Sin transparencia no hay democracia

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública son elementos indispensables de cualquier democracia liberal. En nuestro país, la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, constituyó un avance sustancial para la calidad democrática de nuestras instituciones, al ser directamente aplicable a todas las Administraciones.

Se trataba de ajustar las actuaciones de los poderes públicos a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Inspirada en la norma estatal, Madrid aprobó la Ley 10/2019 de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Esta Ley madrileña, previa a la llegada de Isabel Díaz Ayuso, si bien era una ley mejorable, tuvo el efecto positivo de poner de manifiesto en nuestra región la relevancia de la transparencia de las administraciones autonómicas, el derecho de acceso de los ciudadanos, el buen gobierno y la apertura de lo público. Esta norma establecía un punto de partida, insuficiente pero necesario. Así, la ley de 2019, entre otras cuestiones, creaba un Consejo de Transparencia y Participación, autónomo e independiente, y adscrito a la Asamblea de Madrid.

El Partido Socialista de Madrid, que siempre ha defendido la necesidad de seguir mejorando la Ley, no puede aceptar en modo alguno la reforma de la Ley de Transparencia de 2019 emprendida por la presidenta Ayuso mediante la reciente Ley 16/2023, la que podríamos llamar “Ley antitransparencia de la Comunidad de Madrid”. Por cierto, aprobada el día de la lotería de Navidad, para tratar de pasar desapercibida.

Esta modificación es altamente tóxica para la transparencia, ya que suprime tal y como lo conocemos el Consejo de Transparencia, y para cubrir el expediente, crea otro organismo que pasa a depender directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y no de la Asamblea.

En definitiva, la reforma operada viene a desmantelar el sistema de transparencia vigente. Por ello nos oponemos frontalmente a esta reforma y vamos a trabajar sin descanso para impulsar el cambio y la alternativa política que necesita la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar el funcionamiento abierto, transparente e íntegro de las instituciones públicas madrileñas. Por esta razón recurriremos esta reforma ante el Tribunal Constitucional.

Sin transparencia no hay democracia. La transparencia defiende y es básica para la honestidad pública como principio fundamental. Esto es esencial, por ética y esencia de una democracia liberal como la nuestra, y por la práctica eficaz en la gestión pública. Yo lo apliqué siempre. En el Ayuntamiento de Soto del Real, lo primero que hice como alcalde fue digitalizar todos los trámites y dar las claves de acceso a todos los concejales de la oposición a absolutamente toda la documentación municipal. Y es que la transparencia es un antídoto contra la política y los políticos que pretenden utilizar las instituciones en su beneficio particular.

Como ejemplo de todo ello, creo que conocer la verdad de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia no es un ejercicio de revancha política contra nadie. Esa verdad es imprescindible para evitar cometer los mismos errores, como lo es también para garantizar la reparación y la justicia a las familias afectadas.

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