Cierra por irregularidades urbanísticas la guardería de Pozuelo acusada de malos tratos a los niños

La causa judicial contra la guardería privada Pecas de Pozuelo de Alarcón (Madrid) suma ya 21 niños de 0 a 3 años víctimas de supuestas lesiones y vejaciones, agrupados 18 de ellos en una acción de defensa conjunta con un mismo letrado y otros tres cada uno con su abogado, detallan este miércoles fuentes jurídicas a EL PAÍS. De estos 21 niños, la mayoría son hijos de jugadores del Atlético de Madrid, como un niño de Álvaro Morata y una niña de Antoine Griezmann, y también hay de famosos, como el hijo del cantante Huecco. A este centro, un lugar idílico, privilegiado y con todas las comodidades, incluido un jardín de 3.000 metros cuadrados con distintas zonas de juego y una piscina, clases de música y consultas de homeopatía, logopedia y psicología, acuden desde hijos de jugadores de fútbol hasta de cantantes y empresarios que residen en urbanizaciones de lujo de la zona. El jueves cerrará sus puertas por un asunto ajeno a este escándalo: ha sido clausurada por el Ayuntamiento a causa de irregularidades con la licencia.

El número total de investigadas por la magistrada del Juzgado número 3 de Pozuelo asciende de momento a seis, cinco de ellas trabajadoras de la guardería y la sexta, la propia directora del centro, que también participaba supuestamente en los hechos y que tenía las cámaras en su despacho y veía todo lo que estaba ocurriendo. Todas están acusadas de un delito de lesiones y, lo que es más grave y conlleva una mayor pena, de otro delito contra la integridad moral de los menores, aunque una de ellas lo está como cooperadora necesaria. Además, la socia de la directora ha sido ya citada como testigo y volverá a declarar nuevamente en una vista fijada para el 29 de febrero, a la que acudirán también los representantes legales de las familias afectadas. En su primera comparecencia, aseguró que su papel en la escuela era solo económico.

Tanto el alto número de personas investigadas como de niños afectados revela que se trataba de “una práctica generalizada” en el centro privado de lujo, según las mismas fuentes. En las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto y en las realizadas con su móvil por la becaria que destapó el caso se ve “de todo”, desde agresiones como empujones, pisotones y tortazos a insultos, aislamiento y castigos en cuartos oscuros. Sobre todo, son humillaciones a los menores. Este proceder contrasta con los testimonios dejados por muchos padres en internet. “El trato con los niños y el cariño que les dan es increíble”, “se nota el cariño y la profesionalidad de las profes”, “se llevan de Pecas un aprendizaje de por vida, una experiencia vital”, comentaban unas madres en la web de Micole.net.

La guardería ha dado de baja sus redes sociales y su página web y, este jueves, cerrará. El Ayuntamiento de Pozuelo notificó telemáticamente la tarde del martes una orden de clausura que, de no ser obedecida, “conllevaría el precinto” del lugar, advertían fuentes municipales. La dirección del centro ha enviado este mismo miércoles por la tarde un correo para informar de la situación a las familias y alentarles de que, a partir del jueves, no hay clases. Por la noche, todos los inmuebles del centro tenían precinto policial, incluida la piscina. Las fuentes municipales subrayan que este asunto “es meramente urbanístico” y no tiene “nada que ver” con la investigación judicial.

Así, el cierre obedece a la apertura de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento por operar sin la documentación necesaria y otro de suspensión y cese de actividad. Tras estallar el caso, explican estas fuentes, el consistorio llevó a cabo una inspección de oficio en la que se descubrió que el centro tenía licencia de obras y actividad para el edificio principal, pero no para cinco construcciones aledañas, cinco cabañas prefabricadas de madera tipo canadiense, que se habían añadido después de su apertura en 1993. La multa a la que se enfrentan por funcionar sin esta licencia es “de hasta 600.000 euros” por casita, además del cierre del negocio, aunque el Ayuntamiento no descarta que las construcciones sean “legalizables”. El Consistorio ha buscado 30 plazas en centros municipales y de la comunidad para realojar a los niños afectados que no tengan otra alternativa.

El caso partió de la denuncia de esta cuidadora de 19 años que trabajaba en prácticas en el centro, situado en la avenida Juan Pablo II, a través de un convenio con una universidad y que, según fuentes judiciales, “vio algo que no le gustaba”. “Tiene una familiar que trabaja en los Cuerpos de Seguridad del Estado y le consultó si podía grabarlo con el móvil, lo hizo y fueron con las imágenes a poner una denuncia a la policía, que se alarmó y comenzó una investigación”, relatan las fuentes.

Aunque esta investigación se había iniciado “tiempo atrás”, el caso se hizo público el 23 de noviembre, cuando la Policía Nacional detuvo a dos empleadas de entre 40 y 50 años por supuestamente insultar y pegar a varios de los niños que cuidaban. Ambas fueron acusadas de los mismos dos delitos, lesiones y contra la integridad moral, pero una de las empleadas, que llevaba “mucho tiempo” trabajando allí, lo está como supuesta autora de los malos tratos. La otra, más joven, por omisión y ser su cómplice. Ambas fueron puestas en libertad con cargos.

A la supuesta autora de los hechos, la juez le impuso medidas cautelares: una orden de alejamiento de 500 metros del centro y la prohibición de participar, trabajar o colaborar en ninguna actividad pública, particular lúdica, educativa o deportiva, en las que intervengan menores. El pasado diciembre, la policía arrestó a dos trabajadoras más por presunto maltrato. Tras declarar en sede judicial, también quedaron en libertad con orden de alejamiento. Posteriormente, se citó como investigada a la directora y a su socia, como testigo.

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