Ayuso activa una iniciativa de Vox que obliga a los colegios a publicitar su ideario y a identificar a las entidades con las que colaboran

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, activó a finales de 2023 una disposición de la ley maestra educativa negociada con Vox que obliga a todos los centros financiados con fondos públicos (lo que incluye a los privados concertados) a publicitar en su web su ideario, el coste de las actividades extraescolares y complementarias y, de forma “exhaustiva”, la temática de esas últimas citas y las organizaciones externas que colaboran con ellas. La norma se aprobó la pasada legislatura, cuando el PP gobernaba en minoría y tuvo que aceptar enmiendas del partido ultra, que viene reclamando sin éxito desde 2019 la aplicación en la región de un veto parental educativo que permita a los padres decidir qué se les enseña a sus hijos. Los colegios tienen hasta el 31 de enero para publicar todos esos datos en un apartado específico en la web con el epígrafe “Información a las familias”, y la Inspección Educativa se encargará de que cumplan la norma.

“Esta es la aplicación de una de las enmiendas que metimos en la ley educativa, cuyo objetivo era aumentar la transparencia de lo que pasa en los centros, de manera que los padres sepan no solamente lo que dan sus hijos, sino también los resultados de cada centro”, explica una fuente de Vox, que recuerda que la norma también obliga a dar a conocer los resultados en pruebas externas como la EBAU o las de evaluación del programa bilingüe inglés-español. “Es muy importante para fomentar la libertad educativa”, subraya. “Cada padre, en función de los contenidos, tendrá más libertad para elegir (...). Y [también] cada alumno”, añade en referencia a que los estudiantes puedan saber así los centros que mejores resultados obtienen en su perfil de estudios. “También se busca que los padres no se vean sorprendidos por el coste de las actividades o las extraescolares de sus hijos, que haya cierto control sobre los cursos que reciben. Que los padres sepamos qué hacen nuestros hijos, porque muchas veces no se tiene información”.

Aunque el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), que agrupa a centros privados independientes, y otras partes interesadas también registraron enmiendas centradas en mejorar la transparencia de los centros que reciben fondos públicos, el texto finalmente aprobado en 2022 prácticamente calca el que registró y negoció Vox.

Desde que se hizo un sitio en la política regional, allá por 2019, este partido viene reclamando la aplicación de un veto parental que permita a los padres controlar preventivamente los contenidos que se les enseñan a sus hijos. Díaz Ayuso siempre se ha negado en redondo a su activación, defendiendo la autonomía de los centros y la autoridad de los profesores, aunque cedió al aceptar que se publicite antes del inicio del curso la lista de actividades extraescolares de cada centro para que las familias decidan “si siguen o cambian”.

Las actividades complementarias amplían áreas y materias del currículo oficial de cada centro. Por ello, caben las puntuales, como visitas a museos, o al teatro, talleres, charlas y jornadas; y las estables, como clases de conversación en lengua extranjera, robótica, tecnología, o clases de refuerzo.

La nueva disposición, publicada en mitad de las Navidades, obliga a dar “información exhaustiva de las [actividades complementarias] previstas para el curso en vigor: título de la actividad, cursos a los que se destina, fecha, contenido y, en su caso, organizaciones colaboradoras”.

Esa última mención no es un detalle menor, pues Vox siempre ha puesto el foco en las organizaciones y colaboradores externos que acuden a los centros educativos. Por ejemplo, cuando la Asamblea, entonces presidida por Cs, prohibió un monólogo de Pamela Palenciano contra la violencia machista, Vox lo puso como ejemplo de lo que podría hacerse en los centros educativos gracias al veto parental.

Más transparencia en los precios

“Con la publicación de esta resolución se da cumplimiento a la Ley Maestra y con ello a obtener toda la información y transparencia por parte de todos los centros educativos a la hora de exponer de manera pública los documentos de organización y funcionamiento”, explica un portavoz del Gobierno regional. “Las familias tienen que estar informadas una vez que forman parte de un centro educativo, o bien para que puedan elegir así libremente el centro que quieren para sus hijos en el caso de que participen en el proceso de admisión”, argumenta. “Con la publicación de toda esta documentación se fomenta la transparencia, las buenas prácticas y la labor de toda la comunidad educativa”.

Todas estas medidas son de obligado cumplimiento en los centros que reciben fondos públicos, aunque la del ideario es específica para los privados concertados, que solo tendrán que publicar la información requerida en lo que se refiere a los cursos que están financiados o concertados por la Administración. De esta manera, por ejemplo, quedará claro lo que cuestan las actividades complementarias y extraescolares.

“Desde CICAE llevamos años pidiendo que haya más transparencia en la financiación y en la información que los colegios concertados ofrecen a sus familias”, explica Elena Cid, directora general de esta asociación de colegios privados puros. “El informe de cuotas y cobros que presentamos anualmente refleja las grandes dificultades que las familias tienen para conocer, tanto los costes como los contenidos de las actividades complementarias, extraescolares, servicios complementarios o cuotas por cualquier otra cuestión”, añade. “Consideramos que es una excelente oportunidad de transparencia y aplaudimos la normativa de la administración en defensa de las familias, para que realmente puedan contar con la información detallada del centro educativo que mejor se adapte a sus necesidades”, explica. Y subraya: “Confiamos que los centros cumplan la normativa y publiquen en sus webs todas las actividades, que por ley son de carácter voluntario, y sus precios, dado que la educación obligatoria, tiene que ser gratuita al estar sufragada con fondos públicos”.

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