La guardería privada de Pozuelo en la que se investigan malos tratos será cerrada por carecer de licencia para cinco cabañas
El Juzgado número 3 del municipio madrileño investiga a seis trabajadoras por la presunta comisión de delitos de trato degradante y otro de lesiones a raíz de una denuncia de una empleada en prácticas
La escuela infantil privada Pecas de Pozuelo de Alarcón, en la que se investigan desde el pasado mes de noviembre presuntos malos tratos por parte de las cuidadoras a los niños, no tiene licencia municipal para cinco construcciones anexas al edificio principal, por lo que será clausurada en breve por parte del Ayuntamiento de la localidad madrileña, según indican a este diario este martes fuentes municipales. “El Ayuntamiento de Pozuelo ha abierto un expediente sancionador a la guardería por operar sin la documentación necesaria y otro de suspensión y cese de actividad, que será ejecutado en breve, un par de días”, detallan las mismas fuentes.
La guardería sí tiene licencia de apertura y actividad desde su nacimiento, en contra de lo que publicaron otros medios. El negocio abrió en 1993 con un edificio con “una licencia de obras y de actividad”, pero a posteriori plantaron cinco construcciones anexas a la edificación original, en concreto cinco cabañas canadienses prefabricadas de madera, para las cuales no pidieron los correspondientes permisos. “A raíz de la notoriedad del caso, del revuelo mediático y de la preocupación social, a primeros de diciembre el Ayuntamiento decidió hacer una inspección de oficio para garantizar que todo estuviera correcto, sin denuncia ninguna, y en dicha inspección aportaron la licencia de obras y actividad del edificio principal, pero no de las otras cinco construcciones”, precisan las fuentes del Ayuntamiento. La multa a la que se enfrentan por funcionar sin esta licencia es “de hasta 600.000 euros” por cabaña, además del cierre del negocio. El Ayuntamiento, que apunta a que las casitas pueden ser “legalizables”, destaca que este asunto “es meramente urbanístico” y no tiene “nada que ver” con la investigación judicial. De hecho, a fuentes judiciales no les consta que estos datos obren entre las actuaciones judiciales.
La escuela sigue, de momento, abierta. “¿Por qué no iba a estarlo?”, ha contestado este martes una mujer en el teléfono de la guardería, que no se ha querido identificar. “Desmiento rotundamente que no tengamos licencias, es todo mentira”, ha añadido antes de colgar. A dicho centro, un lugar idílico y privilegiado, cuidado al detalle y con todas las comodidades, incluido un enorme jardín arbolado de 3.000 metros cuadrados con distintas zonas de juego y una piscina, acuden hijos e hijas de 0 a 4 años de jugadores de fútbol como Álvaro Morata, Antoine Griezmann, Saúl, Mario Hermoso, además de hijos de cantantes y empresarios que residen en urbanizaciones de la zona.
La jueza que instruye el caso, la magistrada del Juzgado número 3 de Pozuelo, investiga a cinco cuidadoras, a la directora y a su socia, han señalado a este diario fuentes jurídicas. Tres de las cuidadoras están acusadas de la presunta comisión de delitos de trato degradante y otro de lesiones a raíz de una denuncia de una empleada en prácticas que grabó vídeos en los que se constataban los hechos y el resto, por encubrimiento.
Las primeras detenciones, en noviembre
Las primeras pesquisas sobre esta guardería se produjeron el 23 de noviembre, cuando la Policía Nacional detuvo a dos empleadas de entre 40 y 50 años de la guardería privada por supuestamente insultar y pegar a varios de los niños que cuidaban, según informaron a este diario fuentes judiciales y de la investigación. Ambas fueron acusadas de los mismos dos delitos, lesiones y contra la integridad moral, pero una de las empleadas, que lleva mucho tiempo trabajando en las instalaciones, lo está como supuesta autora de los malos tratos. La otra, más joven, por omisión y ser su cómplice. Ambas fueron puestas en libertad con cargos.
Además, a la supuesta autora de los hechos la juez le impuso medidas cautelares: una orden de alejamiento de 500 metros del centro y la prohibición de participar, trabajar o colaborar en ninguna actividad pública, particular lúdica, educativa o deportiva en las que intervengan menores. El pasado diciembre, tras comprobarse que era una “práctica generalizada”, la policía detuvo a tres trabajadoras por presunto maltrato. Tras declarar en sede judicial, también quedaron en libertad con orden de alejamiento. Posteriormente se citó como investigadas a la directora y como testigo a su socia.
La investigación se inició “hace tiempo”, a raíz de la denuncia de una cuidadora de 19 años que trabajaba de becaria en el centro, situado en la avenida Juan Pablo II, a través de un convenio con una universidad y que, según fuentes judiciales, “vio algo allí que no le gustaba”. “Tiene una familiar que trabaja en los Cuerpos de Seguridad del Estado y le consultó si podía grabarlo con el móvil, lo hizo y fueron con las imágenes a poner una denuncia a la policía, que se alarmó y comenzó una investigación”, relatan fuentes judiciales.
El juzgado decretó el secreto de sumario para “manejar el asunto con mucho cuidado, al ser menores” y porque había que analizar las grabaciones, tanto las del centro como las del móvil. Las de la guardería no tienen sonido y son en blanco y negro, pero son “también interesantes para la investigación de la causa”.
En las imágenes se ven presuntas humillaciones a los menores, entre ellas cómo los increpan diciéndoles que sus “padres son ricos” y también agresiones. El secreto del sumario se levantó el 29 de noviembre. La educadora sometía a los niños a cachetes, bofetadas, pisotones, encierros en cuatro oscuros e insultos. Los investigadores hablaron con los padres, que desconocían lo que estaba pasando, y se citó a los posibles perjudicados para que puedan denunciar y personarse como acusación particular en el procedimiento judicial. Según la SER, es el caso de los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Mario Hermoso y del cantante Huecco.
Cuando se produjeron las primeras detenciones, la dirección del centro señaló que era la primera interesada en esclarecer los hechos y ofreció su total colaboración con las autoridades. “Os agradeceríamos que esperarais a que termine la investigación. Cuando tengamos alguna notificación que comunicar, lo haremos”, señaló una trabajadora a este diario por teléfono, para subrayar que la guardería tiene un historial “impecable” en sus 30 años de trayectoria y que es la primera vez que sucede un hecho de estas características. Por su parte, “Inspección Educativa abrió expediente, pero hay que esperar a que se resuelva la investigación judicial abierta”, indica la Consejería de Educación.
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