay que cortarlo de alguna manera”.

Divorciada y sin hijos, Mari Carmen vive en medio de una soledad inquebrantable. La porta con el orgullo propio de quien ya se ha resignado. Tiene espíritu coleccionista, a juzgar por el sinfín de objetos colgados, puestos o exhibidos en el arsenal de repisas y mesas que copan todo el hogar. Detrás de cada pieza hay una historia que la hace viajar a distintos rincones del mundo.

El cuadro tejido que trajo de Caracas, las acuarelas que compró en París, la alfombra de Turquía, el poncho de Argentina. “Todo en esta casa son recuerdos”, evoca. Marcharse implicaría, entre otras muchas cosas, deshacerse de al menos dos tercios de los muebles. “Los he comprado con mi esfuerzo, con mi trabajo y el de mis padres”, señala la octogenaria, plenamente consciente de que la pensión que percibe difícilmente le alcanza para realojarse en Madrid, “ya ni siquiera en Móstoles”. Pero eso son casos hipotéticos, porque ella no contempla otro escenario que quedarse: “Quiero luchar porque mi vida continúe en el sitio donde he crecido y donde he vivido con mis padres”.

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