Ayuso abre otro frente a Sánchez al recurrir en los tribunales la orden de Sanidad de usar la mascarilla en los centros sanitarios

El choque jurídico continuo que protagoniza la Comunidad de Madrid contra las decisiones del Gobierno de España no tiene fin, y ya alcanza a las medidas adoptadas para combatir la expansión de la gripe y otros virus respiratorios: el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad que hizo obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios (hospitales y atención primaria) desde el 10 de enero y hasta este mismo miércoles, cuando ha dejado de surtir efecto, según una disposición publicada en el Boletín regional. Madrid acumula una quincena de recursos contra las decisiones del Ejecutivo central desde 2019, cuando la actual presidenta llegó al poder, y solo en las últimas semanas ha abierto frentes jurídicos por el Plan Hidrográfico del Tajo o un contrato para formar a las familias que acogen a menores tutelados. En todo caso, la tramitación de la orden referente a las mascarillas levantó ampollas y protestas entre los representantes de regiones de todo signo político. Desde su misma gestación se dio por sentado que acabaría en los tribunales, aunque, por ahora, solo Madrid la ha recurrido, según un portavoz del ministerio.

“Nos apoyamos en los informes de los servicios jurídicos, y por dos motivos principales”, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa. “En primer lugar, en la reunión del consejo interterritorial del sistema nacional de salud (CISNS) del pasado 8 de enero en la que el Ministerio propuso esta medida no se llegó a un acuerdo con las Comunidades Autónomas”, ha iniciado su enumeración. “[En segundo lugar] esa orden no justifica la situación de emergencia que avale de manera científica y técnica el uso obligatorio de la mascarilla y, por tanto, que se pueda imponer sin ese consenso previo de las Comunidades”, ha seguido. “La orden del ministerio adolecía de todas esas cuestiones”, ha insistido. “Fue una cuestión totalmente improvisada para tratar de ocultar la total inactividad del Ministerio durante diciembre y los primeros días de enero”.

Así ha contestado la ministra Mónica García a la decisión de Madrid. “Utilizar medidas que son de consenso, científicas, como herramienta arrojadiza política es erróneo”, ha dicho en declaraciones a RNE la antigua rival de Díaz Ayuso en la Asamblea, donde hasta finales de 2023 encabezó la oposición de Más Madrid. “La mascarilla es una herramienta para proteger la salud de una pandemia, después de la pandemia deberíamos haber aprendido que es el mínimo imprescindible”, ha seguido. “Espero que las diferentes Comunidades, y sobre todo la de Madrid, piense bien de qué estamos hablando, y si va a utilizar cualquier medida beneficiosa para los ciudadanos como un arma arrojadiza jurídica. Nosotros vamos a seguir velando por la salud de los ciudadanos en general, y de los madrileños en particular”.

No obstante, las protestas contra la forma en la que se adoptó esta medida fueron comunes a todas las regiones, independientemente del partido que las gobierne. El lunes 8 de enero comenzó el fuerte crecimiento de los contagios de virus respiratorios (en particular, de gripe) y llevó a Sanidad a convocar un pleno extraordinario del CISNS para proponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales. Cuatro autonomías ya estaban aplicando esta medida y al día siguiente se sumaron otras dos, pero el resto era partidaria de limitarse a hacer una recomendación.

Incluso las comunidades que están de acuerdo con el fondo ―obligar a usar el tapabocas en centros sanitarios― critican la forma. Aseguran que la propuesta se distribuyó comenzada la reunión, por lo que no se pudo realizar una evaluación previa. Y que se saltó los procedimientos habituales en estos casos: un estudio de la Ponencia de Alertas ―el grupo de técnicos de comunidades y ministerio que, por ejemplo, establecían los niveles de riesgo en la pandemia―, seguida de una reunión de la Comisión de Salud Pública ―que integran los directores generales de la materia― que emita un informe.

El recurso anunciado este miércoles se suma a otros precedentes en el terreno sanitario por un motivo parecido: el uso por parte del ministerio de la declaración de actuaciones coordinadas. Así, actualmente se encuentran pendientes de sentencia dos procedimientos judiciales planteados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra dos Órdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad durante la pandemia de la covid.

Uno trata sobre la legalidad de la norma que en septiembre de 2020 aprobó la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública por la covid. Suponía restricciones de movilidad en municipios de más de 100.000 habitantes de la región, entre ellos, la ciudad de Madrid. Con el segundo recurso, la Comunidad de Madrid impugnó la Orden Comunicada en marzo de 2021 y que supuso el cierre perimetral en la mayoría de las autonomías, entre ellas Madrid, durante el Puente de San José y Semana Santa

Desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido una quincena de decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha dado la razón a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procuró 300 millones extra a las arcas regionales, también ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que avaló el Constitucional.

El Gobierno no respondió a la petición de este diario sobre el número exacto de pleitos registrados desde que la actual presidenta gobierna, ni el resultado de esos recursos.

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